California muda 20 mil presos a otros estados por hacinamiento

Para atenuar la aguda sobrepoblación carcelaria de California en treinta días comenzarían a enviarse a las penitenciarías de otros distritos de los Estados Unidos entre dos mil y cinco mil presos conformes en participar de esa emigración “tumbera”.

La oleada de traslados de reclusos se posibilitará una vez que se firmen los contratos correspondientes con las prisiones de otras jurisdicciones que recibirán esta particular “inmigración”, durante un período de entre tres y cinco años según se ha previsto.

En ese ínterin el gobernador, Arnold Schwarzenegger, insistirá ante la Legislatura para que apruebe el presupuesto necesario para construir nuevas prisiones. La Legislatura podrá comenzar a tratar este pedido en diciembre cuando reinicie sus sesiones.

La drástica medida de traslado fue justificada por el gobernador al sostener que el hacinamiento es una amenaza para la salud y la seguridad de 29 de las 33 prisiones californianas. "Nuestras prisiones están más allá de su máxima capacidad y tenemos que actuar inmediata y agresivamente para resolver este asunto", afirmó Schwarzenegger.

La gravedad de los índices de sobrepoblación penal no sólo afectan a las prisiones del estado sino también a las penitenciarías municipales, ya que más de 200 mil procesados -sí, 200 mil nada menos- pudieron eludir la cárcel o recuperaron la libertad anticipadamente debido a la falta de plazas en el sistema californiano.

La preocupación de Schwarzenegger no sólo adquiere aristas políticas: el último año se registraron 1.676 acciones violentas por parte de los detenidos contra el personal de las 29 prisiones más hacinadas. Otros 2.640 actos tuvieron como objetivo a otros presos y cada semana se registra un suicidio, señalan las estadísticas del sistema.

El Departamento de Correccionales de California estima que para enero de 2007 ya no habrá capacidad de alojamiento en las cárceles del distrito, aunque las carencias son tan serias que el sistema ya se vio obligado a alojar más de 15 mil presos en sectores distintos a los predios penales de los establecimientos de detención como salas, depósitos y gimnasios donde a veces las cuchetas superpuestas son hasta tres.

Luego del fracaso de la Legislatura por votar los medios al Departamento de Correccionales para atenuar las condiciones de hacinamiento con nuevas construcciones, Schwarzenegger difundió una declaración de emergencia carcelaria que permitirá contratar inmediatamente instalaciones fuera del estado para albergar temporalmente a los prisioneros.

Durante el mes anterior las autoridades penitenciarias realizaron un sondeo entre los presos el que arrojó que más de 19 mil estaban interesados en trasladarse voluntariamente a prisiones fuera del estado, aunque esto no será suficiente.

Una vez agotado el listado de reclusos que aceptan la reubicación voluntariamente. se procederá a trasladar encarcelados que no hayan dado su conformidad al movimiento precisó Oscar Hidalgo, vocero del Departamento de Correccionales.

Los primeros en viajar forzadamente serán quienes afrontan causas de deportaciones y han cometido delitos graves; seguidamente quienes no tienen nexos familiares en California y quienes tienen familia en otros estados; por último a “quienes el gobierno considere apropiados” puntualizó Hidalgo.

Sorprendentemente el funcionario aseguró que los costos por reubicar a los presos en otros estados se verán reducidos en un 15% en relación a los gastos que eroga California con la misma finalidad.

En estos días funcionarios de este distrito inspeccionan instalaciones en Oklahoma, Louisiana, Arizona, Nuevo México, Oregon, Michigan, Indiana y Tennessee para evaluar si cumplen los requisitos de seguridad de práctica en California.

California aloja hoy a más de 170 mil presos entre las cárceles municipales y las 33 del estado.

El senador demócrata por Linden, Mike Machado, quien estudia la problemática del hacinamiento carcelario estuvo de acuerdo con la decisión del gobernador ya que "es la única solución para evitar que el estado se quede sin camas", coincidió ante Araceli Martínez Ortega corresponsal del diario “La Opinión” de California el 5 de octubre último.

Añadió, no obstante, que si además del traslado voluntario de los reos se requiere hacerlo con involuntarios, la cuestión demandará “una mayor discusión”.

Lo más importante, enfatizó, es que junto al plan del gobernador para construir más prisiones se discutan proyectos para reformar el proceso de sentencias, libertad condicional y reincidencia que están estrechamente ligados a la sobrepoblación de más de un 70% que padecen las prisiones estatales.

Argentina: protesta carcelaria contenida con un espasmo

En coincidencia con la máxima expresión de la huelga de hambre carcelaria en el distrito, la Corte Suprema bonaerense dictó ayer la resolución que alcanzó para conformar a los presos descontentos. Unos cuantos detenidos ultrapeligrosos con largas condenas abandonarán las cárceles dentro de poco tiempo. Pero después de 14 días la huelga amainó. Oportunos los jueces supremos provinciales, no es cierto?

En dirección contraria, unos cuantos meses antes, el Congreso Nacional agravaba las penas cuando Juan Carlos Blumberg, a quien secuestraron y mataron a su hijo Axel, comenzó a ser seguido por la ciudadanía en su reclamo por falta de seguridad.

Con estos espasmos políticos, que sin rubores las dirigencias promueven en sentidos opuestos para disipar las emergencias, se sobrelleva el país. El Estado no cumple ninguna de las responsabilidades indelegables que debe asumir: no hay buena educación pública; no hay buena salud pública; no hay buena Justicia y no hay seguridad pública. No obstante la enormidad que cuesta a los contribuyentes mantener esas estructuras ineficaces. Es así, a pesar de las distracciones pretendidas oportunamente por los mensajes oficiales.

La seguridad y la cuestión carcelaria
Ciertamente, la decisión de la Corte que reduce condenas a los presos más peligrosos no puede ser jurídicamente cuestionada. Debe cuestionarse el rol legislativo que no brinda a la sociedad leyes que mantengan a derecho a ese tipo de reclusos detrás de las rejas. Y debe cuestionarse fuertemente también que la Corte bonaerense haya producido dictamen sobre la cuestión de cómputo de la prisión preventiva en condenas de reclusión, azuzada políticamente por la protesta carcelaria con amenaza de convertirse en incendio “tumbero”.

Pero el que se haya apagado esta vez los reclamos al borde del incendio no borra -en realidad promete futuras llamaradas- la calamitosa situación del sistema penal bonaerense en el que el 70% de los presos no tiene condena, ni la poco más recatada situación del sistema federal, con más de la mitad de los encarcelados también sin condena. Sobre todo cuando la sobrepoblación penal y la falta de medios de las unidades carcelarias es el común denominador de la geografía penitenciaria del país.

Para quien no conoce la cárcel la diferencia entre un detenido procesado y uno condenado no sólo implica que el último ha recibido la pena, sino también que el procesado sigue siendo técnicamente inocente para la justicia hasta tanto se dicte sentencia en su causa. También por esta condición, el no condenado está inhabilitado para ser incorporado al tratamiento de readaptación penitenciario, salvo por su expresa voluntad.

Pero lo relatado es humanamente lo menos importante si lo que debe priorizarse es la convivencia y el comportamiento del procesado en prisión. Porque para quien no tiene condena, su vivencia tras las rejas pasa a ser la incertidumbre: son, dentro de la cárcel, los que no saben si les espera mucho o poco tiempo en prisión. Entre éstos, muchos, son los que no saben si les espera mucho o poco tiempo para reencontrarse con el seno familiar, con la carga que esto significa.

Como puede entenderse, más que en cualquier otro lugar y situación es en la cárcel donde se tienen las 24 horas de cada día para pensar cómo será el futuro.

Para este tipo de encarcelados, los sin condena, la incertidumbre es la que holgadamente reina entre las sensaciones. Como ya se dijo, son el 70% de los 25 mil presos bonaerenses y el 55% de los 10 mil federales, a los que deben sumarse una buena mayoría de los 30 mil reclusos restantes en otras jurisdicciones del país.

Es decir que, a pesar de que una protesta amainó entre ayer y hoy, las poblaciones penales de la Argentina agitan sobre todo sensaciones de incertidumbre. Mala consejera para la convivencia en prisión; con los guardianes y con los otros presos. En unos meses deberán esperarse nuevas protestas a pesar de lo que casi a diario se negocia con los detenidos para mantener la calma “tumbera”.

Esto, que es sobradamente conocido por quien ha transitado las cárceles, no tiene solución a la vista ni tampoco tiene plazos.

La Justicia -de cualquier provincia del país- no tiene estructura, personal, ni presupuesto para cumplir con su tarea sin retardo y las cárceles no tienen estructura ni presupuesto para reducir el hacinamiento y otras condiciones precarias de detención.

Es decir que, más allá de los diarios discursos oficiales sobre defensa de los derechos humanos, esos derechos no se dan cuando depende del Estado permitir ejercerlos, en este caso a los presos.

También que, por todas las carencias, tampoco desde el costado penitenciario puede esperarse una mejora de la seguridad ciudadana.

Naturalmente no puede ser de otra manera si tampoco se da a la gente, sobre todo a los que menos tienen, buena educación pública; buena salud pública; justicia y seguridad.

Presos sin condena podrán votar desde 2007 en Argentina

El presidente Néstor Kirchner firmó el jueves último el decreto reglamentario que habilita a los presos sin condena firme a ejercer el derecho al voto en todos los actos eleccionarios que se produzcan a partir de la próxima elección presidencial de 2007 y durante el lapso en que se encuentren detenidos.

Esta nueva prescripción del Código Electoral Nacional llevará urnas a las cárceles de todo el país para habilitar el voto de 42 mil presos, según su último lugar de residencia. El régimen de voto de los detenidos será similar al de los argentinos que votan en el exterior, se informó oficialmente.

Las autoridades de los comicios serán los funcionarios carcelarios y el sistema prevé que el voto de los reclusos se mantenga en secreto para el personal penitenciario.

Contempla además que los detenidos reciban la información proselitista de los distintos candidatos y además “podrán adquirir a su costa o recibir diarios, periódicos, plataformas de distintos partidos políticos, revistas y libros de libre circulación en el país”.

El decreto nada dice, aunque lo deja suponer, que los candidatos podrán acceder a los establecimientos de detención en tarea de campaña electoral para llevar su mensaje detrás las rejas.

Acompañando la rúbrica de la norma, tampoco se informó al contribuyente sobre el costo que para su bolsillo tendrá llevar el voto a la cárcel: no sólo el administrativo electoral-judicial-penitenciario, medido más en horas de trabajo de personal estatal y judicial que en dinero, sino el que derivará de la necesidad de obtener, renovar y actualizar los documentos nacionales de identidad –difícilmente en poder de la autoridad carcelaria- de los presos habilitados a votar.

Lo que no es necesario informar es que el decreto firmado va a la caza política de los 42 mil votos que reúnen los detenidos procesados: un botín concentrado tras los muros o alambradas de los establecimientos de detención. Para los oficialismos el botín está al alcance de las manos: la población penal argentina ha recibido más beneficios en los últimos años, que la gente en la sociedad libre sobre todo la de menores ingresos.

El decreto reglamentario del Código Electoral Nacional firmado por el presidente Kirchner fue redactado por la Secretaría de Política Criminal, junto con la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, la Procuración Penitenciaria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El texto de la norma fue aprobado por el Ministerio del Interior, a cargo de Aníbal Fernández, y por el de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por Alberto Iribarne.

El decreto deriva de lo prescripto por la ley Nº 25.858 que en 2003 derogó un artículo del Código Nacional Electoral que prohibía el voto de los detenidos con prisión preventiva. La derogación contó con el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia manifestado por un pedido de amparo colectivo interpuesto por el CELS cuando la cifra de presos sin condena de esa época alcanzaba a 22 mil la mitad de la actual.

El amparo llegó a los tribunales en octubre de 1998, pero la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría rechazó esa acción alegando “imposibilidad por motivos organizativos” y complicaciones en el sistema electoral. El CELS apeló y la Cámara Electoral revocó la resolución de Servini y declaró la inconstitucionalidad del Código Electoral de la Nación en lo referente a la inhibición del voto para los reclusos procesados.