Repetimos: voto tumbero en Argentina con indiferencia tras las rejas

Sólo 782 internos del sistema penitenciario federal votaron por primera vez en las unidades de detención donde están alojados, de los 2.973 que estuvieron en condiciones de sufragar sobre un total de más de 5 mil presos procesados.

El número da el título de esta entrega: únicamente el 15,46% del total de los detenidos sin sentencia firme aceptó la propuesta del gobierno de votar autoridades políticas y, por si es útil el dato, apenas el 26.3% de los que estuvieron en condiciones de sufragar finalmente lo hicieron.

El 15% del total de procesados que finalmente votó, deja holgada la previsión realizada por “Prisiones y Penas” la semana pasada, en la que estimó que unos mil detenidos llegarían al cuarto oscuro. Por esto, más allá de lo ideológico, en la práctica los mismos presos dieron la espalda a la elección según lo sentencian las cifras oficiales.

A pesar del fiasco la alharaca oficial se ocupó de inflar el alcance del acto para la prensa a la que convocaron para llevar a las cárceles desde el Ministerio de Justicia de quien depende el Servicio Penitenciario Federal.

Esta decisión operó como un búmerang: para agigantar el significado del acto se llevó a algunos de los lugares de votación a autoridades encabezadas por el ministro de Justicia, Alberto Iribarne. Allí, en la cárcel, delante de los periodistas, el tono de intrascendencia con el que los reclusos aceptaron bajar de los alojamientos al sector de votación quedó demostrado abiertamente cuando Iribarne no tuvo escapatoria a escuchar la voz en alto de un interno votante: “acá no les importan cómo estamos; a veces pasamos hambre, no nos dan ni un pan y comemos lo que traen las familias; a los políticos no les importa nada”, asestó finalmente el preso frente a todos.

El ministro lo negó -el preso federal había exagerado- pero Iribarne debió pagar el precio del riesgo que lleva implícito el intento de politizar a las cárceles a uno u otro lado de la reja.
Esta extraña intrascendencia del voto tumbero en la Argentina lleva a inferir que las promesas ensayadas por las autoridades políticas a los detenidos procesados para conquistar su voto, con extensión al de sus familiares y allegados naturalmente mucho más cuantitativo, resultaron raquíticas para las pretensiones de los presos. Se habrá esperado más del otro lado de las rejas y la oferta no sedujo en la proporción que pudo estimarse. Son los códigos de la cárcel y el Ministerio de Justicia no puede alegar su desconocimiento.

Pero todo esto enmarcado por la cháchara oficial no recortará un centavo del gasto que ocasionó al contribuyente el voto tumbero. Será muy caro para la gente que paga los impuestos el costo de cada sufragio en la cárcel. ¿Cuánto?. Seguramente los 782 votos de los presos federales son los más caros de esta elección. Que pagan los contribuyentes.

El acto
El acto electoral en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fue supervisado por veedores internacionales de México, Panamá, Chile, Paraguay, Costa Rica, la Federación Rusa y Ecuador que, con la baja de las expectativas, todavía se estarán preguntando para qué los hicieron ir si miles de argentinos en libertad tenían mucha más necesidad de contar con quien supervisara el funcionamiento del comicio fundamentalmente en las provincias.

También asistieron al acto la Procuración Penitenciaria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) -coorganizador del voto tumbero junto al gobierno- entre otras ONGs: su próximo paso sería denunciar “falta de colaboración” judicial, administrativa y penitenciaria para disimular el fiasco.

El ministro Iribarne sostuvo que la elección en la cárcel implica “un paso importante para la consolidación de los derechos humanos” de los reclusos y remarcó que “ésta tiene que ser una política permanente respaldada por todas las fuerzas”.

En el sistema federal los internos eligieron en 20 unidades de detención de 11 provincias con una modalidad de votación igual al de los ciudadanos argentinos residentes en el exterior. Las boletas fueron de diseño especial adecuado al condicionamiento carcelario: cada una de ellas registró el nombre de los candidatos y partidos políticos participantes, entre los cuales el detenido marcó el de su preferencia con un elemento de escritura; posteriormente ensobró la boleta y llegó al cuarto oscuro para depositarla en la urna habilitada.

Los detenidos procesados votaron por autoridades nacionales y provinciales ejecutivas y legislativas por distrito, según lo autorizó la reglamentación establecida por el decreto presidencial 1291/06 a la ley 25.858 sancionada en 2003.

La norma derogó el artículo 3º de la ley 19.945 del Código Electoral, que impedía la inclusión de las personas privadas de su libertad en los padrones electorales y permitió a los procesados con prisión preventiva votar en los comicios que se realicen mientras se encuentren detenidos.

Provincia
En la provincia de Buenos Aires, el distrito que holgadamente registra la mayor población penal del país, votaron 2.040 presos sobre unos 11 mil habilitados para hacerlo, es decir el 18.5% del total. La indiferencia no quedó reducida sólo al sistema penitenciario federal.

En síntesis el título: el voto tumbero en Argentina se inauguró con indiferencia tras las rejas. Mucho ruido, muy costoso y pocas nueces.