¿Consultamos a la gente el construir cárceles aumentando impuestos?

Después de peleas generalizadas entre presos que dejaron dos muertos en cárceles de Los Ángeles, las autoridades de ese estado norteamericano discuten la alternativa de incluir en boletas electorales un pedido de aumento de impuestos para mejorar el sistema carcelario del lugar.

Esta forma institucionalizada de consulta para generar recursos legítimos al Estado con los cuales financiar la solución de problemas coyunturales, que por lo visto también alcanza a las cárceles y por supuesto debe sorprender a la ciudadanía de toda Latinoamérica, es habitual en varios distritos estadounidenses.

De esta manera los votantes, al votar por sus representantes políticos en el comicio, sin costo extra también deciden si están dispuestos a pagar más impuestos para resolver un problema estatal que afecta a la comunidad como en estos momentos lo plantean las cárceles californianas. Una moción de este tipo, que crea nuevos gravámenes, debe ser aprobada por dos tercios de los votantes del condado.

Estas formas de consulta –que respetan el derecho a saber y el bolsillo del contribuyente- deberían poner colorado a quienes por estos rincones del mundo se llenan la boca hablando de democracia, pluralismo y participación ciudadana.

En años recientes el electorado ya se ha pronunciado en favor de emitir bonos de deuda pública para financiar mejoras en el gobierno de Los Ángeles; en los últimos diez años autorizaron bonos en beneficio de bibliotecas y escuelas del lugar y en 2002 también aprobaron —por 73% de votos a favor y 27% en contra— otra medida que creó un impuesto de tres centavos por pie cuadrado de propiedad para financiar las salas de urgencia y fortalecer el sistema de respuesta del condado ante ataques terroristas, la que aporta unos 170 millones de dólares anuales al estado destinados a ese fin.

Para las cárceles
La urgencia por renovar el sistema carcelario de Los Angeles se evidenció en febrero, al producirse una seguidilla de enfrentamientos entre presos hispanos y afroamericanos en la cárcel de Pitchess. Las peleas dejaron dos muertos afroamericanos y más de un centenar de heridos.

Para controlar los disturbios el Departamento del Sheriff –en Los Ángeles a cargo de la administración carcelaria- ordenó el “encierro” de toda la población penal del estado y la separación de los reclusos según su etnia. Los presos en Los Ángeles son 21 mil y el sistema además contrata alojamiento para internos federales.

El sheriff, Lee Baca, advirtió más de una vez que su departamento necesita más fondos para mejorar la gestión carcelaria, fundamentalmente ampliando la infraestructura para separar a los presos violentos del resto de los internos. Entre otras cosas pidió 300 millones de dólares para reabrir y operar con seguridad la prisión de mujeres Sybil Brand, en Monterrey Park, cerrada hace años por problemas de presupuesto. Esto le permitiría concentrar allí a las detenidas, abriendo espacios para presos violentos en las plazas que las mujeres hoy ocupan, explicó.

De acuerdo a una información sobre la situación carcelaria firmada por Róger Lindo en el diario “La Opinión” de Los Ángeles el 20 de marzo, existe “desacuerdo” entre las autoridades políticas sobre la inclusión en la boleta electoral para los comicios distritales de noviembre de una consulta para aumentar los impuestos con los cuales mejorar las penitenciarías locales.

La Controladora de Los Ángeles, Gloria Molina, advirtió que no avala la idea de su par, Zev Yaroslavsky, de “incluir en la boleta electoral de noviembre una propuesta de bono por 500 millones de dólares con el propósito de renovar el sistema carcelario del condado”.

“Antes de aprobar un alza de impuestos nos gustaría ver algunas propuestas creativas por parte del sheriff” puntualizó Molina, para luego poner como ejemplo su moción de “abolir un contrato con Sacramento que compromete al condado a alojar a cierto número de presos estatales”.

El sheriff Baca examina la idea de Yaroslavsky de consultar a la ciudadanía en las boletas electorales para los próximos comicios: “en general estamos abiertos a cualquier sugerencia dirigida a proveer recursos a un departamento que tiene menos fondos de los que necesita”, dijo.

Por su parte Yaroslavsky también intervino en la guerra de declaraciones y explicó que la consulta a la ciudadanía “es una propuesta en su fase inicial y, más que centrarse en trasladar de prisioneros de instalaciones, tiene que ver con un proyecto de gran envergadura para reconstruir el sistema carcelario”, afirmó.

Una consulta a la gente para aumentar impuestos con destino específico, como en este ejemplo las cárceles, suena utópico en la mayoría de las latitudes del mundo y, aunque en la Argentina podría llegar a instrumentarse institucionalmente a escala nacional e incluso en algunas provincias mediante un costoso plebiscito, en la mayoría de los lugares está lejos de ser considerado una alternativa viable.

La pauta cultural y política latinoamericana entrega el manejo del presupuesto excluyentemente a la dirigencia política que decide, por ejemplo, cuando construir una cárcel. Por lo general nunca.

Igualmente, resultará un buen ejercicio -incluso una aventura- pronosticar cuál sería la respuesta del contribuyente latinoamericano si sus gobiernos los consultaran si pagarían más impuestos para mejorar el sistema carcelario y explicar por qué votaría de esa forma?.


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Fotograf'ía: el edificio City Hall de Los Ángeles, un emblema de la ciudad.

Perfil del condenado alojado en el SPF

Sobre un muestreo voluntario realizado al 37% de la población penal condenada, una investigación criminológica del Servicio Penitenciario Federal (SPF) concluyó que el perfil principal del detenido en las cárceles federales remite principalmente a ladrones, traficantes de drogas y autores de delitos contra las personas con alrededor de la mitad de los alojados.

El trabajo, aparecido en el boletín electrónico del SPF “Noticias Penitenciarias” considera como “factores de riesgo predisponentes” a delitos sancionados con penas de cárcel, a los trastornos de aprendizaje; de conducta; la autoagresividad; la violencia activa y pasiva; el consumo de drogas y el de alcohol.

Destaca asimismo la incidencia de la violencia familiar en la formación de un delincuente al ponderar que “existe una relación de continuidad de los problemas de conducta en la infancia, con probabilidad de transformarse en comportamiento delictivo en el futuro; el accionar criminal puede recordar los traumas infantiles, muchas veces determinados por la presencia de violencia familiar que tiende a transmitirse de generación en generación” postula el estudio.

Estas conclusiones castigan al default en las políticas de prevención del delito por parte del Estado que, en lugar de señalar y trabajar sobre las causales señaladas –por ejemplo fortaleciendo la contención familiar-, optan con frecuencia por teorizar sobre la delincuencia para concluir culpando a sus consecuencias, entre otras la cárcel.

El trabajo de investigación, realizado en el Instituto de Criminología del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por las licenciadas Valeria Mastrorilli y Marcela Elverdin, se basó en el estudio de un porcentaje significativo, 10% del total de la población penal equivalente al 37% de los internos condenados varones y mujeres entre 18 y 70 años que presentaban sus estudios criminológicos completos.

Refiere la investigación que la extracción social de los encarcelados muestra un 74% perteneciente a la franja de extrema pobreza y un 16% de integrantes de clases más prósperas. El dato reafirma que si bien el delito no es exclusivo de un segmento social, como en casi todo el mundo los encarcelados son en su mayoría expresión de la franja más pobre de la comunidad.

Mientras cerca de la mitad de los reclusos consultados niegan haber perpetrado los actos ilícitos por los que se los encarceló para atribuirlos a otras personas, el argumento más utilizado por los condenados adjudica a la necesidad económica la causa principal de motivación de sus delitos.

Testimonian que cerca de un 48% de los internos atentó contra la propiedad –29% de los casos a mano armada-, seguido por el 15% de los detenidos condenado por tráfico de estupefacientes y, muy próximo a éste registro, aparece el de sentenciados por delitos contra las personas con 14%.

En varones prevalece el delito contra la propiedad, 52%; contra las personas y el trafico de estupefacientes con un 13% en ambos segmentos. Los delitos por los que se encarceló a las mujeres consultadas no difiere de lo conocido estadísticamente con anterioridad: un 33% por tenencia de estupefacientes; 30% por tráfico de drogas y 29% por delitos contra la propiedad.

Es habitual que los presos no asuman la autoría del hecho que los encarceló. “Optan por declararse inocentes, apelando con frecuencia al mecanismo de trasladar -o “proyectar” según el término psicológico- sus responsabilidades a otros o al sistema social, lo que los lleva a tomar sus condenas como una cuestión accidental en sus vidas, aclaran las autoras.+

Con esta afectación el muestreo destacó que el reconocimiento de actos delictivos cometidos se dio sólo en el 56% de los casos analizados. El 44% restante no considera haber delinquido y por lo tanto rechaza de sus condenas.

En los consultados el 70% posee una estructura familiar desintegrada, en la que está disuelto el vínculo de pareja o donde al menos uno de los miembros ha estado ausente; surge también que la conformación familiar en muchos casos responde a relaciones inestables, con vínculos poco sólidos y roles indiscriminados.

La debilidad de los vínculos de pareja se refleja en la escasa contención con la que cuentan los reclusos y en la interrupción de la relación poco tiempo después de la detención. En un gran porcentaje, las visitas al penal se recortan a sus madres” puntualiza el trabajo.

Los consultados “niegan la existencia de una violencia familiar pasiva, infiriéndose que no testimonian el maltrato a veces por un mecanismo defensivo y otros por haberse convertido en una modalidad habitual de relación no sólo dentro del entorno familiar sino en el contexto social en el cual está inmerso” dice el trabajo. Con frecuencia adjudican a figuras extrafamiliares la violencia activa en el hogar, mientras sólo el 14% de los testeados atribuye a un familiar estos hechos.

La violencia familiar es considerada altamente influyente en las conductas antisociales por los criminólogos. Recuerdan que “una considerable proporción de delincuentes, especialmente los más violentos, fueron gravemente maltratados” en su hogar y argumentan que “existe una relación de continuidad temporal de los problemas de conducta en la infancia, con probabilidad de transformarse en comportamiento delictivo en el futuro. El accionar criminal puede recordar los traumas infantiles, muchas veces determinados por la presencia de un engranaje de violencia familiar, que tiende a transmitirse de generación en generación”, subraya el trabajo.

Otros factores del delito
Cita como principales factores a los trastornos de aprendizaje; de conducta; la autoagresividad; la violencia individual activa y pasiva; el consumo de drogas y el de alcohol.

El 35% de los casos tratados delata trastornos de aprendizaje, detectados por alguna autoridad escolar o mencionados por los detenidos como dificultades escolares para aprender. Un 27% evidenció padecer trastornos de conducta también detectada fundamentalmente por autoridad escolar. Tanto los trastornos de aprendizaje como los de conducta, son problemáticas vividas “generalmente en la infancia que no han tenido tratamiento”.

El consumo de drogas, se encuentra reconocido en el 51% de los casos y de alcohol en sólo el 11%. Este último índice es calificado por las autoras como “extremadamente bajo”, por lo que interpretan esa cifra como “el encubrimiento de cierta conducta adictiva y dependiente bajo el carácter social más permisivo del consumo de alcohol, que lo hace socialmente más aceptado que el de drogas y, en apariencia, menos nocivo restando desde el discurso la significación de una adicción”.

Por otra parte, “mayoritariamente se dibuja un perfil familiar de nivel socioeconómico bajo; con actividades laborales descalificadas, inestables y mal remuneradas” que coadyuvan a nutrir la alternativa del delito, precisa la investigación.

El 39% de los condenados sólo alcanza el nivel primario completo, mientras 42% registra distinto niveles de estudios medios. No obstante estos porcentajes aparentemente elevados, las cifras se ven relativizadas: un nivel intelectual 47% inferior al término medio, recorta el índice promedio de conocimientos puntualiza el trabajo.

Se subraya la “indefinición de la estructura de la personalidad entre los consultados donde la investigación definió estos porcentajes: neuróticas, 15%; psicopáticas, 5%; esquizoides, 2%; perversas, 1%; "borderline", 1%; narcisistas, 1%; psicóticas, 0%. En relación a intentos de suicidio el porcentaje registrado es de 2%.

Para la reflexión
La frecuente falta de “coincidencia” entre lo que llega a la gente y la realidad carcelaria, sumado a los mitos y leyendas que alimentan las murallas o alambradas de una prisión, se traduce muchas veces en debate público decantando en la ciudadanía con distorsiones.

Sobre esto, Mastrorilli y Elverdin incluyen esta reflexión formulada como profesionales criminólogas con práctica carcelaria: “Las construcciones del imaginario social acerca de los mitos que encierra la problemática de la privación de la libertad, la delincuencia y los individuos que integran ese mundo, sumado a la falta en nuestro país de estudios científicos actualizados y una información a veces poco calificada a través de los medios de comunicación, no siempre coincide con la realidad que se observa dentro de la cárcel ni refleja las verdaderas causas que inciden en las personas que llegan al delito” concluyen.-

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Foto gentileza SPF

Giro en cárceles de España: transexuales se alojarán con mujeres

Transexuales encarcelados en España se alojarán con mujeres si su “identidad psicosocial” es femenina y aún cuando no se hayan sometido a la operación de cambio de sexo y conserven oficialmente su nombre de varón.

Así lo dispuso una instrucción de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias española del 16 de marzo para “las personas cuya identidad oficial de sexo no concuerde con su identidad psicosocial de género, -las que- podrán solicitar ser ingresadas en el módulo correspondiente a su condición aunque ello no suponga recibir una nueva identidad jurídica”, especifica la instrucción de la administración carcelaria que es destacada por la agencia de noticias española EFE.

Con la resolución de la administración carcelaria la cárcel de Villabona alojará inicialmente a los primeros seis transexuales fisiológicamente varones en sectores destinados a las mujeres.

Por la medida los funcionarios penitenciarios no podrán oponerse al uso de las prendas femeninas, ni al de las pinturas del maquillaje en la prisión. Tampoco podrán cachear a los transexuales manualmente, sino sólo "con medios electrónicos" puntualiza la norma, aunque se desconoce si todas la penitenciarías cuentan con esos dispositivos.

La disposición evidenció el convencimiento y los buenos reflejos de la directora de Instituciones Penitenciarias de España, Mercedes Gallizo, para adecuar la gestión carcelaria española a un fallo de pocos días atrás de la Audiencia Provincial de Oviedo que ordenó el traslado de la transexual María Jesús Lastra al módulo de mujeres del centro de Villabona.

El fallo pone fin “a la discriminación y humillación que había sufrido esta mujer transexual al tener que cumplir su condena en un módulo de hombres” afirma en sus fundamentos.

Hasta el momento el criterio para alojar a los transexuales era el de la “identidad sexual aparente” que ponderaba los atributos fisiológicos y apariencia externa. Según la dirección de Instituciones Penitenciarias, eso abría “espacios de exclusión” para los transexuales cuya identidad psicosocial no concordaba con la apariencia física y con el sexo legal”, es decir los que aún no se habían operado y que, por lo tanto, deben mantener su identidad oficial de varón. La resolución instruye al sistema penitenciario a tratar al transexual con “el nombre adecuado a su identidad de género”.

La cárcel de Villabona alojará inicialmente a los primeros seis transexuales fisiológicamente varones en sectores destinados a las mujeres, grupo que incluye a María Jesús Lastra Lamar que en los tribunales de Oviedo motorizó un giro de la política carcelaria de España al lograr un fallo favorable para el trato carcelario de los transexuales, que entre otras cosas implicó a su traslado al módulo 10 de mujeres.

Lastra es una completa dualidad. No se ha operado los genitales masculinos con los que nació y mantiene su documentación de identidad de varón, aunque su apariencia externa la muestra femenina al haber desarrollado los pechos con un tratamiento hormonal que realizó en el centro penitenciario con autorización del Juzgado de Vigilancia penitenciaria – análogo al juzgado de ejecución penal de la Argentina-. Ahora le será permitido el uso en el penal de vestimenta femenina y maquillaje de mujeres.

La información oficial afirmó que la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, está sensibilizada con el trato de los transexuales encarcelados porque “la situación emocional de estos internos es compleja” se explicó a la prensa.

El psicólogo de la cárcel de Villabona, cuyo informe apoyó el fallo judicial que autorizó traslado de módulo para Lastra, subraya que la reclusa muestra un malestar "persistente con su sexo, un sentimiento de inadecuación con su rol"; el objetivo de María Jesús es, a juicio del psicólogo, "parecerse al otro sexo y esa alteración le provoca un malestar clínicamente significativo y un deterioro social, laboral y de otras áreas importantes de la actividad del individuo. El facultativo sostiene que desde el punto de vista "conductual y emocional", la reclusa está más cerca "del género femenino que del masculino".

El fallo judicial instruyó a la dirección del centro de Villabona para que los cacheos a la interna se realicen sólo "con medios electrónicos" y no manualmente. María Jesús Lastra es reiterante en la cárcel por delitos de robo y hurto.

En un comunicado, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGB) mostró su satisfacción por el realojamiento carcelario de los transexuales mujeres ya que no hay transexuales varones encarcelados.

Opina que la medida penitenciaria es un paso “lógico y coherente” con el anuncio de la ley de identidad de género que, incluso en la comunidad libre de España, permitirá a los transexuales obtener nuevos documentos de identidad con su nombre y sexo cambiado, sin necesidad de someterse a una intervención quirúrgica de cambio de genitales.-