martes, octubre 13, 2009

Fuga de presos en hospitales: un problema no sólo de la Argentina

La fuga de detenidos de los hospitales públicos, adonde son trasladados cuando la atención médica demanda “complejidad”, obligó a las autoridades españolas a crear un “protocolo” de procedimiento para asegurar estos movimientos, en cuya letra la esencia es la vigilancia continua y recargada.

En Argentina, los riegos inherentes a estos traslados no han cambiado y se confía en el celo y la profesionalidad de los guardias durante el movimiento de los detenidos en los hospitales públicos atestados de gente en los pasillos y recintos de los nosocomios.

Cuando se dice riesgos inherentes a estos traslados, no se habla centralmente del que asume el personal penitenciario por su trabajo sino, y ante todo, de los riesgos potenciales que un preso peligroso con actitud de fuga puede derramar precisamente sobre los pacientes y acompañantes que acuden a los centros de salud.

España, por lo visto, está asustada de estos riesgos a propios y terceros y, luego de una larga historia de fugas de terroristas de la ETA y de otros detenidos peligrosos, el Ministerio del Interior ibérico decidió formular un “protocolo” del procedimiento de traslado a los hospitales extramuros donde la tolerancia cero es lo principal.

Ordena el protocolo que “en ningún momento se perderá de vista a los internos” durante su traslado hospitalario, aún cuando la demanda de atención médica implique la intervención “en las partes íntimas”, indica taxativamente la norma.

Y no es todo: la instrucción en el sentido de tener al detenido a la vista en todo momento incluye la custodia de guardias durante las operaciones quirúrgicas.

Hay otras órdenes inexorables en su cumplimiento: los traslados de presos terroristas, serán “especialmente vigilados”, al igual que los movimientos de grandes narcotraficantes o los reclusos más conflictivos e inadaptados. Se agrega que desde la entrada en vigencia de este protocolo, los funcionarios que escolten este tipo de movimientos serán informados “expresamente” de que los trasladados son terroristas, para que prevean las medidas de seguridad adecuadas.

El protocolo va incluso más allá: entre líneas hace responsables a la comisión penitenciaria de traslado a un hospital de mantener al interno contenido permanentemente con elementos de sujeción –esposas o cadena- al señalar que “en ningún caso procede a las fuerzas y cuerpo de seguridad la liberación de un preso en custodia o traslado”.

La nueva normativa ya vigente, reforma a otra similar redactada catorce años atrás. Este reemplazo, más contundente en cuanto a la vigilancia de los trasladados surgió dos meses después que varias capas de desinteligencias y errores de jueces concluyera con la fuga del peligroso delincuente kosovar Astrit Bushi, jefe de la banda que asaltó la casa del productor José Luis Moreno en diciembre de 2007.

Según voces adentradas en la problemática penitenciaria española, que no es menor, con la reforma el Ministerio del Interior abordó lo que reconsidera una de las vulnerabilidades del sistema de seguridad peninsular: los riesgos que asocian los frecuentes traslados de presos a juzgados, hospitales y otras dependencias públicas y privadas.

Entre otras cosas, con la reforma de los procedimientos de vigilancia pretenden disuadir a la ETA de poner en práctica alguno de los temerarios planes de fuga ya descubiertos o que se repitan fugas de presos peligrosos como ha sucedido con anterioridad ante la sorpresa de la guardia armada.

Foto: fachada de la cárcel española de Picassent