viernes, junio 19, 2009

Canadá: control forense a agresores sexuales y juicio al Estado por reincidentes

La contención de los delincuentes sexuales es una temática sensible que en estos tiempos mantiene en vilo a la población de la República Argentina, luego de soportar varios casos de esta naturaleza de depredadores que han incluido, hace tres semanas, hasta la muerte de una joven durante un intento de violación en pleno centro geográfico de la capital federal del país.

La flexibilidad de las leyes argentinas para su interpretación por jueces, el Procurador Penitenciario de la Nación –funcionario que defiende los derechos de los presos- y especialistas criminólogos y psiquiatras especializados, desemboca con frecuencia en la puesta en libertad de violadores que, una vez en la calle, vuelven a delinquir atemorizando a la gente.

Mientras en la Argentina, y podría afirmarse en toda Centro y Sudamérica, el control del delincuente sexual no pasa de lo declarativo, países más avanzados las alternativas para contener a estos individuos se ha profundizado.

Se ha conocido que en Canadá, en el extremo norte de América por ejemplo, el tema de la delincuencia sexual se plantea como un problema de la salud pública del país.

Un problema de salud pública en donde se conviene en que el delincuente sexual “es ajeno a un problema de racionalidad, ya que es afectado por su compulsividad, lo que obedece a su carencia de la voluntad precisa de no delinquir”, según lo que precisan los especialistas forenses de Canadá.

Con esta visión de la problemática, el sistema judicial de este país obliga al condenado por delito sexual a someterse a un tratamiento específico, cuyo proceso es responsabilidad del sistema sanitario o, como se mencionó, la salud pública, a través del servicio forense nacional.

La premisa de esta modalidad pretende ser clara para los profesionales forenses: son responsables de la seguridad pública en lo que a su especialidad corresponde.

Y tan claro debe ser para estos especialistas como que, en caso de reincidencia en este tipo de delito, la víctima tiene derecho a litigar contra el Estado alegando inseguridad. El derrame de estas causas judiciales es pesado: puede acabar con la carrera profesional del médico, psiquiatra o juez que ha cometido un error al dejar actuar a un agresor sexual.

Resultado: la reincidencia de este tipo de delincuentes en Canadá es muy baja, se asegura.

Explican
De esta manera, se explica, son los cuerpos forenses los que responden ante la Justicia por la conducta de los delincuentes que se les confían, para lo que se los faculta mantener el abanico de controles que consideren necesario en la contención del delincuente sexual.

Debe repetirse: se faculta a los profesionales que tratan a los delincuentes sexuales a requerir la batería de controles que consideren necesario para contener a estos individuos. Y no hay rubores éticos ni ideologías que se superpongan a esta determinación de privilegiar la seguridad de la comunidad.

Entre esos controles, se encuentran los que podrían definirse como de máxima seguridad bajo control forense, que funcionan áreas de “alta seguridad” de algunos hospitales.

Estas unidades hospitalarias especiales están destinadas a alojar a agresores sexuales con “alto riesgo de reincidencia”. No es cárcel, pero tampoco están en libertad. Especialistas de esta temática aseguran que esta modalidad de contención del violador es el indicado para “preservar” la seguridad pública.

Son los mismos especialistas forenses del sistema belga los que concluyen, o por lo menos sostienen, que el delincuente sexual “es ajeno a un problema de racionalidad, ya que es afectado por su compulsividad, lo que obedece a su carencia de la voluntad precisa de no delinquir”.

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