La mafia de presos más poderosa del mundo (y no es la única)

La celda es individual y una de las más vigiladas de la cárcel Presidente Bernardes en San Pablo, una de las de máxima seguridad de todo Brasil. El alojamiento es para uno de los jefes criminales más poderosos de Latinoamérica con más de 100 mil personas a sus órdenes. Marcos Willians Herbas Camacho, alías Marcola, es el preso y su poder indiscutido: es el jefe de la organización Primer Comando de la Capital(PCC), organización que agrupa y protege a la mayoría de los reclusos paulistas que la integran.

En coincidencia con su traslado a la cárcel algo se le ocurrió y es todavía su secreto. Pero ordenó una de las olas de violencia más virulenta de las que Brasil recuerda.

Se dice que la policía rompió la promesa de dejarlo libre en el camino a la cárcel, que el traslado de ocho de sus jefes en el PCC a prisiones alejadas le disgustaba, que provocar el caos ayudaba al presidente Lula Da Silva a ganarle al ex gobernador de esa provincia los comicios presidenciales.

Sin que todavía hoy se conozca por qué ordenó a sus seguidores en San Pablo atacar durante casi una semana a la policía, al servicio de transporte, tiendas y amotinarse en todas las cárceles de San Pablo, uno de los estados más poblados del país. Hubo en esos hechos la friolera de 270 muertos y cientos de miles de dólares de costo en daños a los servicios y edificios públicos.

Sólo se supo una lista de reclamos de los presos que iban desde la suspensión del traslado de los líderes del PCC, el pedido de 60 televisores para ver el mundial de fútbol en Alemania, el cambio de color de los uniformes carcelarios y hasta la liberación de las visitas íntimas en todos los presidios, incluso en los que hubiera regimenes diferenciados.

A casi tres años de esa rebelión, los capos de la organización fueron incomunicados y hasta se les requisó sus armas más letales para ordenar acciones delictivas: los teléfonos celulares.

Pero la historia del PCC continúa y muy bien. Sigue sin ser una agrupación que se dedica sólo a defender los derechos de los prisioneros paulistas, para la que se creó en 1992 después de la masacre que costó 100 presos muertos por la represión policíal en el penal de Carandirú.

El PCC no sólo recauda dinero de las cuotas mensuales que pagan sus miembros, membresía que es más cara para los que han salido de la cárcel. Ahora, dice un informe del Departamento de Estado norteamericano cuya elaboración acredita por sí sola el poderío que se atribuye a esta mafia de presos, compartirían los mismos negocios que el que empeña a la organización hermana mayor de Río de Janeiro, el Comando Vermelho: narcotráfico y la venta de armas.

Se duda además que se muevan casi libremente sólo en las favelas de San Pablo, los barrios más pobres en Brasil, sino que ya estarían en capacidad de operar en Bolivia, Uruguay, Argentina y Paraguay (país donde apresaron a uno de sus líderes), y hasta se piensa que habrían inspirado a un grupo similar en el extranjero, El Primer Comando de Portugal.

El gobierno brasileño incluso le atribuye haber financiado a un grupo de lobbystas para impulsar ante las autoridades constituidas una reforma que los beneficie y hasta un partido que los represente en el país.

Pero es innegable que la organización cuenta con un decisivo poder de acción fuera de los muros: de lo contrario es imposible explicar la facilidad con la que desataron la rebelión en 2006 en la gigantesca ciudad de San Pablo, más allá de otras más pequeñas que no alcanzaron trascendencia.

El PCC y las cárceles paulistas, como en cualquier lugar del mundo, reflejan el estado de la sociedad de donde reciben a sus alojados. Si bien se asegura que el gobierno de Lula ha logrado disminuir la brecha entre ricos y pobres, el país lidera ránkings internacionales de violencia.

Esto deja a las claras que el tema no va sólo por el lado de la pobreza sino que también se exigen reformas judiciales, policiales y carcelarias que modifiquen la situación del país, similar a la que se vive en gran parte de Latinoamérica.

“En San Pablo solamente hay más de cien mil detenidos, cuando hace diez años la población carcelaria de todo Brasil era de cerca de cien mil. En su sistema penitenciario cada mes entran 700 nuevos presos”, aseguraba en 2006 la socióloga Vera Maguti Batista, profesora de Criminología de la Universidad Cándido Mendes y doctora en Salud Colectiva. Para ella el PCC “surgió a partir de estas condiciones terribles, medievales de las prisiones brasileñas”.

Según el diario Folha, la realidad hoy no es muy distinta. Con una capacidad cercana a los 96 mil presos, las cárceles paulistas alojan en la actualidad a más de 140 mil, sin contar a otros 13 mil que se encuentran en las comisarías.

Esto, sumado a la violencia con la que se conviven en los penales, parece ser para una gran parte de los académicos brasileños la causa de la existencia del PCC.

Cabe la pregunta ante estas conclusiones: ¿el rédito del tráfico de drogas, la prostitución y el delito en general no tienen nada que ver con el poderío del PCC