martes, marzo 17, 2009

Otra contra la pena de muerte: es más cara que la prisión perpetua

Los estados norteamericanos que contemplan la pena capital consideran hoy la alternativa de eliminar este castigo extremo porque sus procesos judiciales resultan más costosos que mantener un preso en la cárcel toda su vida.

El dato, según el cual “decenas de millones de dólares” se ahorrarían si la pena de muerte fuera reemplazada por la cadena perpetua, reaparece asociado a los gravísimos problemas económicos que, por la recesión, mantiene en vilo a los estadounidenses.

Los juicios de pena de muerte son más caros entre otras cosas por: requieren más abogados; existen estrictos requerimientos de idoneidad de los letrados para que se les confíe un caso de pena de muerte, lo que se traduce en larguísimas esperas en las apelaciones mientras se designa a un defensor capacitado; los costos de seguridad de los pabellones de la muerte son los más elevados de todo el sistema de prisiones, así como los de procesamiento de evidencia: los análisis de ADN, por ejemplo, son mucho más caros por su peso judicial para acusar o liberar a quien es imputado de un crimen con posible sentencia de pena capital, que cualquier otro estudio de práctica para causas menores.

Tras la sentencia, los precios siguen elevándose. Cuesta mucho más alojar a un condenado a muerte, remitidos a celdas individuales segregadas, con guardias que les entregan desde las comidas diarias hasta el papel sanitario y no pierden de vista ninguno de sus movimientos durante las veinticuatro horas de cada día.

Y una ejecución no se cumple antes de los nueve o diez años de la sentencia original y hasta veinte años en estados como California.

Por todo esto muchos de los estados norteamericanos están considerando abolir la pena capital mutando hacia la cadena perpetua. Y no lo hacen por principios éticos, sino por motivos financieros.

"Ésta es la primera vez en que el costo ha sido lo que prevaleció al discutir sobre la pena de muerte", dijo Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, grupo que favorece la abolición de la pena capital.

Ocho estados en estado de cálculo
De los 36 estados en los que aún existe la pena de muerte, al menos ocho tienen pendientes proyectos de ley que la eliminarían: Washington, Kansas, Maryland, Nebraska, Colorado, Nuevo México, Montana y Nueva Hampshire.

En 2007, Nueva Jersey fue el primer estado en abolir las ejecuciones desde que se reinstauró 1972. Razones: el tiempo y el dinero que demandaban. El gobernador, demócrata, conmutó la sentencia de muerte a diez presos y las sustituyó por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los costos legales eran demasiado altos y la sentencia no arrojaba resultados, convinieron los legisladores. Es que tras gastar más de 4 millones de dólares por cada sentencia a muerte, el estado no había ejecutado a nadie desde 1963.

Entretanto, el número de sentencias a muerte en Estados Unidos ha bajado sustancialmente: de 284 en 1999 a 11 en el 2008. Las razones varían según quién provea los datos: los partidarios de la sentencia dicen que la tasa de crímenes violentos ha caído y que las ejecuciones son un importante factor. Los abolicionistas afirman que cada vez más jueces y jurados se muestran renuentes a arriesgarse a quitar una vida inocente.

Las ejecuciones también disminuyeron: de 98 en 1999, a 37 el año pasado.

Los argumentos más recientes contra las ejecuciones brotaron del creciente número de condenados absueltos por evidencia de ADN.

En Illinois, en 2000, el entonces gobernador George H. Ryan impuso una moratoria de las ejecuciones luego que 13 personas fueron exoneradas por razones que fueron desde pruebas genéticas hasta retractación de testimonio". Ryan dijo que el sistema estaba "tan lleno de errores que se ha acercando a la peor pesadilla: que el estado le quite la vida a una persona inocente". Ryan conmutó las sentencias de los 167 condenados a muerte y las redujo en su mayoría a cadena perpetua. La moratoria sigue en vigor.

En todo el país, el número de prisioneros exonerados y con la sentencia conmutada supera los 130, con miles de apelaciones atestando las cortes.

En California, con la mayor población de condenados a muerte -667- , cuesta 90 mil dólares adicionales tener encarcelado a un condenado a muerte, un costo extra que totaliza más de 63,3 millones de dólares al año, de acuerdo con un estudio del 2008 de la Comisión para la Administración Justa de la Justicia.

Tiempos de reflexión
"Es diez veces más costoso matarlos que mantenerlos con vida" aunque muchos estadounidenses piensen lo contrario, dijo Donald McCartin, ex jurista de California conocido como "El Juez Ejecutor del Condado Orange" por enviar a nueve hombres al pabellón de los condenados a muerte.

Retirado en 1993, la reflexión ha ocupado su tiempo y lo llevó a recostarse sobre la posición contraria a castigar con pena de muerte. ¿Por qué?

El sistema de apelaciones de California es legendariamente lento, lo que se traduce en un promedio de 20 años de espera desde la sentencia hasta la inyección letal. Es la espera más larga del país. De los nueves reclusos sentenciados a muerte por McCartin, solamente uno ha muerto, y no por ejecución, sino por un ataque cardiaco…"Todos mis casos están trabados en el sistema de apelaciones", destacó McCartin,

"Es una pérdida de tiempo y de dinero", dijo el magistrado de 82 años, que se describe a sí mismo como republicano ultraderechista: "lo único que hace es prolongar la agonía de las familias de las víctimas".

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