domingo, marzo 01, 2009

No lo arregla ni Schwarzenegger: orden judicial para liberar 57 mil presos

El estado de California tendrá que liberar a miles de presos en los próximos tres años debido al hacinamiento que registra el sistema penitenciario, según una orden preliminar dictada por jueces federales de Estados Unidos.

Una tercera parte de la población penal de California, es decir la friolera de 57 mil presos, podría quedar en libertad si prospera una orden judicial que así lo dispone, tras sentenciar que hay “hacinamiento” en el sistema penitenciario de ese más que populoso estado de los Estados Unidos.

No sólo para la opinión de especialistas, sino y sobre todo para la visión y sensibilidad de la gente, una decisión de poner en las calles a ese número de encarcelados se traduciría directamente en un nuevo desborde de la inseguridad en los distintos distritos de ese estado norteamericano.

Un tribunal argumentó que hay pruebas “abrumadoras” de que el índice de sobrepoblación penal del sistema penitenciario de California viola los derechos de los detenidos, al imposibilitar sus cuidados médicos y psiquiátricos garantizados por la Constitución estadounidense.

Las cárceles de California alojan casi 170 mil presos, en instalaciones con capacidad para 100 mil detenidos, es decir superadas un 70% según admiten las cifras estatales. El sistema penitenciario del Estado ha puesto a prueba la paciencia de su gobernador, el actor Arnold Schwarzenegger, quien debió dedicar buenos tramos de toda su gestión a atender la problemática. Hoy Schwarzenegger, debe lidiar con el sobrepasado sistema carcelario condicionado por un formidable déficit fiscal que hasta el momento no ha encontrado fórmulas de contención.

El estado de California tendrá que liberar a miles de presos en los próximos tres años debido al hacinamiento que registra el sistema penitenciario, según una orden preliminar dictada por jueces federales de Estados Unidos.

Una tercera parte de la población penal de California, es decir la friolera de 57 mil presos, podría quedar en libertad si prospera una orden judicial que así lo dispone, tras sentenciar que hay “hacinamiento” en el sistema penitenciario de ese más que populoso estado de los Estados Unidos.

No sólo la opinión de especialistas, sino y sobre todo la visión y sensibilidad de la gente, una decisión de poner en las calles a ese número de encarcelados se traduciría en un nuevo desborde de la inseguridad en los distintos distritos de ese estado norteamericano.

Un tribunal argumentó que hay pruebas “abrumadoras” de que el índice de sobrepoblación penal del sistema penitenciario de California viola los derechos de los detenidos, al imposibilitar sus cuidados médicos y psiquiátricos garantizados por la Constitución estadounidense.

Las cárceles de California alojan casi 170 mil presos, en instalaciones con capacidad para 100 mil detenidos, es decir superadas un 70% según admiten las cifras estatales.

Los magistrados, con una decisión inédita, concluyeron que las pruebas indican que la única solución a las condiciones inconstitucionales en las prisiones californianas es una orden de liberación para los presos.

De todas maneras, los jueces dictaron una orden preliminar que otorga tiempo a las autoridades para solucionar los problemas, antes de la sentencia definitiva. El tribunal juzgó de esta manera en respuesta a una demanda colectiva de reclusos contra el estado de California.

El fiscal general de California, Jerry Brown, aseguró en un comunicado oficial que la decisión de los jueces será apelada en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, al entender que la orden preliminar “no es justificada constitucionalmente” y adelantó que “el Estado recurrirá directamente al Tribunal Supremo cuando la sentencia definitiva sea emitida”.

Brown opinó que la orden del tribunal es “un burdo instrumento que no reconoce los imperativos de la seguridad pública ni los desafíos que representa encarcelar a delincuentes, muchos de los cuales sufren profundos trastornos”, sostuvo.

Los jueces federales consideran, sin embargo, que su orden puede ser ejecutada sin que se traduzca en una amenaza para la seguridad pública, al aplicar a los presos que resultarían liberados combinaciones de libertad condicional, alicientes por buen comportamiento y medidas de parecida naturaleza.

El sistema penitenciario de California pretenden que el sistema penitenciario recorte la población de presos de la actual sobrepoblación del 70% a entre el 20 y el 45 por ciento de exceso en un plazo de dos a tres años.


Los magistrados, con una decisión inédita, concluyeron que las pruebas indican que la única solución a las condiciones inconstitucionales en las prisiones californianas es una orden de liberación para los presos.

De todas maneras, los jueces dictaron una orden preliminar que otorga tiempo a las autoridades para solucionar los problemas, antes de la sentencia definitiva. El tribunal juzgó de esta manera en respuesta a una demanda colectiva de reclusos contra el estado de California.

El fiscal general de California, Jerry Brown, aseguró en un comunicado oficial que la decisión de los jueces será apelada en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, al entender que la orden preliminar “no es justificada constitucionalmente” y adelantó que “el Estado recurrirá directamente al Tribunal Supremo cuando la sentencia definitiva sea emitida”.

Brown opinó que la orden del tribunal es “un burdo instrumento que no reconoce los imperativos de la seguridad pública ni los desafíos que representa encarcelar a delincuentes, muchos de los cuales sufren profundos trastornos”, sostuvo.

Los jueces federales consideran, sin embargo, que su orden puede ser ejecutada sin que se traduzca en una amenaza para la seguridad pública, al aplicar a los presos que resultarían liberados combinaciones de libertad condicional, alicientes por buen comportamiento y medidas de parecida naturaleza.

El sistema penitenciario de California pretenden que el sistema penitenciario recorte la población de presos de la actual sobrepoblación del 70% a entre el 20 y el 45 por ciento de exceso en un plazo de dos a tres años.

Foto: el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, jaqueado otra vez por la situación carcelaria

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