jueves, diciembre 18, 2008

Erradicar celulares en prisiones de Texas cuesta u$s 66 millones. ¿Aquí qué hacemos?

66 millones de dólares costará a los contribuyentes de Texas reforzar la seguridad en las prisiones estatales lo que, entre otras medidas, busca desterrar el ingreso ilegal de teléfonos celulares encontrados de a cientos en las cárceles de ese estado.


El plan, presentado la semana anterior en la reunión de la Junta de Justicia Criminal de Texas que se desarrolló en la ciudad de Austin , incluye la colocación de marcos detectores de metal y aparatos de rayos X para la revisión de paquetes y mensajería en las 112 prisiones de la entidad.


La medida será potenciada con la colocación de cámaras de video en las 19 prisiones de máxima seguridad, incluyendo la unidad carcelaria Polunsky, donde el ingreso subrepticio de teléfonos celulares desató un escándalo. Esa cárcel cuenta con un "pabellón de la muerte" con más de 300 presos sentenciados a pena de mtuerte y, no obstante ser considerado el sector de mayor seguridad de todo el sistema penitenciario de Texas, su vigilancia y control fue burlado no menos de 16 veces de acuerdo al número de teléfonos celulares encontrados en el pabellón en una requisa realizada tras denuncias de amenazas de muerte.

Aunque caro, muy caro, como todo lo que tiene ver con sistemas para seguridad, las autoridades texanas -asustadas por el decomiso de casi trescientos teléfonos celulares en las últimas semanas- no han demorado las medidas tendientes a mejorar la vigilancia carcelaria.

Por supuesto, en los países centro y sudamericanos no sucede lo mismo y el ingreso ilegal de elementos, incluso armas, es frecuente en las prisiones de la región sin que el delicado tema avance hacia una mejora. Es que no sólo no hay vocación política ni fondos para aumentar la seguridad de la población sino que, por el contrario, lo que hay es apenas lo mínimo para mantener las prisiones funcionando precariamente.

El proyecto
El director ejecutivo del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Brad Livingston, dijo que se busca obtener los fondos en forma inmediata mediante una aprobación especial de las autoridades estatales, en vez de esperar la aprobación legislativa el próximo año.

"Tenemos la responsabilidad ante los texanos de detener esto, ahora mismo y aquí mismo", dijo Livingston a los nueve miembros de la Junta de Justicia Criminal, reunidos en un hotel de Austin. Los fondos deberán ser aprobados tanto por la Oficina del Gobernador de Texas como por la Junta de Presupuesto Legislativo.


El ingreso ilícito de teléfonos celulares es un viejo problema en las prisiones de Texas. Sin embargo, se convirtió en una prioritaria preocupación hace seis semanas, cuando se descubrió que diez reos con pena de muerte realizaron unas 2.800 llamadas desde un teléfono celular que fue ingresado subrepticiamente. El detenido propietario de ese teléfono, Richard Tabler, utilizó el aparato para realizar llamadas intimidatorias a un senador estatal y a varios reporteros.


Las autoridades comenzaron a investigar, luego de que el senador John Whitmire denunció que recibía llamadas de un condenado a la pena de muerte. El gobernador de Texas, Rick Perry, ordenó entonces un operativo exhaustivo de búsqueda de elementos prohibidos en todas las cárceles del estado. El operativo, que se prolongó tres semanas, llevó al increíble e insólito decomiso de 289 teléfonos celulares y cargadores telefónicos.

El número, por sí solo, pone en el terreno de las dudas la eficacia de la seguridad en las prisiones texanas. Y dispara la pregunta para todos los sistemas penitenciarios del centro y sur del continente americano: ¿Y por casa cómo andamos?


Foto: pabellón de la muerte de la cárcel de Polunsky, comunicado con diez celulares ilegales.

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