martes, octubre 14, 2008

El "es lo que hay" penitenciario en Sudamérica

Apenas horas después que este sitio reflejara en exclusiva la impensada –e insólita- noticia sobre la admisión oficial, por parte del estado español, de los subsidios de entre 200 a 300 euros mensuales que entrega a sus connacionales presos para “mejorar” su situación en las cárceles de esta región, una rápida mirada sobre la actualidad penitenciaria sudamericana induce, sin justificar, a recortar la crítica acerca de la naturaleza de esa asistencia a los encarcelados ideada por España.

Es que se reafirman escenarios regionales patéticos con las cárceles como protagonistas y, lo grave, es que en varios casos son reconocidos oficialmente como parafraseando a un dicho común en la Argentina: “es lo que hay”.

Así por ejemplo, la semana pasada, medios del Paraguay consideraron “noticia”, es decir digno de ser rescatado para transmitir a la gente, el siguiente título: “Prohíben los tributos por las celdas VIP y las privadas”.

La bajada de la información indicó a continuación que “el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) -paraguayo- emitió una resolución por la cual prohíbe a los directores penitenciarios cobrar por las privadas y las celdas VIP en las cárceles del país. De esta manera, se dejaría sin efecto una vieja práctica en las prisiones, donde los presos con mejores recursos tienen tratos privilegiados” se explica.

La resolución Nº 10/08, firmada por el viceministro de Justicia Humberto Blasco Gavilán, por viaje del ministro Blas Llano, señaló sin rubores que “se prohíbe la percepción de tributos que no estén contemplados en la ley en las penitenciarías y correccionales del país”.

Por su parte el director de Institutos Penales, Pablo Faccioli, también sin sonrojarse, señaló que “no se va a cobrar la privada y no puede existir un VIP, porque si existiera el mismo debería regularse por la conducta de cada interno, no por el precio que pueda pagar cada uno de ellos por habitar esas salas”. Con esta frase, simplemente el director negó lo que el comunicado del Ministerio de Justicia paraguayo consignado en el párrafo anterior afirmó: que “se perciben tributos” fuera de la ley. Por lo que se conoce, todo quedó en eso.
Otra
En Brasil, la llamada “masacre de Carandirú” ocurrida dieciséis años atrás -2 de octubre de 1992- tuvo un saldo de 111 presos muertos y un número no precisado de guardias golpeados, un síntoma de lo desigual del enfrentamiento o del exceso en la represión. Sucedió tras el estallido de un motín en el 9º pabellón del Complejo de la prisión de Carandirú en São Paulo, el que fue sofocado por la Policía Militar.

Después de 111 muertos –hay quienes sostienen que fueron más de doscientos- y dieciséis años el único sometido a proceso fue el oficial al mando de las fuerzas del orden, coronel Ubiratan Guimarães, cuya condena a 620 años de cárcel fue revocada después con artilugios legales.

El Complejo de Carandirú fue la prisión más grande de Sudamérica y llegó a alojar 8.000 presos. Fue demolido el 9 de diciembre del 2002 y su predio se transformó en un parque público.
Y otra
El gobernador de la provincia argentina de Buenos Aires, Daniel Scioli, cuenta con un informe del Ministerio de Justicia que afirma que “antes de fin de año, serán habilitadas 3 mil plazas penitenciarias” para dar “una respuesta a la mayor demanda de alojamiento por parte de la Justicia”.

Argumentó el ministro que esa demanda se acrecentó porque mientras en 2007 el porcentaje de libertades diarias era de 36 personas, “en 2008 este porcentaje se redujo a la mitad, lo que implicó la necesidad de una mayor infraestructura".

El argumento es inconsistente. Casi insignificante si cuenta que Buenos Aires tiene un déficit de más de diez mil alojamientos carcelarios. Peor, nadie puede ser optimista imaginando que, dentro de dos meses y medio, se habrán habilitado tres mil nuevas plazas como se anunció.
Una más
El viernes pasado el dictador Jorge Rafael Videla, presidente durante el Proceso en el que se libró la lucha contra la subversión, fue trasladado desde su casa donde cumplía prisión domiciliaria desde hace más de diez años, a una cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Federal.

Videla merece estar preso. Fue el jefe máximo de las fuerzas que en los ´70 enfrentaron a la subversión con la modalidad de las desapariciones, incluso a pesar de la resistencia que esa forma de operar generó en algunos cuadros del propio Ejército. Por ejemplo de quien fuera a partir de 1999 el jefe de la fuerza en los gobiernos de Fernando de la Rúa, Alberto Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde, el teniente general Ricardo Brinzoni –ya fallecido- que, como oficial subalterno en aquellos años y delante de más de una treintena de militares, se animó a cuestionarle al propio Videla semejante metodología. “Si estamos en guerra entreguen los cuerpos” de los adversarios a sus familiares dijo, palabras más, palabras menos, Brinzoni a su jefe en lo que fue un clásico de las comidillas dentro del Ejército durante mucho tiempo. Nada hizo recapacitar a Videla y a las otras jefaturas castrenses. Hoy lo está pagando.

Pero la ley Argentina prevé la prisión domiciliaria para mayores de 70 años bajo algunas exigencias entre ellas, por supuesto y como primer requisito, el convencimiento del juez de que el inculpado no se profugará. Todas estas exigencias eran cumplidas por Videla con 83 años; en rigor, hacía más de diez que las cumplía debido a la multitud de causas que lo tienen como imputado.

Dos juzgados en un mismo día cancelaron el beneficio de la prisión domiciliaria a Videla. No fue una sorpresa para todos. Por lo menos para el gobierno no lo fue.

Cuando hay ideología metiendo o sacando gente de las cárceles, el sistema penitenciario también se ve viciado. Porque es la ley lo que se bastardea. “Es lo que hay”, también en esto.
Penitenciariamente hablando los escenarios regionales reafirman su pobrerío, están estos ejemplos como testimonio avalando ese dicho común en la Argentina: “es lo que hay”. Y lo que hay, por lo visto, deja mucho que desear.
Fotografía: un sector de la tristemente célebre prisión brasileña de Carandirú ya demolida.

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