viernes, septiembre 12, 2008

Naciones Unidas: "en 15 años se triplicó tasa de encarcelamiento en Argentina"

El presidente del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Elías Carranza, señaló que en 1992 había 63 detenidos cada 100 mil habitantes y ese índice trepó a 152, en 2007. Lo mismo sucedió en la mayoría de los países de la región. Advirtió que se vienen "otros 15 años duros" en materia de crecimiento de la población penal.

El Ilanud es el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y su titular visitó el país hace dos semanas en el marco de unas jornadas de capacitación para personal penitenciario de la provincia de Buenos Aires, en las que aportó cifras para el análisis.

Cuantificó que en los últimos 15 años se triplicó en Argentina la tasa de encarcelamiento de acuerdo a los números de la entidad: mientras en 1992 había 63 detenidos cada 100 mil habitantes, esa estadística ascendió a 152 a fines de 2007 sostuvo Carranza.
Y seguidamente comparó la diferencia entre el crecimiento demográfico en nuestro país, que entre 1995 y 2005 fue de un 8%, con el de la población carcelaria en ese mismo período, que aumentó un 92 %.

El titular del ILANUD dijo que ese crecimiento exponencial se produjo paradojalmente, en el mismo período en el que el número de homicidios “bajó de 9,6 a 5,1 cada 100 mil habitantes entre 1980 y 2008”, siempre según números de la entidad que depende de Naciones Unidas. Aclaró, eso sí, que el descenso de este índice “no significa que haya menos robos o violaciones”.
La situación es parecida en gran parte de Sudamérica según esa entidad de investigación y control de regímenes penitenciarios.

En Brasil, dijo Carranza, la situación es análoga a la de Argentina: “en 15 años pasó de tener una tasa de 74 presos a alcanzar 211”, explicó el especialista.

En México, el aumento fue de 101 a 226; en Colombia, de 92 a 188; y en Perú, de 77 a 136.
Con respecto a la tasa de homicidios, Carranza detalló que en el año 2001 era en Argentina de 9,6 cada 100 mil habitantes, ubicándose, en 2007, en 5,1 cada 100 mil.

“Esta situación está dada por el mejoramiento macro de la economía” opinó, con la convicción de que “la inequidad en la distribución de la riqueza conlleva al crecimiento del delito” opinó Carranza.

Entre los factores que influyen para aumentar las tasas de encarcelamiento, el organismo concluye atribuyendo a la acción de la Justicia permeabilidad frente a las exigencias de mano dura de las sociedades: “la difusión de los hechos delictivos y su impacto en la opinión pública influye en los operadores de la justicia penal” y deriva en un endurecimiento de los códigos afirmó el experto.

“Por eso la cantidad de presos aumentó exponencialmente, produciendo un problema significativo a los -sistemas- penitenciarios, con cárceles superpobladas, hacinadas y un incremento lógico de violencia interna”. La tendencia, claro, bajó en los últimos tres años, sobre todo después de la tragedia en el penal bonaerense de Magdalena, donde murieron 33 presos a causa de un incendio. Es más, por estos días se cuestiona la flexibilidad en el sistema de excarcelaciones, otorgadas -incluso- a reclusos condenados por gravísimos delitos.

Contra las cárceles privadas
Esta situación de sobrepoblación penal y obsolescencia de las infraestructuras carcelarias de Centro y Sudamérica, según el Ilanud abrió las puertas para la aparición de empresarios que ofrecieron en distintos países de la región -en Argentina lo hicieron en Mendoza-, iniciar un proceso de privatización de las cárceles.

“Les advierto que las experiencias fueron muy negativas” aseguró Carranza, quien explicó que en el sistema privado de cárceles “priorizan la tecnología sobre el personal penitenciario, son tres veces más costosas que las cárceles estatales e impiden el desarrollo del sistema penitenciario en forma global” opinó.

“En Costa Rica ofrecieron construir una penitenciaria para 1.200 presos por 73 millones de dólares, a un costo diario de de 37 dólares por cada detenido, cuando en una cárcel estatal asciende a 9 dólares diarios en el mismo país”, detalló Carranza.

En Estados Unidos, el 8 % de las unidades carcelarias son privadas, tendencia que llegó a Chile, donde actualmente funcionan 6 penales de este tipo y tienen previsto construir 4 más.
Para el Ilanud, la privatización de las penitenciarias “es un mal negocio para el Estado”.

Luego Carranza insistió en la necesidad de respetar el precepto constitucional de cárceles “sanas y limpias” “El castigo -argumentó- es la privación de la libertad ambulatoria, y a ese derecho coartado no hay que agravarlo”.

Según distintos especialistas, las penitenciarías cumplen el objetivo de inflingir una sanción por el daño ocasionado, disuadir a las personas para que no delincan, readaptar a los delincuentes en su estadía en la prisión y socializarlos.

Desde las Naciones Unidas sugieren que los servicios penitenciarios deben ser respetuosos de los derechos y deberes de los detenidos: “Si ampliamos las ofertas educacionales, laborales y de relación familiar de los internos, aumentan las posibilidades de que no reincidan en el delito una vez liberados”, argumentó Carranza.

También propuso que el personal penitenciario “trate con dignidad” a los reclusos, “aunque a veces resulte difícil por sus actitudes irrespetuosas. Ese es el momento de poner la otra mejilla, ya que la experiencia demuestra que si quien ostenta el poder actúa con dignidad, recibirá el mismo trato”.

Basado en su opinión, no compartida por muchos estudiosos de la problemática carcelaria, de que existe una directa relación existente entre inequidad en la distribución de los ingresos y delito, el especialista formuló un pronóstico nada alentador.
Por los informes de la FAO, la CEPAL y el Banco Mundial, la crisis de los alimentos y del petróleo causada por la apertura del mercado en China hará que en los próximos 15 años aumenten la pobreza y con ello los índices de delincuencia, advirtió.
Foto: vista de comedor de detenidos en una cárcel privada de EEUU, cuyo sistema es cuestionado por el ILANUD

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