martes, agosto 26, 2008

Oficial: España subsidia a compatriotas presos para coimear en cárceles sudamericanas

Cada español preso en una cárcel de Sudamérica, recibe del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero una ayuda de 100 a 200 euros mensuales -200 euros, más de 300 dólares en Argentina- para "gastos básicos" durante su estada en prisión.


La cantidad equivale en muchos países sudamericanos a más del salario mínimo de la clase trabajadora, pero los familiares de los reclusos llegan a asegurar que no es suficiente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de España reconoció la ayuda económica que, aprobada oficialmente en el año 2000, busca brindar mejores condiciones de vida a los presos españoles en las cárceles sudamericanas. Pero, con triste ribete para los sistemas penitenciarios de nuestra región, el reconocimiento del gobierno español se sincera hasta decir que esos recursos son utilizados por los presos para pagar coimas a los guardiacárceles.

Fuentes diplomáticas informaron que cada detenido en una cárcel sudamericana es visitado por funcionarios consulares, para concretar la entrega del dinero a sus connacionales alojados en las unidades de detención. "Somos conscientes de que los reos deben pagar por todo en estas cárceles, desde por un sitio seguro donde dormir hasta por la comida", se admitió en el Ministerio de Relaciones Exteriores ibérico.

La información de la Cancillería española evitó mencionar a los sistemas penitenciarios de qué países se refiere y con esto abre un abanico de dudas sobre la actitud de otras naciones avanzadas sobre la problemática de sus connacionales encarcelados en Sudamérica.

En la actualidad en las cárceles de Sudamérica son alojados unos 810 españoles, en una situación "vulnerable" a, lo que se denuncia, como las mafias que controlan las prisiones.

La catarata de afirmaciones sobre esta realidad por voceros de organizaciones que se titulan defensoras de los derechos humanos comienzan con lo dichos por Humberto Prado, coordinador del Observatorio Latinoamericano de Prisiones (OLP): los reclusos que encabezan las mafias para controlar áreas de la cárcel, en connivencia con los propios funcionarios penitenciarios, "cobran un peaje" a los presos españoles, explicó.

Es decir, estos deben pagar un monto cada mes para evitar traslados a otros centros más peligrosos o asegurarse de que no les maten. "La ley de las mafias es clara: o pagas o te decapitan", aseguró el vocero aunque también sin enumerar los sistemas penitenciarios de los países involucrados.

Oferta y demanda
El coordinador de OLP explica que esta situación se produce porque en muchos países sudamericanos el sistema penitenciario está corrompido y a eso se suma "la falta de personal calificado y la desidia de los funcionarios contribuyen a que se aplique la ley del más fuerte y se cree un mercado negro donde todo tiene un precio".

Este mercado carcelario está dominado por los jefes mafiosos de los pabellones de las cárceles. Son los responsables de cobrar por los "derechos básicos" dentro del penal: desde la protección física hasta el espacio para dormir y la compra de cigarrillos u otros elementos de uso e incluso de defensa.

Familiares de internos españoles denuncian que el momento más crítico es al ingresar por primera vez en prisión: una vez que los identifican como europeos, los líderes entre los presos saben que pueden obtener un buen ingreso en pago de la protección.

Por ejemplo, en las cárceles peruanas, en las que reside el mayor número de presos españoles -casi 200-, los reos pagan para ser enviados a un área llamada pabellón especial. Este espacio no tiene mejores condiciones que la del resto de los alojamientos pero sí una diferencia: "los funcionarios y los presos reciben dinero para que nada violento ocurra en esta zona". "Este pabellón es el más limpio y tranquilo de la cárcel", afirmó Juan Iriarte, coordinador de la ONG peruana Derechos Humanos y Penitenciarios.

"Ser español en una cárcel de Sudamérica tiene un plus importante para el resto de los reos. El nivel de extorsión es tan alto que muchos presos tienen que pedir grandes sumas de dinero a sus familiares para pagarlo" dijo por su parte Eva Soriano, coordinadora del Programa Presos en el Extranjero, una ONG española dedicada a atender a los reclusos españoles y sus familiares.

Soriano asegura que este sistema de extorsión motiva que muchos internos asuman deudas que ponen en peligro su traslado a cárceles españolas. "Un preso que debe a los funcionarios o a otros presos mucho dinero no puede ser trasladado, ya que eso supone su muerte tan pronto como la noticia llega a los que les debe dinero", puntualizó.

Droga
Un factor que por supuesto complica mucho más es la drogodependencia de un preso. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, en el 2008, el 77% de los detenidos en el extranjero estaban acusados de tráfico o consumo de estupefacientes. "Cuando un recluso debe pagar para que no lo maten ni ser trasladado, y además debe comprar droga para consumir, la deuda llega a ser tan alta que le es imposible cancelarla" sostiene Soriano, quien recomienda a los familiares que no envíen grandes sumas de dinero a los reos, porque eso puede empeorar la situación.

Un madrileño de 29 años que lleva tres años detenido en la cárcel venezolana de El Rodeo por tráfico de drogas, dijo que su estada en esa prisión: "es un verdadero infierno". Cuenta que, apenas llegó a la cárcel, dos funcionarios le dieron la bienvenida con palos de madera y le explicaron cada regla carcelaria acompañada de un golpe en el cuerpo. Mientras tanto el resto de los reclusos se paseaban por el patio central, aceptando como un hecho corriente esa escena.

"Al pasar algunas horas -agregó el detenido- le pedí a un custodio que permitiera llamar a mi familia. Sin dinero, le dejé mis zapatillas y un reloj. Cuando pude hablar con ellos, lo primero que supliqué a mis allegados fue que me enviaran dinero con urgencia, porque de lo contrario me matarían".

Con ese dinero compró el derecho a una colchoneta en uno de los pabellones más seguros de la cárcel, aunque todavía tuvo que esperar seis meses para ser aceptado por el resto de los internos de la prisión.


Foto: fachada de la cárcel de Zuera en Zaragoza

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