Argentina: presos procesados podrán votar por primera vez

Unos 35 mil presos sin sentencia de todo el país estarán en condiciones de votar en las elecciones presidenciales de octubre, inaugurando los efectos de una modificación legislativa que hasta el año pasado prohibía a todos los detenidos participar de los comicios.

El voto es voluntario, mediante una boleta única donde el sufragante marcará el candidato por el que opta en cuarto oscuro, y se realizará en las cárceles bajo fiscalización de autoridades penitenciarias el mismo día de la elección. No se informó cuánto costará a los contribuyentes cumplir la medida.

Al 30 de julio habían regularizado su situación para ser incorporados al padrón de sufragantes abierto especialmente más de 5 mil presos. La cifra será incrementada hasta el cierre del padrón el 30 de setiembre y podría alcanzar a 35 mil de los 50 mil detenidos de todo el país con prisión preventiva, es decir sin condena.

Más allá de una discusión, filosófica y de teoría de derecho sobre el beneficio otorgado, la decisión gubernamental de otorgar el voto a los detenidos procesados no puede esconder su claro sesgo político que va a la caza no sólo de la gran mayoría de esos potenciales 35 mil sufragios que es lo de menos, sino del rédito electoral, mucho mayor, que ofertan los votos del conjunto familiar y de allegados a los presos.

Claro que para cosechar la gran mayoría de esos 35 mil votos previamente habrá que dar concesiones a los detenidos cuyos alcances nunca se conocerán y formular promesas que, de no cumplirse, naturalmente se traducirán en estridentes protestas tumberas poseleccionarias.

Así es nomás
El objetivo político enfocando a las cárceles fue reconocido en diálogo con periodistas por el Secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Alejandro Slokar, principal impulsor de la medida junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dirigido por el periodista Horacio Verbitsky, al destacar que “lo valioso” de poner en práctica este beneficio a los detenidos sin condena implica una “politización” que “obligará al sistema de partidos a atender a los intereses que expresen los presos desde las cárceles”. “No bastará –sostuvo– con proclamar el encierro masivo y el trato más riguroso de los presos. La agenda sobre la cuestión criminal deberá ser más compleja”, especificó el funcionario.

Andrea Pochak, directora adjunta del CELS, advirtió ya que “la conformación de un padrón lo más completo posible es una medida imprescindible para que este derecho reconocido a los presos se pueda garantizar en la práctica. Esto requiere que los jueces colaboren y cumplan con informar los detenidos que tienen a disposición. En varias jurisdicciones, sobre todo en el interior del país, no lo han hecho” se quejó Pochak, probablemente desconociendo que a los servicios penitenciarios del interior les queda poco tiempo para confeccionar listados después de procurar comida para los presos y cubrir con un hombre los puestos de guardia más estratégicos, a veces un milagro si se atiende a las ínfimas nóminas de personal que los caracteriza.

“El Ministerio del Interior, por su lado, debería llevar a cabo una campaña de documentación intensiva de aquí a octubre y los partidos políticos tendrían que garantizar su presencia en las mesas” añadió Pochak, advirtiendo sobre otro tema que no es menor: son muy pocos los detenidos que ingresan con documentos a los establecimientos penales, por los que a la gran mayoría de losque decidan votar la autoridad penitenciaria deberá procurarle el DNI.

La elaboración del padrón definitivo de presos en condiciones de votar tampoco es un tema menor: ¿Cómo registrar más o menos con exactitud a una población penal a la que, por ejemplo, ingresaron casi 4 mil detenidos y egresaron más de 2 mil entre mayo y octubre del año pasado?.

El derecho a voto de los presos con prisión preventiva fue contemplado por una reforma al Código Electoral que el Congreso aprobó en 2004 y que el actual gobierno reglamentó por decreto en setiembre último.

La norma prevé la confección de un registro de “electores privados de libertad” que se cerrará a fin de septiembre y cada preso recibirá una única boleta con opciones y espacio para inscribir la fórmula elegida en un cuarto oscuro dispuesto por la autoridad carcelaria. La misma autoridad vigilará la elección, aunque la presidencia y las fiscalías de mesa podrán asignarse a cualquier ciudadano.

“Es una iniciativa orientada a considerar que las personas privadas de la libertad deben volver, integrarse y participar de la sociedad, según disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica” dijo el ministro de Justicia, Alberto Iribarne. “Es importante que puedan elegir a las autoridades nacionales de la manera más libre y más informada posible”, sostuvo el ministro.

El subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Federico Ramos, se reunió con los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Rodolfo Munne, Ricardo Dalla Vía y Santiago Corcuera, para organizar el sistema de votación en las cárceles federales.

Por su parte el Servicio Penitenciario Federal (SPF), dependiente del Ministerio de Justicia, y el Registro Nacional de las Personas, del Ministerio del Interior, trabajan conjuntamente para confeccionar la documentación de los presos procesados del sistema carcelario federal.

También, el Ministerio de Justicia desarrolló reuniones con los titulares de los servicios penitenciarios provinciales para reproducir en esas jurisdicciones el sistema de votación dispuesto en el ámbito nacional.

Según lo informado se ha puesto en marcha un amplio abanico de empeño oficial para garantizar derechos cívicos de los presos, como muy pocas veces se ve para atender los derechos de los ciudadanos libres en la Argentina.