Puerto Rico: la "ñeta" en acción

El 5 de agosto último “Prisiones y Penas” informó sobre las características, insólitas para las costumbres carcelarias no sólo de la Argentina, sino de todo el mundo, que adquiere en Puerto Rico la “ñeta” una especie de “sindicato” de presos creado –en 1973- para dictar leyes de convivencia entre los detenidos protegiendo a los más débiles, según lo proclaman los propios presidiarios –ver esta información en nuestro archivo-.

La “ñeta”, todo un hallazgo entre los sistemas carcelarios vigentes por el funcionamiento de sus particulares códigos intrapenitenciarios, no es reconocida por las autoridades carcelarias ni políticas puertorriqueñas y sobre su verdadero alcance y funcionamiento, todo lo dicen informaciones aparecidas en los medios de ese país “El Expreso” y “Primera Hora” y la agencia internacional de noticias Associated Press desde el pasado 21 de agosto, que a continuación se reproducen.

La Asociación Pro Derechos del Confinado (Ñeta) inició una manifestación que catalogaron como ´pacífica´ para reclamar al Departamento de Corrección –supuestas- promesas de mejoras” a las condiciones de detención en los penales de Puerto Rico. La medida fue confirmada a la prensa por el secretario de Corrección y Rehabilitación, Miguel Pereira.

Por la protesta las visitas están suspendidas hasta nuevo aviso y los presos se niegan a recibir los alimentos y servicios médicos proporcionados por el sistema carcelario.

Las cárceles afectadas son la de Bayamón 1072; Bayamón 292; El Zarzal, campamento correccional El Zarzal; correccional San Juan; Guayama 100; Ponce Principal; Ponce Mínima; Adultos 1000 Ponce; Jóvenes Adultos 500; Ponce y Ponce Máxima.

Los voceros de “ñeta” dijeron a la prensa que “el paro” obedece, entre otras cosas, al recorte del listado de artículos que pueden ser comprados en las cantinas de la cárcel. "Entendemos que el próximo paso será ordenar a la custodia que entren a realizar registros, cuando en realidad entrarán para destruir los pocos alimentos y cigarrillos que tengamos", dice el comunicado.

El comunicado de los presidiarios añadió que además con el cierre de los campamentos penales de régimen semiabierto de Guavate, Juana Díaz y Naguabo ahora sólo cuentan con el de Zarzal en Río Grande con igual régimen.

"Definitivamente esto es una sanción adicional para 3 mil confinados, que podrían ser más, si se cuentan los que tienen custodia mínima y no pueden salir de cárceles de mediana seguridad porque no existe un lugar donde ubicarlos. Por todo esto decidimos el primer paro pacífico que comenzó el 18 de mayo pasado y se extendió por 29 días” concluyeron los detenidos.

Pero, lejos de conmoverse, el secretario Pereira respondió a “ñeta” con medidas extraordinarias para prevenir que “el paro” escale a amotinamientos, mientras rechazó pedidos de la organización que comprometan la seguridad de las instituciones.

Según aseguró oficialmente a la prensa el Departamento de Corrección "no va a tener ninguna conversación que tenga como objetivo cambiar las reglas de seguridad; otras quejas sí se pueden atender" indicó el funcionario, que no obstante admitió que la situación en los penales podría agravarse en cualquier momento.

"Un clima que hoy es pacífico puede cambiar en los próximos diez minutos, pero esto no es algo que estamos buscando. De ninguna manera queremos una confrontación", afirmó Pereira.

Con este trasfondo de conflicto las autoridades carcelarias frustraron un intento de fuga en la cárcel de Guayama donde medio centenar de presos habían logrado acceder al conducto de un acondicionador de aire” para intentar salir al exterior del penal, informaron los medios periodísticos.

Oposición en Chile exige más cárcel y mano dura contra la delincuencia

La oposición chilena exige más penas de prisión y mano dura para combatir la delincuencia porque, afirma, el actual gobierno “tiene una alta tolerancia al delito, es incapaz de castigar las pequeñas faltas -como la acción de pandillas- que son el primer paso hacia la delincuencia de mayor monta y de combatir eficazmente el microtráfico” de drogas.

Como una secuencia natural de una política que enfrente sin tolerancia a la delincuencia, los especialistas sobre el tema de la seguridad chilena integrantes de la opositora Alianza, los senadores Andrés Chadwick y Alberto Espina, reclaman al gobierno de Michelle Bachelet que cumpla con los programas de construcción de cárceles cuya actualidad ya es de sobrepoblación penal y hacinamiento.

Ambos, sin dudar, reconocen que “no tenemos una mano débil para enfrentar la delincuencia” y reclaman al gobierno dar ese combate.

Los dos senadores se reunieron en las últimas horas con el ministro de Obras Públicas trasandino, Eduardo Bitran, a quien pidieron que reimpulse el programa de construcción carcelaria prometida durante el gobierno de Ricardo Lagos y aún incumplida, según informaron.

Mientras Espina señala que en Chile “las cárceles son una vergüenza nacional”, Chadwick sostiene que “el drama allí no da para más: en la Penitenciaría hay 80 internos durmiendo a la intemperie”, mientras “hay muchas promesas de Lagos de que en 2005 habría 10 cárceles nuevas, pero sólo hay 3 funcionando. Otras 2 están paralizadas por las concesionarias y 3 no tienen definido su proyecto” detalla el político.

“Buscamos que el ministro Bitran adopte alguna medida y que asuma que esto no se puede seguir prolongando: no hay una estructura carcelaria eficiente. Todo el mayor gasto que se hace para dotar de herramientas a Carabineros –servicio penitenciario de Chile-, de poco sirve si no hay cárceles suficientes”, explican.

El colapso carcelario no afecta sólo a los presos sino que contribuye a una creciente debilidad ciudadana, porque las cárceles son la "súper universidad del delito", que hoy hacen imposible la reinserción social” coinciden ambos entrevistados por el periodista Juan Rauld para el tradicional diario “El Mercurio” y editado en la edición digital de ese medio de comunicación chileno.

La seguridad ciudadana
Chadwick sostiene que “la seguridad pública es una de las mayores preocupaciones de la gente -mientras en la Argentina funcionarios de turno la consideran sólo una "sensación"- y la Concertación –gobierno trasandino- ha demostrado una incapacidad estructural muy grave para afrontar el tema; sus autoridades tienen una alta tolerancia al delito, son incapaces de castigar las pequeñas faltas -como las pandillas que azotan algunas zonas- que son el primer paso hacia la delincuencia de mayor monta y de combatir eficazmente el micrográfico” de drogas.

Añade Chadwick que los políticos “debemos trabajar para que la ley impida que por razones formales se libere a delincuentes peligrosos, como ocurre hoy, y también para mejorar el control preventivo pues es inconcebible que hoy la policía no conozca con certeza si una persona sujeta a control de identidad, tiene órdenes de detención pendientes” puntualizan.

Espina por su parte enumera: “hay que aumentar el tiempo de la detención preventiva de personas sorprendidas en delito flagrante y debemos mejorar la equivocada interpretación que se hace en el tema de la reincidencia: actualmente ésta sólo vale si la persona ha sido condenada antes y eso es ridículo” afirma sin imaginarse siquiera lo que implica en estos tiempos declarar un reincidente en su vecino país, la Argentina.

Al ser consultados sobre si ellos postulan enfrentar la delincuencia con más cárcel y más mano dura Chadwick no se ruboriza al ser contundente en afirmar que “efectivamente es así y en eso sí nos diferenciamos del gobierno” e insiste: “los últimos gobiernos no han abordado con eficiencia ninguna de los tres frentes; el de la prevención, el de la rehabilitación y el del hacinamiento de los presos en las cárceles” para enfrentar la inseguridad concluyeron.

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