Violadores: cercados por la comunidad en Estados Unidos

Según datos oficiales, el condado de Los Ángeles tiene registrados a más de 11 mil violadores residentes lo que mantiene en alerta a la comunidad que, sin medias tintas, demanda su expulsión del distrito.

Como lo establece la ley vigente desde 1994, al recuperar la libertad luego de cumplir sus penas de cárcel los abusadores sexuales son incorporados a un registro oficial de personas con esos antecedentes.

También por la misma ley, los violadores que se reintegran a la comunidad deben vivir en “hogares” especiales para facilitar el monitoreo de sus actividades, aunque cuando las plazas de alojamiento no son suficientes los autorizan a hacerlo en hoteles.

Pero las estimaciones oficiales reconocen que de los más de 11 mil violadores en libertad -condicional o por agotamiento de la pena- que registra el estado, se desconoce el paradero de más de 3 mil, es decir una tercera parte del total.

La situación colisiona con lo fijado por la ley y provoca inquietud y los consiguientes reclamos en la población, que tienen como objetivo final alejar a los abusadores sexuales de sus distritos.

Lejos de la tentación
Actualmente, veintidós estados de norteamérica adoptaron medidas para evitar que los violadores vivan en cercanías de escuelas, parques y lugares de afluencia de menores de edad.

En California, los abusadores de niños de hasta 15 años, no pueden vivir a un cuarto de milla de distancia de escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Quienes abusaron de menores de 13 años y son considerados de "alto riesgo" de reincidencia, no pueden residir a menos de media milla de distancia -unas nueve cuadras- de las escuelas en cumplimiento de la llamada “ley de Jessica”, que prohíbe que los delincuentes sexuales acercarse a los edificios escolares.

No es todo. Además, por la ley estatal, los calificados como delincuentes sexuales violentos deben ser internados en nosocomios mentales después de cumplir sus sentencias, mientras que los considerados capaces de convivir en la comunidad tampoco están libres del monitoreo al estar obligados a residir en viviendas con vigilancia del estado y a notificar sus movimientos a las autoridades.

Cerrando el círculo, la ya citada “ley de Jessica”, promulgada en memoria de Jessica Lunsford, violada y asesinada en febrero de 2005 en el estado de Florida, obliga a los abusadores sexuales en condición de libertad condicional a cargar un sistema de monitoreo para controlar sus desplazamientos.

Una comunidad
Un ejemplo de la inquietud y malestar que provoca la presencia de violadores en los barrios norteamericanos se encuentra en la localidad de Pomona, a unos 30 kilómetros de Los Ángeles.

Sólo en el hotel Sunset, ubicado en el bulevar Mission, a poco más de una milla de cuatro escuelas que reciben a tres mil alumnos de primaria, viven 16 condenados por abusos sexuales, algunos considerados por las autoridades como "peligrosos".

"Son una amenaza seria para la comunidad; Pomona ha invertido tiempo y dinero para limpiar su imagen, pero tener a este tipo de gente en nuestros vecindarios simplemente tira abajo nuestros esfuerzos" protestó Norma Torres, alcalde de la localidad.

"No descansaremos hasta que los echemos de la ciudad; ya lo hemos hecho con varios, no permitiremos su presencia", desafió la funcionaria evidenciando la inquietud que la problemática plantea en el lugar.

Luego advirtió que "bajo nuestro código municipal, los hoteles no pueden albergar a nadie por más de 30 días; es obvio que están violando la ley", indicó Torres. "Estamos en conversaciones con el procurador de la ciudad para ver qué podemos hacer. Tenemos que buscar la manera de que este tipo de gente no viva cerca de escuelas y parques, de que no vivan en Pomona y punto" insistió la alcalde con contundencia.

Varios moteles de Pomona alojan a decenas de delincuentes sexuales registrados en el sistema de datos de California. Por eso las autoridades piensan emular la “ley Jessica” modificando el código municipal de manera que permita reducir el número de delincuentes sexuales en la región.

Según Joe Romero, jefe de policía, los esfuerzos por controlar el movimiento de los delincuentes sexuales en Pomona hasta ahora ha funcionado. “Por eso es importante que la comunidad ponga presión a la oficina de libertad condicional, para que dejen de enviarnos más depravados sexuales" indicó Romero, para mostrar la decisión de la comunidad del lugar de resistir la llegada de violadores.

Recientemente, el 70% de los votantes de la ciudad aprobaron la puesta en vigencia de la “ley de Jessica”.

Sin embargo, la organización United for No Injustice, Oppression or Neglect, se opuso a esta modificación argumentando que como consecuencia la ley abarrotará las cárceles con personas honestas que “simplemente cometieron un grave error en su vida”.

"Esta ley marcará para siempre a toda persona, aun cuando haya cumplido su sentencia. La ley no diferencia entre delincuentes sexuales violentos y pasivos; ataca a todos, hasta a aquel que fue encontrado orinando en la vía publica frente a menores de edad o al sentenciado por exhibicionista", indicó Cayenne Bird, presidente de la organización con sede en Sacramento. "Es una ley que costará muchos millones de dólares a los contribuyentes y no detendrá el problema", sostuvo la activista.