Contundente medida pasó a retiro a 71 guardias del SERPENBA

Setenta y un oficiales y suboficiales del Servicio Penitenciario bonaerense (SERPENBA), en su mayoría encausados judicialmente por corrupción o maltrato a los presos, fueron pasados a retiro obligatorio por decisión del ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Di Rocco.

Tras la drástica medida, fuentes de esa cartera dijeron a Prisiones y Penas que “no se descarta” que otros efectivos con denuncias o causas pendientes puedan ser expulsados de la fuerza, en el marco de las facultades que fija la ley de Emergencia Penitenciaria aprobada por la legislatura bonaerense el año anterior.

“Solicitamos la ley para que quien crea que el preso dejó de ser persona o ha perdido todos sus derechos tenga que buscarse otro lugar fuera de nuestra institución” enfatizó Di Rocco al explicar a la prensa la resolución tomada.

Según el texto de la resolución 16 oficiales y 2 suboficiales pasaron a retiro, mientras que a otros ocho oficiales y 45 subalternos se los declaró “prescindibles”. Se aclaró que los sancionados “no podrán regresar” a las filas del SERPENBA.

Entre los echados se encuentra un ex jefe de la unidad 24 de Florencio Varela a quien, junto a otros cinco subordinados –todos en disponibilidad-, se les imputó la venta diaria de 150 kilos de pan elaborado por los presos con destino solidario.

En la misma unidad, otro ex jefe carga con la denuncia de “venta de cupos” en el alojamiento de internos, mientras que otros oficiales y suboficiales en disponibilidad desde febrero del año pasado fueron acusados de malos tratos a los detenidos en la cárcel de Junín y en las unidades 9 y 29. Finalmente se expulsó a guardias “que no cumplieron sus deberes o no mostraron contracción al trabajo” afirmó la cartera de justicia bonaerense.

Fuentes ministeriales señalaron que “no se descartan” otras separaciones de la fuerza penitenciaria provincial entre quienes están encausados judicialmente o sumariados por la comisión de faltas graves. En este listado se encuentran guardias cuestionados por su actuación en el sangriento motín de Magdalena del año anterior. El Servicio Penitenciario de Buenos Aires está integrado por unos 11 mil efectivos.

La ley de Emergencia Penitenciaria provincial se tramitó hace dos años como iniciativa conjunta del Ministerio de Justicia provincial y el entonces interventor del SERPENBA, Ricardo Cabrera, a su vez director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en los años 1996 y 1997.

Al dejar su cargo Cabrera, hoy juez, recomendó al ministro Di Rocco para sucederlo al actual jefe del servicio penitenciario, Rodolfo Díaz –también ex del SPF-, cuya gestión aparece valorada por el ministro de acuerdo a la lectura de los hechos de la actualidad penitenciaria bonaerense.

También en las cárceles, mejor información se pidió desde foro oficial

El “Primer Encuentro Regional Interinstitucional sobre “Privación de la Libertad y Derechos Humanos” organizado por el gobierno de la provincia de Santa Fe reafirmó los proyectos y acciones destinadas a facilitar “el libre acceso a la información pública”, incluso los referidos a la delicada temática carcelaria.

Las deliberaciones enfatizaron “la necesidad de avanzar en todos los aspectos que hacen al derecho a la comunicación en el sistema penitenciario, tanto en el pluralismo de fuentes y la expresión de todos los actores –más allá de las asimetrías que existen entre ellos-, como en la necesidad de facilitar “la ampliación de las diversas miradas que existen sobre la institución –penitenciaria-, y también el respeto por la privacidad de los sujetos involucrados” señaló en una de sus conclusiones centrales.

Las jornadas en Santa Fe, auspiciadas por la Secretaría de Derechos Humanos santafesina y destinadas a funcionarios públicos, magistrados, legisladores, periodistas y directivos de medios de comunicación e integrantes de ONGs, especificaron que esa intención de ampliar la visión sobre la problemática carcelaria está “en sintonía con los proyectos que existen en la sociedad respecto al libre acceso a la información pública de la cual se propicia su sanción definitiva”.

Ésta fue la conclusión final de la comisión de trabajo que trató el tema "Tratamiento Periodístico de la Problemática Carcelaria" según consignó la página web oficial del gobierno de la provincia de Santa Fe.

El “Primer Encuentro Regional Interinstitucional sobre “Privación de la Libertad y Derechos Humanos fue realzado con la participación entre otros de el juez de la Corte Suprema de Justicia argentina, Juan Carlos Maqueda; el doctor Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD); el doctor José Manuel Arroyo, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Costa Rica; funcionarios del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto santafesino.

En el tratamiento referido a la acción de los medios de comunicación si bien “no pudieron faltar las valoraciones de distintos matices” señala la página web oficial de Santa Fe, precisa que “hubo coincidencias sobre el peso que tienen éstos en la opinión pública” tras lo que se convino en que debe priorizarse “la necesidad de entenderlos como un servicio a la sociedad y no verlos sólo desde la perspectiva comercial”.

En cuanto a los trabajadores de prensa y su tratamiento de la problemática carcelaria se instaló en la mesa de exposiciones que aparece necesario avanzar hacia el “rigor profesional en el tratamiento de la información y la producción de la noticia –lo que abre un interesante espacio para avanzar en la capacitación sobre temas específicos– y también en el plano de la ética profesional” señala la página digital provincial.

Finalmente los participantes del encuentro “valoraron la labor que se realizan desde medios alternativos y comunitarios, inclusive algunos de ellos en la propia comunidad carcelaria, como experiencias de radio y de prensa escrita”.

Auspiciaron el “Primer Encuentro Regional Interinstitucional sobre “Privación de la Libertad y Derechos Humanos” las Naciones Unidas a través del ILANUD; el Colegio de Abogados de Santa Fe que fue sede de las jornadas y la Fundación para la Integración Federal (FUNIF). Intervinieron como invitados las secretarías de Derechos Humanos de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.


Información completa en http://www.santafe.gov.ar

Imagen: portal de la provincia de Santa Fe.