Proyecto legislativo para crear un servicio penitenciario porteño

El presidente de la comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Julio de Giovanni (Partido de la Ciudad), redactó un proyecto de Ley para que se cree el Servicio Penitenciario de la Ciudad (SPC) “autónomo, moderno y eficaz para lograr los mejores resultados en el proceso de reinserción social de los ciudadanos sometidos a sanciones privativas de la libertad”.

La información fue difundida por el sitio de noticias de la ciudad “Noticias Urbanas”, firmada por María Pérez Insúa, y no explica qué es lo que el De Giovanni pondera como “moderno y eficaz” para reinsertar socialmente a los encarcelados en su proyecto, aunque sí apunta a considerar la carencia de un servicio penitenciario porteño en un “vacío existente en el proceso de autonomía de la ciudad respecto de la Nación. “Es importante, en este contexto, contar con un servicio penitenciario” propio sostiene el proyecto.

De acuerdo a como está redactada la iniciativa el SPC dependería de la Secretaria de Seguridad de la Ciudad e integraría un sector de la administración pública destinada a la custodia y guarda de procesados y a la ejecución de las sanciones penales privativas de la libertad, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias vigentes.

El organigrama del SPC contempla establecimientos de cuatro niveles: institutos de Contraventores, Encausados y Penados, lo que se complementaría con la creación de un Centro de Criminología, de Asistencia al Liberados y la Junta de Egresos Anticipados.

La información no añade si el proyecto incorpora una estimación del costo que produciría a los contribuyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la construcción de establecimientos carcelarios junto a la creación de un cuerpo penitenciario partiendo de la base que toda inversión en seguridad es onerosa por su naturaleza y porque, en este caso, de ser aprobado el proyecto deberá proveer desde la nada al nuevo sistema penitenciario local.

Por su parte, y con otra visión, la diputada kirchnerista Silvia La Ruffa presentó un proyecto de creación del Servicio de Reinserción Social de la Ciudad, con la finalidad de lograr la reinserción social de los privados de libertad mediante “el tratamiento interdisciplinario individualizado que no vulnere sus derechos. La información tampoco aclara si el proyecto precisa cuáles serían las características y alcances del citado “tratamiento interdisciplinario individualizado que no vulnere” los derechos de los detenidos.

De ser aprobado. el proyecto crearía de hecho la carrera del personal del Servicio de Reinserción Social estructurada con operadores sociales, supervisores y operadores administrativos “erradicándose definitivamente todo lo que signifique cuerpo militarizado y todo lo que tiene que ver con el ritual castrense ejercido hasta el presente en los servicios penitenciarios del país” puntualiza.

Vieja promesa, cerrar Devoto
Finalmente “Noticias Urbanas” se hizo eco del pedido de informes formulado por la diputada Mirta Onega al Ejecutivo de la ciudad inquiriendo sobre “la fecha de estimación de la desafectación de la Cárcel de Villa Devoto, población carcelaria y efectivos del Servicio Penitenciario”. El pedido de informes todavía no tuvo respuesta.

“La cárcel de Devoto es una de las prisiones más superpobladas del país, construida en 1923, tiene capacidad para 1.600 internos pero aloja a más de 2.300 y desde la Legislatura porteña viejos proyectos instan al Ejecutivo de la Ciudad a que interceda ante el gobierno de la Nación para que se concrete el cierre” del establecimiento dice la información.

Sobre la situación de Devoto los legisladores aluden que “las condiciones de hacinamiento en que se encuentran los alojados es lo que acarrea perjuicios en la comunidad carcelaria”, por lo que “se suscitan problemas de convivencia que ocasionan dificultades en le control de la seguridad, y que sumado a la deficiente estructura física del lugar, resulta evidente que no se da cabal cumplimiento al mandato de nuestra Constitución Nacional” opinan.

Si embargo y aunque no se admite más allá de las conversaciones de pasillo los legisladores reconocen que más allá que “quede bien bregar por la autonomía de la ciudad” tener la cárcel en jurisdicción de la Nación “es más barato y trae menos problemas”, ya que “ellos -los funcionarios nacionales- se hacen cargo de los asuntos que surgen” en el extralimitado penal.

Mientras tanto la información periodística rescata que “los vecinos se cansaron del discurso de la lengua para fuera” y exigen una respuesta de las autoridades respecto del traslado de la cárcel. “Hace mucho que venimos escuchando que se va a hacer, y nada. Nadie lo cumple. Mientras, aquí, nuestras propiedades se devalúan” se quejan los moradores.

“Prisiones y Penas” puede adelantar que no hay un sólo indicio a nivel nacional y capitalino que ilusione con un plazo estimativo para la desactivación de la U.2 del Servicio Penitenciario Federal, lo que tuvo un único viso de realismo en la década del `90 cuando se construyó el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz destinado originalmente a alojar a los internos de Villa Devoto. El nuevo establecimiento se inauguró en 1999 pero el impensado crecimiento de los índices de delincuencia y consiguiente nivel de encarcelamientos, abortó la idea de cerrar la vieja cárcel.

Los porteños, por otra parte, no deberán esperar la desactivación de Devoto si tienen en cuenta que las autoridades de la ciudad no han servido no sólo para cerrar una cárcel anacrónica y sobrepasada en sus límites enclavada en el medio de una megaurbe, sino ni siquiera para cerrar una cárcel en el distrito.

Breve historia: la gestión de la verborrágica Patricia Bullrich al frente de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios del gobierno de Fernando de la Rúa, seis años atrás, convocó tres veces a los periodistas para publicitar el cierre y la demolición de la ex unidad 1 de “Caseros nueva”, también del Servicio Penitenciario Federal. Tomó la posta del tema posteriormente el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, quien a su vez citó otras cuatro o cinco veces a los medios de comunicación para anticipar y dar plazo de demolición del derruido edificio de veinte plantas. La mole de la ex cárcel seis años después de seis años todavía sigue en pie. Todavía hoy tampoco hay indicios ciertos de cuando la ahora tétrica estructura será demolida.-

Argentina: cárceles y personal carcelario

Una entrega anterior de “Prisiones y Penas” produjo información sobre demandas de seguridad formuladas a las autoridades penitenciarias por los sindicatos que agrupan a los guardias de prisión de España, a través de reclamos verbales e incluso mediante paros de corta duración en cada uno de los turnos, y su incidencia en la toma de decisiones.

La nota tuvo repercusión entre los lectores con oficio penitenciario, más de lo que inicialmente se esperó. Fueron varios los correos electrónicos y comentarios personales que llegaron a “Prisiones y Penas” con comentarios sobre esa temática puntual.

Se pidió más información sobre las características que adopta la articulación entre el gobierno, jefaturas y sindicatos de guardias de ese país para gestionar las cárceles. En futuras ediciones se cumplirá con el pedido de los lectores y se incursionará sobre esa característica del sistema español y otros países avanzados, que son extrañas a las pautas de trabajo penitenciario tan fuertemente arraigadas en Argentina y casi todos los países de Latinoamérica.

Pero también los mensajes y las voces abrieron de hecho un espacio de comparación entre esa particularidad laboral penitenciaria de otros lugares del mundo y la situación del personal carcelario en la Argentina.

Se desataron quejas e ironías, aún sin tener más precisiones sobre la situación española y aún teniendo en cuenta que quienes se expresaban fueron, en amplia mayoría, oficiales penitenciarios en actividad y retirados de dos sistemas penitenciarios del país.

Quienes han transitado y transitan las cárceles, aún sin ojo avezado, auscultan la dura realidad laboral que soporta el personal penitenciario en la Argentina, por lo que eran de esperarse las quejas. Sobre todo, y por lejos, las relacionadas con las condiciones de trabajo de suboficiales y agentes, interpretadas por superiores directos.

En los viejos penales
Escaso número de hombres desempeñándose en puestos de control deplorables, cuando no tétricos y alienantes por lo derruidos, por la oscuridad, los ruidos y la soledad, son sedes comunes de puestos de vigilancia que imponen a los guardias los edificios centenarios y con gruesas cicatrices de motines pasados. Villa Devoto y la unidad 7 de Resistencia en el sistema federal; Olmos y Sierra Chica en el de Buenos Aires; la unidad 1 de Corrientes; los penales del hasta hace poco intervenido servicio penitenciario de Santiago del Estero; la cárcel de Mendoza denunciada por la OEA, las de Chubut, son los escenarios emblemáticos -y suficientes por la cantidad de personal que concentran- con esas condiciones de trabajo.

Gente expuesta al frío y calor que, según las regiones, pueden ser fríos bajo cero y/o calores que derriten el asfalto. Con frecuencia, recargados en horarios, atados a la custodia de la muralla o alambrada, del puesto de control interno o del pabellón, dieciocho o veinticuatro horas seguidas.

Sin capacitación ni actualización laboral que pueda calificarse de tal, desarmados como lo prescribe la ley e inducidos durante las largas guardias a aceptar la condescendencia de algún preso, ante la incertidumbre de no saber cuando accederán a la ración que reconforta.

Con sueldos magros, mezquinos en la mitad subalterna de la escala jerárquica, para realizar un trabajo “penoso”, según lo ha calificado la Organización de Naciones Unidas, y por supuesto con los riesgos propios de las prisiones. Con sueldos al personal federal, además, que en el 40% son pagados virtual aunque insólitamente en negro –no remunerativo que se le dice- por el Estado nacional.

Con un trasfondo emocional abordado por las incertidumbres y los miedos que asocia inevitablemente la cárcel.

Hay más. Quien ha transitado y transita las cárceles en la Argentina coincidirá con “Prisiones y Penas” que todo esto, no es todo, que otras cuestiones y situaciones a las que lleva el trabajo penitenciario son todavía más preocupantes.

Aún así todo se sobrelleva. Sin reconocimientos.

Seguramente algunos de estos escenarios pueden ser mejorados por las jefaturas de los servicios penitenciarios e incluso por las jefaturas de unidades. En algunos establecimientos se trabaja en eso. Cuestión de decisión.

Pero los problemas graves superan, por lo menos en la Argentina, a los directores y jefaturas de los servicios penitenciarios federal y provinciales. Porque las políticas y los presupuestos carcelarios les son ajenos y pertenecen al universo de la política.

Y la prisión, siempre y en cualquier lugar del mundo, es un problema para la política.

Porque la prisión por sí misma no vende políticamente hablando y, antes que elogios, como cárcel que es, propone crisis y críticas que tocan la lejana sensibilidad de los gobiernos.

Resultado entonces de la ecuación política en la cuestión carcelaria: antes que invertir mejor prometer.

Las promesas se renuevan, pero el olvido de los guardias de cárcel plantean una condición de trabajo que se balancea entre lo deplorable y lo alienante. Y no hay indicios que pueda mejorar esa condición. Sólo promesas. A él, hombre y mujer, se le demanda que readapte socialmente al delincuente. Las cosas como son.

Así se sobrelleva en la Argentina, al paso fácil de las promesas, una problemática tan delicada como la de la cárcel que es, ante todo y por la función social que se espera de ella, profundamente humana. De los dos lados de la reja.-

Fotografía: armas cortopunzantes -"facas"- decomisadas en un pabellón de cárcel de máxima seguridad argentina . También con esto debe convivir a diario el personal carcelario.