viernes, abril 21, 2006

Proyecto legislativo para crear un servicio penitenciario porteño

El presidente de la comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Julio de Giovanni (Partido de la Ciudad), redactó un proyecto de Ley para que se cree el Servicio Penitenciario de la Ciudad (SPC) “autónomo, moderno y eficaz para lograr los mejores resultados en el proceso de reinserción social de los ciudadanos sometidos a sanciones privativas de la libertad”.

La información fue difundida por el sitio de noticias de la ciudad “Noticias Urbanas”, firmada por María Pérez Insúa, y no explica qué es lo que el De Giovanni pondera como “moderno y eficaz” para reinsertar socialmente a los encarcelados en su proyecto, aunque sí apunta a considerar la carencia de un servicio penitenciario porteño en un “vacío existente en el proceso de autonomía de la ciudad respecto de la Nación. “Es importante, en este contexto, contar con un servicio penitenciario” propio sostiene el proyecto.

De acuerdo a como está redactada la iniciativa el SPC dependería de la Secretaria de Seguridad de la Ciudad e integraría un sector de la administración pública destinada a la custodia y guarda de procesados y a la ejecución de las sanciones penales privativas de la libertad, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias vigentes.

El organigrama del SPC contempla establecimientos de cuatro niveles: institutos de Contraventores, Encausados y Penados, lo que se complementaría con la creación de un Centro de Criminología, de Asistencia al Liberados y la Junta de Egresos Anticipados.

La información no añade si el proyecto incorpora una estimación del costo que produciría a los contribuyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la construcción de establecimientos carcelarios junto a la creación de un cuerpo penitenciario partiendo de la base que toda inversión en seguridad es onerosa por su naturaleza y porque, en este caso, de ser aprobado el proyecto deberá proveer desde la nada al nuevo sistema penitenciario local.

Por su parte, y con otra visión, la diputada kirchnerista Silvia La Ruffa presentó un proyecto de creación del Servicio de Reinserción Social de la Ciudad, con la finalidad de lograr la reinserción social de los privados de libertad mediante “el tratamiento interdisciplinario individualizado que no vulnere sus derechos. La información tampoco aclara si el proyecto precisa cuáles serían las características y alcances del citado “tratamiento interdisciplinario individualizado que no vulnere” los derechos de los detenidos.

De ser aprobado. el proyecto crearía de hecho la carrera del personal del Servicio de Reinserción Social estructurada con operadores sociales, supervisores y operadores administrativos “erradicándose definitivamente todo lo que signifique cuerpo militarizado y todo lo que tiene que ver con el ritual castrense ejercido hasta el presente en los servicios penitenciarios del país” puntualiza.

Vieja promesa, cerrar Devoto
Finalmente “Noticias Urbanas” se hizo eco del pedido de informes formulado por la diputada Mirta Onega al Ejecutivo de la ciudad inquiriendo sobre “la fecha de estimación de la desafectación de la Cárcel de Villa Devoto, población carcelaria y efectivos del Servicio Penitenciario”. El pedido de informes todavía no tuvo respuesta.

“La cárcel de Devoto es una de las prisiones más superpobladas del país, construida en 1923, tiene capacidad para 1.600 internos pero aloja a más de 2.300 y desde la Legislatura porteña viejos proyectos instan al Ejecutivo de la Ciudad a que interceda ante el gobierno de la Nación para que se concrete el cierre” del establecimiento dice la información.

Sobre la situación de Devoto los legisladores aluden que “las condiciones de hacinamiento en que se encuentran los alojados es lo que acarrea perjuicios en la comunidad carcelaria”, por lo que “se suscitan problemas de convivencia que ocasionan dificultades en le control de la seguridad, y que sumado a la deficiente estructura física del lugar, resulta evidente que no se da cabal cumplimiento al mandato de nuestra Constitución Nacional” opinan.

Si embargo y aunque no se admite más allá de las conversaciones de pasillo los legisladores reconocen que más allá que “quede bien bregar por la autonomía de la ciudad” tener la cárcel en jurisdicción de la Nación “es más barato y trae menos problemas”, ya que “ellos -los funcionarios nacionales- se hacen cargo de los asuntos que surgen” en el extralimitado penal.

Mientras tanto la información periodística rescata que “los vecinos se cansaron del discurso de la lengua para fuera” y exigen una respuesta de las autoridades respecto del traslado de la cárcel. “Hace mucho que venimos escuchando que se va a hacer, y nada. Nadie lo cumple. Mientras, aquí, nuestras propiedades se devalúan” se quejan los moradores.

“Prisiones y Penas” puede adelantar que no hay un sólo indicio a nivel nacional y capitalino que ilusione con un plazo estimativo para la desactivación de la U.2 del Servicio Penitenciario Federal, lo que tuvo un único viso de realismo en la década del `90 cuando se construyó el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz destinado originalmente a alojar a los internos de Villa Devoto. El nuevo establecimiento se inauguró en 1999 pero el impensado crecimiento de los índices de delincuencia y consiguiente nivel de encarcelamientos, abortó la idea de cerrar la vieja cárcel.

Los porteños, por otra parte, no deberán esperar la desactivación de Devoto si tienen en cuenta que las autoridades de la ciudad no han servido no sólo para cerrar una cárcel anacrónica y sobrepasada en sus límites enclavada en el medio de una megaurbe, sino ni siquiera para cerrar una cárcel en el distrito.

Breve historia: la gestión de la verborrágica Patricia Bullrich al frente de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios del gobierno de Fernando de la Rúa, seis años atrás, convocó tres veces a los periodistas para publicitar el cierre y la demolición de la ex unidad 1 de “Caseros nueva”, también del Servicio Penitenciario Federal. Tomó la posta del tema posteriormente el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, quien a su vez citó otras cuatro o cinco veces a los medios de comunicación para anticipar y dar plazo de demolición del derruido edificio de veinte plantas. La mole de la ex cárcel seis años después de seis años todavía sigue en pie. Todavía hoy tampoco hay indicios ciertos de cuando la ahora tétrica estructura será demolida.-

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