¿Consultamos a la gente el construir cárceles aumentando impuestos?

Después de peleas generalizadas entre presos que dejaron dos muertos en cárceles de Los Ángeles, las autoridades de ese estado norteamericano discuten la alternativa de incluir en boletas electorales un pedido de aumento de impuestos para mejorar el sistema carcelario del lugar.

Esta forma institucionalizada de consulta para generar recursos legítimos al Estado con los cuales financiar la solución de problemas coyunturales, que por lo visto también alcanza a las cárceles y por supuesto debe sorprender a la ciudadanía de toda Latinoamérica, es habitual en varios distritos estadounidenses.

De esta manera los votantes, al votar por sus representantes políticos en el comicio, sin costo extra también deciden si están dispuestos a pagar más impuestos para resolver un problema estatal que afecta a la comunidad como en estos momentos lo plantean las cárceles californianas. Una moción de este tipo, que crea nuevos gravámenes, debe ser aprobada por dos tercios de los votantes del condado.

Estas formas de consulta –que respetan el derecho a saber y el bolsillo del contribuyente- deberían poner colorado a quienes por estos rincones del mundo se llenan la boca hablando de democracia, pluralismo y participación ciudadana.

En años recientes el electorado ya se ha pronunciado en favor de emitir bonos de deuda pública para financiar mejoras en el gobierno de Los Ángeles; en los últimos diez años autorizaron bonos en beneficio de bibliotecas y escuelas del lugar y en 2002 también aprobaron —por 73% de votos a favor y 27% en contra— otra medida que creó un impuesto de tres centavos por pie cuadrado de propiedad para financiar las salas de urgencia y fortalecer el sistema de respuesta del condado ante ataques terroristas, la que aporta unos 170 millones de dólares anuales al estado destinados a ese fin.

Para las cárceles
La urgencia por renovar el sistema carcelario de Los Angeles se evidenció en febrero, al producirse una seguidilla de enfrentamientos entre presos hispanos y afroamericanos en la cárcel de Pitchess. Las peleas dejaron dos muertos afroamericanos y más de un centenar de heridos.

Para controlar los disturbios el Departamento del Sheriff –en Los Ángeles a cargo de la administración carcelaria- ordenó el “encierro” de toda la población penal del estado y la separación de los reclusos según su etnia. Los presos en Los Ángeles son 21 mil y el sistema además contrata alojamiento para internos federales.

El sheriff, Lee Baca, advirtió más de una vez que su departamento necesita más fondos para mejorar la gestión carcelaria, fundamentalmente ampliando la infraestructura para separar a los presos violentos del resto de los internos. Entre otras cosas pidió 300 millones de dólares para reabrir y operar con seguridad la prisión de mujeres Sybil Brand, en Monterrey Park, cerrada hace años por problemas de presupuesto. Esto le permitiría concentrar allí a las detenidas, abriendo espacios para presos violentos en las plazas que las mujeres hoy ocupan, explicó.

De acuerdo a una información sobre la situación carcelaria firmada por Róger Lindo en el diario “La Opinión” de Los Ángeles el 20 de marzo, existe “desacuerdo” entre las autoridades políticas sobre la inclusión en la boleta electoral para los comicios distritales de noviembre de una consulta para aumentar los impuestos con los cuales mejorar las penitenciarías locales.

La Controladora de Los Ángeles, Gloria Molina, advirtió que no avala la idea de su par, Zev Yaroslavsky, de “incluir en la boleta electoral de noviembre una propuesta de bono por 500 millones de dólares con el propósito de renovar el sistema carcelario del condado”.

“Antes de aprobar un alza de impuestos nos gustaría ver algunas propuestas creativas por parte del sheriff” puntualizó Molina, para luego poner como ejemplo su moción de “abolir un contrato con Sacramento que compromete al condado a alojar a cierto número de presos estatales”.

El sheriff Baca examina la idea de Yaroslavsky de consultar a la ciudadanía en las boletas electorales para los próximos comicios: “en general estamos abiertos a cualquier sugerencia dirigida a proveer recursos a un departamento que tiene menos fondos de los que necesita”, dijo.

Por su parte Yaroslavsky también intervino en la guerra de declaraciones y explicó que la consulta a la ciudadanía “es una propuesta en su fase inicial y, más que centrarse en trasladar de prisioneros de instalaciones, tiene que ver con un proyecto de gran envergadura para reconstruir el sistema carcelario”, afirmó.

Una consulta a la gente para aumentar impuestos con destino específico, como en este ejemplo las cárceles, suena utópico en la mayoría de las latitudes del mundo y, aunque en la Argentina podría llegar a instrumentarse institucionalmente a escala nacional e incluso en algunas provincias mediante un costoso plebiscito, en la mayoría de los lugares está lejos de ser considerado una alternativa viable.

La pauta cultural y política latinoamericana entrega el manejo del presupuesto excluyentemente a la dirigencia política que decide, por ejemplo, cuando construir una cárcel. Por lo general nunca.

Igualmente, resultará un buen ejercicio -incluso una aventura- pronosticar cuál sería la respuesta del contribuyente latinoamericano si sus gobiernos los consultaran si pagarían más impuestos para mejorar el sistema carcelario y explicar por qué votaría de esa forma?.


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Fotograf'ía: el edificio City Hall de Los Ángeles, un emblema de la ciudad.