Cárceles escuelas... de terroristas

Un cable de la agencia internacional de noticias Associated Press originado en Aman, Jordania, fechado el 2 de marzo alerta sobre la posibilidad de que cárceles de ese país y Afganistán “estén convirtiéndose en escuelas” de la banda terrorista Al-Qaeda.

El texto –condensado- del cable noticioso dice:
AMAN, Jordania (AP) - Los motines de los islamistas en las cárceles de Jordania y Afganistán y la fuga de los convictos de Al-Qaida de un reclusorio del Yemen, podrían ser indicios de que las cárceles del mundo islámico estén convirtiéndose en "escuelas" para la ideología de la banda terrorista y sus centros de reclutamiento.

"Lo sucedido en las cárceles es peligroso y tenemos que averiguar cómo coordinaron sus acciones los detenidos" dijo el juez Alí al-Dhmour, secretario general del Ministerio de Justicia, quien indicó que al parecer los presos islamistas utilizan lnternet, teléfonos móviles y las visitas para comunicarse entre las cárceles.

Los observadores tanto dentro como fuera de Jordania lamentan el problema clave del hacinamiento de delincuentes comunes y los islamistas en los penales del país, entre ellos los miembros de la red de al-Qaida en Irak.

La situación hizo pensar a las autoridades si sería mejor encerrar a estos presos en Occidente, o dedicar más recursos a su rehabilitación –reeducación-. Empero, Estados Unidos ha mostrado especial interés en que los gobiernos del Medio Oriente retengan a esos presos, ya que pueden interrogarlos en formas que no podrían ser utilizadas en Occidente, pasando luego la información a Washington.

Las gestiones de rehabilitación han sido erráticas: Egipto dice haber suavizado opiniones de islamistas de la generación anterior, y Arabia Saudí sostiene que ha conducido a algunos simpatizantes de al-Qaida a posiciones menos extremistas. Yemen ha sido criticado por sus gestiones de rehabilitación y los gobiernos occidentales consideran que se limitan a liberar a extremistas irredentos.


Libre tras tres años preso: ni lo acusaron
Después de detenerlo casi tres años la justicia de La Matanza liberó a Víctor Silvano Ramos, de 23 años, porque “no había pruebas para acusarlo” de robar un reloj y quince pesos.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, integrado por Joaquín Barrenechea, Néstor Bue Roca y Alfredo Drochi, luego de escuchar al fiscal decir que “no iba a acusar porque no había elementos objetivos de imputación delictiva” a Ramos.

Por su parte el defensor había calificado de “detención ilegal” la realizada por la policía y paralelamente endilgó al fiscal de primera instancia no “dar derecho a la defensa”, al descartar una rueda de reconocimiento y encarcelar al sospechado sólo con un acta policial y sin declaración testimonial de la víctima, la que luego falleció sin cumplir con ese requerimiento.

El insólito episodio, que debe erizar a cualquier ciudadano por su calamitosa consecuencia, llevó a una cárcel de La Plata a Ramos en 2003 –tras su paso por comisarías bonaerenses- de donde recuperó su libertad después de casi tres años. ¿Alguien paga semejante error? Casi seguramente el gobierno de la provincia de Buenos Aires con dinero de los impuestos aportados por la gente.


Otra intimación a Solá por sobrepoblación penal
La Corte Suprema de Justicia bonaerense volvió a intimar al gobierno de la provincia a que avance en la resolución de la grave situación de sobrepoblación carcelaria, esta vez instando a la “urgente” integración de una comisión de seguimiento de la insostenible situación.

En la resolución 114 publicada en el Boletín Oficial el máximo tribunal “le recuerda una vez más al titular del Poder Ejecutivo la necesidad de subsanar” el hacinamiento que se extiende a cárceles y comisarías de la provincia gobernada por Felipe Solá.

La Corte bonaerense reafirmó de esta manera los alcances de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo del año pasado, que ordenó al Ejecutivo provincial terminar con el hacinamiento en las cárceles y comisarías. Entre otras iniciativas se propuso la creación de una comisión “de control, seguimiento y monitoreo” de la evolución de la sobrepoblación penal.

No obstante el gobernador Solá deberá enfrentarse al problema del hacinamiento carcelario más allá de las teorías y la creación de comisiones en la cantidad que se le ocurra a cada uno. La única solución es política y pasa por la decisión del gobierno bonaerense de destinar fondos a la construcción de más plazas carcelarias. Será el avance más concreto en la lucha contra la sobrepoblación.

A lo que contribuirá la sanción de la ley de flexibilización de las excarcelaciones para sobrellevar la coyuntura carcelaria, apurada con un desesperado pedido de la gobernación a la Legislatura provincial por votarla.

Las estadísticas del delito y las noticias pronunciarán el dictamen sobre si esta medida, que traslada a las calles consecuencias de la lentitud judicial y la raquítica inversión en infraestructura penitenciaria, es adecuada a la realidad bonaerense y no se traduce en más inseguridad.-