Cárceles federales en Argentina: ya preocupan al ministro Aníbal Fernández

El ministro de Justicia y Seguridad argentino, Aníbal Fernández, sumó en los últimos días una preocupación más a su tarea: el estado de deterioro de las cárceles federales -nacionales- en el segmento de la infraestructura.

El problema promete ser tratado a la larga: Fernández tiene una la alerta roja derramada sobre su cartera por el corte de rutas de agricultores que se quejan de la voracidad oficial para recaudar y, si el gobierno lo dispone en una escalada del conflicto, será el funcionario que deberá ejecutar la reapertura de los pasos con las fuerzas de seguridad. Un imposible, debido a la extensión de la geografía argentina y a los centenares de piquetes que la gente del campo instaló en los caminos.

Pero aún tratada a la larga la coyuntura carcelaria, es positivo que el ministro se haya preocupado por su estado. Es bueno que lo tenga en agenda. Está al tanto que el raquitismo ininterrumpido de las partidas de presupuesto del sistema penitenciario federal ya provocó un deterioro avanzado en unidades de detención emblemáticas, como para recortar uno de sus componentes más sensibles: su potencial de seguridad.

Días pasados el ministro de Justicia realizó una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza(CP1), moderna unidad de máxima seguridad con alojamiento individual de hasta 1.800 detenidos varones -hay un sector especial para mujeres primarias- distribuidos en seis módulos de 300 reclusos cada uno.

El CP1 es una unidad emblemática del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que fue inaugurada por el ex presidente Carlos Menem a principios de 1999 con un diseño y tecnología de seguridad adecuado a la época. Puede decirse que es casi una ciudad penitenciaria aunque sin rejas.

En lugar de barrotes, está cercado por tres líneas de alambradas de contención: la primera rodeando a cada módulo de alojamiento y las dos restantes, muy altas, perimetrales de la unidad. Al inaugurarse, el CP1 funcionaba automatizado electrónicamente para la apertura y cierre de sus esclusas y puertas comunes; con cámaras de circuito cerrado de televisión en los módulos y pasillos y, en lo externo, con sensores de movimiento que disparaban los alertas correspondientes, además del patrullaje motorizado.

Durante su visita, menos de nueve años después de su inauguración, el abanico de lo que no funciona en el CP1 sorprendió al ministro Fernández. Y lo puso en guardia. Y lo hizo estimar que cosas por el estilo, tal vez no tan pronunciadas en las cárceles que todavía son de tracción a sangre, suceden en las más de treinta y cinco unidades federales de detención diseminadas por la geografía argentina, dijeron en su cartera.

Fernández habría concedido que el problema central es la falta de mantenimiento -que como todo lo que significa seguridad es caro-... por carencia de partidas presupuestarias. Es decir, reconoce entre sus allegados lo que no diría públicamente: que la falla es del gobierno. Es que desde hace cuatro años y medio él pertenece al gobierno ejercido por el matrimonio Kirchner.

Por eso no le será fácil arbitrar soluciones al ministro de Justicia, a la corta y a la larga: más allá del cambio de nombres en la presidencia el 10 de diciembre pasado, de Néstor Kirchner en sucesión a su esposa, Cristina, el gobierno argentino recorre el mismo camino de gestión: enfocando lo carcelario, el olvido del sector que entre otras cosas se traduce en recortes de las partidas destinadas a su funcionamiento.

Igualmente es de destacar la reacción ministerial: los reflejos estarán más fibrosos para atender las urgencias estructurales que planteen las cárceles. En una de esas, Fernández, hasta logra un refuerzo para recuperar las unidades de detención. Es bastante más de lo que el sistema penitenciario federal tuvo durante estos últimos años: no más que ministros intrascendentes como Horacio Rosatti y Alberto Iribarne con los cuales el sistema llegó a lo que llegó: a poner en alerta por el abandono, a quien hoy le toca sucederlos.

Prisiones en Francia: "Una humillación para la República"

En 2000 una comisión del senado francés que estudió el estado de las cárceles tituló su informe con contundencia: “Prisiones: una humillación para la República”. Francia, entonces con 61 mil presos, superaba su récord de detenidos de los tiempos de la ocupación alemana.

El senado francés difícilmente hubiera encontrado un título para su informe, si hubiera recorrido las cárceles de Centro y Sudamérica: es que consideró “indigno” que no se cumpla, entre otras cosas, con el derecho a celda individual. Derecho que en muchos de los países de nuestra región no lo es y que por eso permite el alojamiento en pabellón común, fuente central de la conflictividad en los establecimientos penitenciarios. Peor: en Francia se quejan de que en una celda de tres por tres metros, son alojados “hasta cuatro personas”. Un privilegio comparado con la mayoría de las prisiones de esta porción del mundo.

Ése y otros estudios, cuyos datos merecen ser chequeados por lo menos, denuncian que en Francia la requisa acostumbra a explorar “los orificios -de los detenidos- donde pueden esconderse sustancias prohibidas”, mientras el pelotón de guardias actúa “encapuchado”. Se quejan del uso de fusiles con mira telescópica provisto a la seguridad externa de las unidades penales.

También de supuestas irregularidades cometidas por los funcionarios penitenciarios para autorizar visitas, correspondencia, llamadas telefónicas e ingreso de material de lectura. Finalmente, de los regímenes de “tortura blanca” como la incomunicación prolongada, destinada a “presos políticos” que el gobierno francés ha desconocido siempre como tales.

De ser cierto la mitad de lo que se dice en relación al trato-tratamiento de reclusos en Francia, el régimen marca un contraste abismal con lo que, por ejemplo, se pretende en algunos sistemas penitenciarios como por ejemplo el federal, o nacional argentino, donde los “habeas corpus” presentados por los presos por violación de sus derechos pululan en los juzgados y en algunos casos jaquean a la conducción carcelaria.

Y esto no es una crítica a lo que procura respetar al hombre por el sólo hecho de serlo y aún cuando en las cárceles la gran mayoría de los internos no han respetado a otros hombres y por eso están alli. Muy por el contrario, y muy alejado de ello es el único objetivo de informar sobre este abismo en la gestión carcelaria: hay rudeza en el trato de presos en muchos países avanzados. ¿Ésto produce mejor o peor resultado que en los regímenes permisivos? En todo caso; ¿El mejor resultado es humano o carcelario o humano y carcelario? La conclusión y la profundización en el tema queda para los lectores.

Francia, el senado y otros
Sostuvo el informe del senado francés que “las condiciones de reclusión” en los centros penitenciarios “son a menudo indignos de un país que se precia de dar lecciones al exterior de derechos humanos”. Categórico. Podría decirse sorprendente.

Tres años más tarde un informe del Observatorio Internacional de Prisiones, habló de la insalubridad instalada en los establecimientos de detención, obsolecencia de las instalaciones y una promiscuidad llevada al extremo con tres o cuatro personas viviendo en menos de nueve metros cuadrados. A esto se añadía falta de personal, masificación de los locutorios y carencia de actividades de formación necesarias para que la cárcel cumpliera su función de “reinserción” que la ley le confía.

Para recargar el escenario, un informe publicado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en 2004 aseguró que los presos franceses padecen a diario “tratos inhumanos y degradantes”, que son filmados por las cámaras de seguridad penitenciarias. Se produce la violación de sus derechos de disponer de celda individual estipulado en una ley de 2000 que, dice el informe, no se respetó.

Desde 2003 “los traslados, la represión de revueltas, los registros de celdas y el cacheo corporal de los presos, que nunca olvida los orificios susceptibles de esconder objetos o sustancias prohibidas, son realizados por los Equipos Regionales de Intervención y Seguridad (ERIS), quienes actuarían encapuchados, aseguran los denunciantes.

Los derechos a visitas, correspondencia, llamadas telefónicas y a recibir publicaciones del exterior son concedidos según el humor de la jefatura carcelaria que, además, alargaría la efectivización de liberaciones condicionales, agrega el mismo informe ingresando en lo escandaloso si esto fuera tal cual.

Los “presos políticos”, categoría que el gobierno francés niega, estarían sometidos a un régimen de incomunicación, que es calificado de violencia "blanda" por los denunciantes. “He estado encerrado durante más de siete años en una célula de nueve metros cuadrados”, comentó Jean- Marc Rouillan, condenado a perpetuidad presuntamente por su pertenencia política, en una entrevista en 2002 a la televisión: “estuve sólo durante el día y la noche, sin tener contacto directo con otras personas más que los guardias. Cuando salí del aislamiento no conseguía hablar, era incapaz de expresarme y aún hoy tengo enormes dificultades, toda conversación me resulta un esfuerzo. El aislamiento total es vivir en una tumba”, explicó el ex preso.

Por último las quejas avanzan a cuestionar la provisión de fusiles con mira telescópica a los guardias apostados en torres de vigilancia externas.

Suicidios
El dato que hoy concentra la atención de los investigadores es, no obstante, la elevada tasa de suicidios de las cárceles francesas, que se multiplicó por dos en los últimos veinte años para llegar uno cada tres días, sostienen quienes denuncian la situación.

El suicidio en febrero último de un menor en uno de los nuevos reformatorios desató una ola de protestas sobre la situación carcelaria, pero dos meses después no hubo cambios en las prisiones francesas.

Según el gobierno la solución pasa por la renovación y la ampliación de la infraestructura penitenciaria, que atienda las exigencias provocadas por el aumento de la criminalidad. La administración penitenciaria francesa prevé una población penal de 80 mil individuos para 2017.

En cambio, la oposición política y las investigaciones de un puñado de sociólogos, atribuyen a las políticas penales de los últimos veinte años, el atestamiento de las cárceles.

Desde 2000 se promulgaron cinco leyes atendiendo la problemática de la inseguridad: durante el gobierno de Raffarin -2002-2005-, la presunción general de irresponsabilidad de los menores se bajó y la edad de detención provisional se fijó a los 13 años. Después, siendo ministro del Interior el hoy presidente Sarkozy, éste elaboró la ley para la Seguridad Interior que criminalizaba más delitos menores como el pequeño tráfico de estupefacientes y tipificó nuevos, como la prostitución pasiva o las reuniones “amenazadoras u hostiles”. Ya en su presidencia se promulgaron penas fijas para los reincidentes y la “retención de seguridad”, que permite mantener detenido a quien, tras cumplir la condena, se lo considera “peligroso para la sociedad”.
Según los mismos estudios por la legislación de las últimas dos décadas las penas a más de veinte años de cárcel se multiplicaron por 3,5 entre 1996 y 2006.