Psicosociología de un motín carcelario, según Víctor Irurzun

La rotura de códigos entre presos y guardianes y la “fractura de la comunicación” entre los internos por un lado y entre las jefaturas y los agentes carcelarios son, según el experimentado juez del fuero criminal Víctor José Irurzun, las causas principales del desenlace de motines carcelarios con saldo dramático de pérdidas de vidas de internos y penitenciarios.

El interesante trabajo del juez de instrucción ya retirado, del que aquí se publica un condensado, alerta sobre los “desbalances psicológicos” que se agitan entre los actores durante los motines y que conducen a “impulsos desencadenantes como sed de venganza” entre los grupos, sostiene el magistrado.

Irurzun, catedrático de la materia “Sociología Penal” en la Universidad del Salvador en cuyo portal aparece su estudio “Psicosociología de un motín carcelario” desmenuza los factores emocionales que, a su criterio, inciden con decisivo protagonismo durante una alteración del orden en la cárcel.

Descripción
El magistrado sostiene que “nuestra cárcel tradicional es cerrada, amurallada; el preso lo es de un doble anillo contentivo de paredes y guardianes” discurre, para luego detallar las influencias físicas y psicológicas que se agitan atrás de las rejas según su tesis: sobrepoblación, instalaciones inadecuadas, personal escasamente remunerado, el defecto de un régimen progresivo y personalizado y, fundamentalmente, la pérdida del contacto con el exterior, es decir ruptura con la sociedad, despersonalización, soledad, tedio, ocio, regresión, vicio” pondera.

Afirma que “la estructura social de ese mundo, revela la existencia de agrupamientos; por un lado la jerarquía integrada por el escalafón carcelario y –por el otro- la población carcelaria”. Sostiene que “entre estos grupos se percibe un conflicto latente, antagonismo y disociación”.

Explica el juez que “el conflicto intersectorial se produce, también, entre los grupos de internos que no forman una sociedad homogénea. Por el contrario, ésta es plural, estratificada de acuerdo al delito, personalidad, jerarquía delictiva que se trae desde la calle, a las conexiones; esos grupos pueden expulsar al que no se ajuste a la "conducta carcelaria" o ingresar, por conveniencia, a un extraño”.

Aclara luego que estas normas entre internos son sancionadas por ellos; son “positivas -prestigio, privilegios- y negativas -exclusiones, ostracismo, muerte- y se aplican con todo rigor”.

“No existe coincidencia de metas entre los presos, que sólo se encuentran motivados a rescatar su libertad. Esa situación de privación, que el preso considera íntimamente injusta, lo lleva a rechazar las normas del penal y adherir, generalizadamente, a las intergrupales” de los detenidos.

Sintetiza luego que “en la cárcel los intereses de los internos no coinciden con los de la jerarquía, es decir perciben al otro –a los guardias- como enemigo, el responsable de lo que le pasa. Por su parte la jerarquía penitenciaria está preocupada por la contención. Así, el temor mutuo levanta barreras a la comunicación y comprensión, lo que favorece la adopción de actitudes explosivas” advierte Irurzun.

Etiología y dinámica de un amotinamiento
El ex magistrado recuerda que “hace ya algunos años, en una prisión cerrada, se produjo un motín de internos que motivó una violenta respuesta por parte de los guardiacárceles y que dejó como saldo una veintena de muertos”.

“Los internos sublevados mantuvieron como rehenes y luego asesinaron a nueve guardiacárceles y no explicitaron si su conducta se debía al régimen al que estaban sometidos o lo que se procuraba era la evasión”, relata Irurzun.

Cuando los presos “se entregaron y liberaron los rehenes que quedaron con vida, se produjo la respuesta por parte del personal penitenciario. Estos no comprendían lo que sucedía en los cuadros amotinados, de donde llegaban rumores de la muerte de sus compañeros apresados” recuerda el juez.

“Cuando se recuperaron las instalaciones los guardias precipitaron las tensiones acumuladas y reprimidas, sobre todo ante la narración de la forma despiadada en que habían sido ultimados sus camaradas. La reacción fue, también, irracional, mecánica, regresiva y agresiva: masas no identificadas de individuos irrumpieron donde se alojaban los internos dando muerte a quince bajo la voz de se evaden los presos" cuenta el autor.

Remata luego al señalar que los graves sucesos –aunque no lo aclara los episodios seguramente sucedieron cuando la transmisión de noticias en vivo aún no existía- se desarrollaron mientras los presos y personal penitenciario carecieron de noticias sobre la evolución del motín: “recién cuando cambiaron las fuentes informativas a raíz de conversaciones de persona a persona mantenidas entre la autoridad y los amotinados, comenzó a ceder el temor y a perder influencia los cabecillas, puntualiza Irurzun sin otra aclaración.

Conclusiones
Opina que lo acontecido “abre la hipótesis que las conexiones entre internos y guardiacárceles quedaron rotas en el proceso y una real sensación de angustia y miedo originada en la fractura de la comunicación condujo al camino elegido que más respondía a sus términos de rol, dada la carencia de canales alternativos que permitieran superar la crisis”.

“Recién cuando se superaron los impulsos desencadenantes comenzó a nivelarse el campo psicológico –de presos y guardianes- y la normalidad fue recuperada cuando quedó saciada la sed de venganza, cuando la agresión reprimida, incrementada por la transmisión en cadena de la energía acumulada, tuvo escape a través del estrechamiento del marco perceptivo y de la sensación de impunidad que otorga el anonimato” aventura el autor.

Deja Irurzun para lo último un dato que no es menor: “las protestas por las condiciones carcelarias pueden revestir formas diferentes a la del motín que encubre una tentativa de evasión, como seguramente fue el que desembocó en el sangriento hecho referido”.

Si es cierto que lo frecuente durante un motín con enfrentamientos es el ineludible mayor o menor quiebre de los códigos de convivencia aceptados en una prisión, el trabajo del ex juez debe instar a lo institucional a valorar adecuadamente la preservación de la comunicación entre la superioridad política y penitenciaria con el personal que, por su contacto cercano y constante con los hechos, es el que más mantiene expuesta su sensibilidad. -

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VIº Reunión de la REMJA: OEA pide penitenciarios en las cárceles y Chile reafirmó programa privatizador

El Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Florentín Menéndez, reclamó a los países de Latinoamérica personal específicamente penitenciario que sustituya la presencia de otras fuerzas en el manejo de las cárceles, en las deliberaciones de la VIº Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores generales de las Américas (REMJA) realizada en República Dominicana.

Por su parte la representación chilena en el encuentro reafirmó su vocación por liderar la “revolución del sistema penitenciario” regional a través de la “externalización” de los servicios carcelarios a la actividad privada, incluyendo el proceso de readaptación social de los reclusos.

“El estado de Chile procura revolucionar el sistema penitenciario, mejorando la seguridad de la comunidad, construyendo una política criminal más integrada, realzando la función especial de la pena y asegurando el respeto de las garantías que la Constitución y los tratados internacionales exigen”, precisó la subsecretaria de Justicia trasandina, Verónica Baraona.

Para ese proceso Baraona destacó las posibilidades del “sistema de concesiones de infraestructura de establecimientos penitenciarios puesto en marcha” en Chile, con la inauguración del primero de tres establecimientos de detención en los que el Estado chileno, a través de su cuerpo penitenciario de Gendarmería, sólo ejerce las funciones de control y seguridad.

La subsecretaria precisó que la modalidad de las cárceles privadas liderada por su país “no sólo comprende la construcción de inmuebles, sino que se enmarca dentro de una política pública más compleja que incluye la externalización de la mayoría de los servicios asociados a la administración de un centro penitenciario y la participación del privado en el proceso de rehabilitación y reincorporación de los internos” explicó, según informa el diario dominicano “Hoy” en su edición del 26 de abril último.

Chile, motorizado con una duradera economía próspera, ha propuesto el quiebre de la pauta penitenciaria Latinoamericana al avanzar hacia el sistema de concesión a manos privadas para la construcción y gestión de las cárceles con la activación de la cárcel de Rancagua que, junto a las de Alto Hospicio y La Serena –todas de máxima seguridad-, integran la primera etapa del “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria” chileno.

La postura chilena fue escuchada en el seno de la VIº Reunión de la REMJA desarrollada en República Dominicana, donde el relator de la CIDH para las personas privadas de la libertad –con la autoridad de ostentar la representatividad de la OEA- reclamó a los países miembros “una selección adecuada del personal penitenciario y carcelario, que requiere de la capacitación y especialización de personal no militar ni policial”.

Posteriormente Meléndez, en declaraciones formuladas al diario “Hoy” a los periodistas Tania Hidalgo y Diego Pesqueira, ratificó que “es un equívoco involucrar a la policía y las fuerzas armadas en el resguardo de las prisiones; para ello se necesita personal especializado” insistió.

El manejo de los establecimientos penitenciarios por efectivos militares y policiales es un paisaje conocido en la geografía carcelaria latinoamericana y si bien la modalidad pierde sustento acorralada por la actualidad de los sistemas de otros países –entre ellos la Argentina con una historia de casi un siglo de gestión de las prisiones con personal capacitado especialmente-, esa pauta militarizada y policial en las cárceles se resiste a desaparecer por cuestiones presupuestarias y de conveniencias.

En otro orden Meléndez llamó la atención de que “en América las cárceles son consideradas escuelas del crimen y yo creo que ese es un grave problema que se está generando en nuestro continente”. Si bien reconoció que “el deterioro en el sistema carcelario contribuye al aumento de la delincuencia en Latinoamérica”, lo adjudicó al “descuido de los gobiernos y de los Estados, así como la indiferencia de la sociedad que contribuye a incrementar la violencia delincuencial” dijo.

Se lamentó luego de “las condiciones infrahumanas en que viven miles de presidiarios” en algunos países de la región, pero se preocupó por poner énfasis en señalar que “las cárceles de nuestros países están llenas de inocentes, los que han cometido faltas leves que no tienen por qué estar en prisión y los que realmente deberían estar en prisión porque constituyen un peligro para la comunidad están libre” se quejó, para luego fustigar a “las políticas de encierro indiscriminado de personas inocentes o que han cometido faltas leves”.

Por esto Meléndez convocó a la sociedad para que se interese más por esta problemática, al tiempo que demandó a los Estados estructuren “políticas públicas de readaptación verdaderas para que la sociedad esté protegida frente a la delincuencia.

La VIº Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores generales de las Américas (REMJA) se desarrolló en la capital dominicana entre el 25 y el 27 de abril y desde 1997 es auspiciada cada dos años por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Además del Relator Especial de la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA) Florentín Meléndez, contó con la asistencia del titular de la Corte Suprema de Justicia del país anfitrión, Jorge Subero Isa; el secretario general adjunto de la OEA, Albert Ramdín y el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque.

También participaron el nuncio apostólico en República Dominicana Timothy Broglio; el jefe de la Policía Nacional, mayor general Bernardo Santana Páez y el embajador de los Estados Unidos, Hans Hertell. Ocupó la presidencia de este encuentro el Procurador General dominicano, Francisco Domínguez Brito.-


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Fotografía: el Relator Especial de la OEA Florentín Meléndez. (foto diario "Hoy Digital")