miércoles, febrero 22, 2006

Buenos Aires: Di Rocco dijo que será "pronta" la nueva ley de excarcelación


El ministro de Justicia de Buenos Aires, Eduardo Di Rocco, reafirmó el impulso oficial y legislativo destinado a “la pronta sanción de la nueva ley” de excarcelación provincial, que modificará el actual sistema flexibilizándolo al otorgar a los jueces “la oportunidad de decir en qué caso corresponde la prisión preventiva” puntualizó.

“Esta modificación no es una reacción espasmódica ante una situación coyuntural, sino el encauzamiento del proceso penal luego de la distorsión que le significó al sistema la ley 12405, con las consecuencias por todos conocidas” explicó Di Rocco, aludiendo a la norma promulgada por iniciativa del ex gobernador Carlos Ruckauf que avanzó sobre la discrecionalidad de los jueces al imponer un rígido marco legal a las excarcelaciones.

Una de las consecuencias de esa norma a las que se refirió el funcionario fue el atestamiento de las cárceles y comisarías provinciales por el espiral de aumento de las prisiones preventivas obligadas por la citada ley, lo que todavía hoy desvela al gobierno provincial.

El ministro especificó luego que “nuestra intención es que en definitiva sean los jueces, en cada caso concreto y en el marco de un proceso penal constitucional, quienes definan los alcances de las medidas, es decir que sea cada juez el que tenga la oportunidad de decir en qué caso corresponde la prisión preventiva y no como hoy, que tiene un régimen tabulado”.

Di Rocco se reunió con senadores de distintos bloques para avanzar en la modificación de la ley que regula el marco excarcelatorio en la provincia y tras el encuentro aseguró que “se avanzó en losconsensos para la pronta sanción de la nueva ley” informó oficialmente el Ministerio de Justicia bonaerense sin especificar plazo estimado para la aprobación legislativa del proyecto.

Para el funcionario “este proyecto es una más de las medidas que perfilan la política judicial y carcelaria para los próximos años, como el aumento de plazas carcelarias, el fortalecimiento del Patronato de Liberados, y la creación de fiscalías descentralizadas para acercar la Justicia a la gente” detalló finalmente el ministro.-

lunes, febrero 20, 2006

Consejo desaconsejado

Todo indica que el miércoles la Cámara de Diputados de la Nación podría aprobar la reforma del Consejo de la Magistratura por el voto afirmativo de la mitad más uno de sus miembros. Si esto se consumara, la Argentina sufrirá un nuevo retroceso institucional.

Porque, entre otras consecuencias que asociará esa decisión, habrá un nuevo deterioro para la legitimidad de la Justicia.

Prisiones y Penas ya ha señalado que esa legitimidad está cuestionada cuando la gente tiene dudas sobre su sistema judicial. Y en la Argentina la gente tiene dudas sobre su sistema judicial.

Entre los cuestionamientos se enfoca el proceso de designación de los jueces y el de la investigación de su conducta. Es precisamente la misión que la reforma constitucional de 1994 dio al Consejo de la Magistratura: entender, con el designio de transparentar, el proceso de nombramiento y remoción de los jueces y la administración del Poder Judicial.

La reforma propuesta para ser votada por los diputados pasado mañana enflaquece las garantías que debe asociar la selección y destitución de quienes reciben la delicada facultad de hacer justicia, al volcar sobre el ala política del Consejo de la Magistratura el poder de las decisiones. Más precisamente al volcar sobre la representación de la mayoría política en el organismo, esto es el oficialismo en turno, el poder de las decisiones.

Porque la esencia de la reforma pretende reducir el número de sus actuales 20 integrantes a 13 miembros, lo que no sería preocupante si ese recorte preservara el equilibrio. En cambio, la modificación propuesta reduce todas las representaciones en el Consejo de la Magistratura menos la de signo oficialista.

Es decir mantiene los dos senadores y dos diputados del oficialismo; también la figura del representante del Poder Ejecutivo en el organismo; reduce de dos a uno el número de senadores y diputados por la oposición; suprime la figura del presidente de la Corte Suprema –hasta ahora titular del Consejo-; baja de cuatro a tres la cifra de jueces; de dos a uno el integrante académico y de cuatro a dos los representantes de los abogados.

La modificación no mejora el funcionamiento del organismo. Si como se pregona logra agilizar sus tiempos, ese beneficio es una anécdota.

Una nadita cuando en la práctica la nueva composición del Consejo de la Magistratura facilitará al oficialismo, cualquiera sea, con cinco votos asegurados, el poder de veto sobre la designación y remoción de los magistrados.

Es lo contrario de lo que necesita la Justicia cuestionada en su legitimidad. Porque asociará más dudas de la gente sobre el funcionamiento de su sistema judicial.

No es tampoco lo que precisa el país. Menos todavía lo que sugeriría una auténtica vocación republicana que postula la independencia de los tres poderes.

Porque todo acto que en sus consecuencias contribuye a la acumulación institucionalizada –es decir legal- de poder, es un deterioro para la república.

Y la reforma a la ley de constitución del Consejo de la Magistratura es una potencial nueva vía de acceso a la injerencia del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Un retroceso institucional.-