Dividendos y miedos por la gestión privada de cárceles

La controvertida empresa británica Serco acaba de asegurarse un nuevo contrato para gestionar los centros de detención de inmigrantes de Australia.

El 29 de junio pasado el Departamento de Inmigración y Ciudadanía (DIAC) de Australia, anunció la firma de un contrato de servicios de detención por cinco años y un valor de 370 millones de dólares con Serco.

De origen británico, Serco es un "outsourcing" -subcontratación a terceros- con 600 contratos maytormente con los gobiernos de 35 países, y se estima que 2 mil millones de libras los proporcionan los contratos de prisiones y seguridad.

En el Reino Unido, los contratos para seguridad de Serco incluyen la gestión de servicios de custodia a los tribunales y control electrónico de arrestos domiciliarios así como cinco cárceles, dos "centros de formación" juveniles, dos centros de detención de inmigrantes y 16 servicios de salud de centros de detención y prisiones.

Con un contrato para construir y gestionar dos prisiones más en el Reino Unido anunciado el mismo día que el acuerdo australiano, la empresa se convertiría en el mayor gestionador penitenciario privado del Reino Unido.

Se trata de un sector —tal como prevé Serco en su informe anual de 2008— que continuará brindandoportunidades de expansión tanto en el Reino Unido como en Australia.

Serco dirige ya dos cárceles en Australia y aspira a conseguir los contratos penitenciarios de Parklea y Cessnock en Nueva Gales del Sur. Lo hará en reemplazo de la Global Solutions Limited (GSL), culpada por un juez de instrucción de Australia Occidental de la muerte de un aborigen bajo su custodia.

Aunque Serco presenta un historial limpio en Australia —donde todavía no ha gestionado ningún centro de detención de inmigrantes —la empresa es cuestionada en el Reino Unido. "Creemos que son responsables de continuadas violaciones de derechos humanos en los centros de detención que gestionan y hemos testimoniado las evidencias médicas que lo demuestran", afirma Emma Ginn, coordinadora de Medical Justice, una red de médicos, abogados y defensores que controlan el tratamiento médico y los regímenes de diez centros de detención de inmigrantes en Inglaterra.

En contrapartida, la portavoz de Serco, Emma Needham, se remitió a los comentarios, citados por la prensa australiana este año, donde el historial de derechos humanos de la empresa aparece impecable lo, asegura, se vio ratificado en los informes de la Inspección de Prisiones de Su Majestad en Inglaterra.

No obstante, en el informe de su última vista al centro de detención de Colnbrook, el Inspector jefe de Prisiones, registró inquietudes en torno a la seguridad, inadecuado suministro de servicios y las infracciones de derechos humanos. En el otro centro de detención de la empresa, Yarl's Wood, 20 detenidos se declararon en huelga de hambre el mes pasado en protesta por las deficientes condiciones y atención sanitaria, así como por la detención de niños. Después de varios días, una sentada organizada por el grupo fue disuelta por funcionarios de Serco. Los presos sostienen que se reprimió y hubo heridos y familias que fueron separadas durante la operación.

De acuerdo con Emma Ginn, el historial de Serco no difiere de modo significativo de otras empresas privadas de cárceles en el Reino Unido. En su informe de 2008, Medical Justice recopiló información sobre cerca de 300 presuntos ataques a detenidos por inmigración ilegal, sucedidos en su mayoría mientras se desplazaba a los apresados entre centros o se los deportaba.

Al tiempo que reconoció mejoras en las instalaciones y servicios en años recientes, la Comisión de Derechos Humanos de Australia (CDHA), en su Immigration Detention Report, advirtió el "ambiente regido por la seguridad" en los centros de detención. Y refirió el nuevo centro de Christmas Island por ser "una imponente instalación de alta seguridad" que no debería utilizarse para la detención administrativa.

FOTO: la prisión de Colnbrook en el Reino Unido.

Un muerto cada tres días en cárceles bonaerenses, según Comité provincial

Cada tres días murió un detenido en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, en 2008, lo que marcó un aumento del 10% respecto de 2007. El 31% de las muertes ocurrió en peleas, asesinatos, heridas de arma blanca, electrocución y suicidio por ahorcamiento.

Cada día, en los penales bonaerenses se registrarían 19 hechos violentos. El año pasado se comprobó ante la Justicia el uso de la picana eléctrica para torturar a un interno. También aumentó el número de mujeres detenidas y acusadas por tenencia simple de drogas.

De acuerdo con los informes remitidos por el Poder Judicial, el año pasado hubo 7.027 hechos violentos, a razón de 585 por mes.

Los datos surgen del informe anual del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, que fue presentado el 6 de agosto último en el Colegio de Abogados de La Plata.

La estadística, con cifras elaboradas por el Comité contra la Tortura no precisamente un defensor de la cárcel como institución, no fue sin embargo refutada oficialmente hasta ahora.

Durante 2008 murieron 112 personas en el sistema penitenciario provincial, lo que implica un crecimiento del 10% con relación a 2007, cuando perdieron la vida 101 presos.

“La tortura sigue siendo práctica generalizada en las cárceles provinciales. El submarino seco, los palazos, las golpizas, la picana eléctrica, los traslados constantes, las duchas o manguerazos de agua helada, el aislamiento como castigo, constituyen un muestrario de prácticas vigentes en cárceles provinciales”, afirma el informe.

La población femenina en unidades carcelarias también creció: mientras que en 2007 representaban un número menor al 3%, para 2008 representaron el 4,1% del total de detenidos. Un porcentaje bajo en relación con la población penal total, que en los distintos sistemas penitenciarios nacionales y extranjeros habitualmente alcanza al 10%.

El 25% de las mujeres entrevistadas ha sufrido agresiones de personal penitenciario. Un 85% de las mujeres están con prisión preventiva, asegura el informe del Comité contra la Tortura de la provincia de Buenos Aires.

También criticó la presentación la gestión del ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli: “Representó un retroceso. Los resultados de esa política fueron el uso cada vez más extendido de prácticas arbitrarias como las torturas, suicidios sospechosos en comisarías y un nuevo caso de desaparición forzada de persona: el joven Luciano Arruga, de 17 años, que fue visto por última vez en una comisaría de Lomas del Mirador”.

Foto: la cárcel de Olmos, Unidad 1 del Servicio Penitenciario bonaerense, la más conflictiva de las cárceles del distrito.