Motín en Santiago del Estero: el valor de la información

Treinta y cuatro reclusos muertos en el motín que se desató la semana pasada en la Unidad Penal 1 de Varones de Santiago del Estero, pasaron a engrosar la larga lista de muertes producidas por catástrofes en las cárceles argentinas.

El saldo resultó pavoroso. Pero fue peor. La ausencia de información confiable sobre el verdadero alcance del motín santiagueño, agigantó el dramatismo del acontecimiento. Lo que pudo y debió informarse en horas, se postergó cuarenta y ocho. Fueron dos días de incertidumbre para familiares de los detenidos, el mismo personal penitenciario, los observadores y el periodismo que es el que traslada las novedades que la gente cree.

Más allá del peso de la cuestión informativa, de lo que nos ocuparemos abajo ¿Quién tiene la culpa de lo sucedido en la Unidad 1 de Santiago? Como conocedores de los intramuros, quienes hacen “Prisiones y Penas” no pueden adelantar conclusiones responsablemente. Los equilibrios inestables que son la característica principal del funcionamiento de las cárceles se basan en un abanico tan grande de factores, que no puede hacerse otra cosa que esperar y confiar en las investigaciones y el accionar de la Justicia para conocer cuál fue el desestabilizador y adjudicar las culpas. Sobre todo, cuando la carencia de información confiable es la particularidad que gobernó este sangriento motín.

El valor de la información
¿El por qué de la falta de información confiable? La respuesta tiene dos vertientes: una penitenciaria y otra política.

Sobre la primera: la profesión penitenciaria en la Argentina, de manera generalizada, está ajustada por ley a premisas inflexibles de reserva sobre la identidad de los presos y sus regímenes de detención. Es lo primero que se hace saber al personal carcelario en la Argentina durante sus entrenamientos y formación laboral. Una infidencia sobre esos temas puede costar un proceso judicial al autor y cortes abruptos de sus carreras. Este celo puede o no gustar, pero tiene argumentos de peso a su favor: la no estigmatización del recluso ante la sociedad.

Frente a este panorama sucede lo que puede esperarse: que el personal carcelario informe lo menos posible como medida saludable para sí mismo. Haya o no haya responsabilidades propias por acción u omisión, en el manejo de las unidades penales. De esto surge claramente que se puede aguardar mucho menos que más de las cárceles, informativamente hablando.

Se suma a esto la cuestión política: los gobiernos, de la Nación y provinciales, a su vez como medida políticamente saludable para sí mismos, han decidido manejar directamente la información carcelaria ordenando silencio total a las jerarquías penitenciarias.

Esto funciona plenamente hoy y es la solución que las autoridades han encontrado para manejar un tema que a cualquier gobierno resulta políticamente riesgoso como es el de las cárceles. Manejo político directo para optimizar el caudal y la calidad de la información y, de esta manera, minimizar las culpas propias que pudieran quedar evidenciadas. Nunca la información carcelaria ha estado tan acordonada políticamente como en la actualidad, siguiendo el lineamento general del gobierno en todas las otras áreas.

Esto tuvo un peso decisivo en la carga de dramatismo que se vivió en el motín del penal de Santiago del Estero: si ese componente dramático se pudo haber cortado la misma madrugada de los acontecimientos con una declaración pública del juez de la causa contundente y terminante, los miedos a la misma cárcel, superada largamente en sus límites, y a brindar información, avivaron el incendio durante dos días.

Otra vez en la cuestión carcelaria, la información adecuada en tiempo y forma estuvo ajena a la necesidad de los acontecimientos. Y todos sufrieron demás por eso.

Reclamos desde el exterior
El saldo estremecedor que dejó la revuelta santiagueña llegó lejos: desde Wáshington, el 6 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno argentino que investigara el incendio que terminó con treinta y cuatro reclusos muertos en el penal de Santiago del Estero y tomara los recaudos necesarios para "evitar que tales hechos de violencia y pérdidas de vidas humanas se repitan en el futuro".

El reclamo lo formuló la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH a través de un comunicado de prensa para expresar su "preocupación" por lo ocurrido en la Unidad Penitenciaria N° 1 de esa provincia argentina.

La CIDH sigue de cerca el sistema carcelario en la Argentina desde hace años que si bien está seguramente lejos de ser el peor de la región, a la vez no puede superar sus problemas de raquitismo presupuestario, gestión y de condicionamiento ideológico por encima del jurídico-penal del que depende.

Fotografía: www.noticiasdebomberos.com.ar