Sobre la jerarquización profesional penitenciaria

El ministro de Justicia de la provincia argentina de Buenos Aires, Ricardo Blas Casal, aseguró días pasados en una ceremonia institucional, que desde el gobierno del distrito“haremos todo lo que esté a nuestro alcance para jerarquizar la institución penitenciaria” y especificó que “los empleados de esta institución son el motor del sistema”.

Las palabras del ministro reiteran dichos similares formulados por anteriores gobiernos que en la práctica nunca llegaron a acciones concretas: la síntesis de parvas de promesas realizadas a través de décadas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es un trabajo penitenciario casi no reconocido por la ciudadanía y tampoco reconocido en los sueldos de los agentes. No existió la jerarquización tantas veces prometida.

Escenarios calcados se detectan sin fronteras que los circunscriban: se dan en la mayoría de las provincias argentinas y en la mayoría de los países de la región centro y sudamericana.

Hay una esencia del tema de la jerarquización del trabajo penitenciario que no es seguro que los funcionarios perciban como tal. Por lo menos así lo deja inferir la ausencia de mensajes y acciones dirigidos a ponderar esa cuestión con esa característica vital. También así por lo menos lo dejan pensar los ínfimos montos de sueldo que los gobiernos destinan a un guardia de cárcel para realizar un trabajo calificado como “penoso” por las Naciones Unidas.

Una jerarquización concreta
La jerarquización del penitenciarismo se encuentra claramente y está presente como principio en la legislación argentina: “la reinserción social del condenado”, según fija la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660.

El problema es que los designados para tener a cargo las instituciones carcelarias no transmiten a los hombres y mujeres trabajadores de la cárcel cuál es el norte de la jerarquización y dónde está su futuro insustituible: el del tratamiento penitenciario de los presos.

No se escucha entre los funcionarios, quien diga con convicción a los penitenciarios de la región que su futuro es el de apuntar hacia y sostener el tratamiento de los presos como horizonte profesional.

Apuntarlo y sostenerlo por dos razones concretas, tangibles, que se pueden ver y tocar: porque mejorar las tasas de reinserción social de los liberados es decididamente un logro laboral jerarquizador capaz de ser reconocido por la ciudadanía sin discusión y, en segundo término, porque el penitenciario debe conceder que una tarea de vigilancia y custodia ya no lo jerarquizará.

Sencillamente porque ese trabajo lo puede realizar un integrante de cualquier fuerza de seguridad. Simplemente con escuchar la orden de que “nadie se fugue”. Sencillamente también, por si hace falta decirlo, porque esa tarea la realizan en algunos sistemas penitenciarios de la región hombres cuya preparación como guardias de cárceles les toma el tiempo de aprender a disparar un fusil con razonable puntería. Después de eso a las murallas...

Los penitenciarios saben que hay colas de postulantes decididos a aprender a manejar un fusil. Pero no hay muchos dispuestos a asistir a cursos de formación anuales que jerarquicen su trabajo capacitándolos para operar, supervisar y decidir en un tratamiento penitenciario.

Por allí, con algunos agregados y matices, pasa la jerarquización penitenciaria. La que ponderará la sociedad. Para bien de todos.

Esa jerarquización busca autoridades decididas a trasladar a las instituciones carcelarias el mensaje jerarquizador de la profesión: estar formado para reinsertar, para recortar las tasas de reincidencia criminal. Es el desafío penitenciario a enfrentar en el futuro.

Autoridades también decididas a plantear lo delicado del trabajo carcelario a los más altos estamentos de los gobiernos y, por esto, su necesidad de ser jerarquizado transitando un horizonte resocializador que, no puede obviarse, demanda salarios suficientes para exigir la capacitación.

Este trasfondo jerarquizado servirá de mucha mejor base a la “ampliación de los jardines maternales y de infantes que resolveremos brevemente” y a los“nuevos criterios de selección de personal y de clasificación de los internos para disminuir los índices de violencia en las cárceles”, que prometió el ministro Casal para los agentes del Servicio Penitenciario bonaerense al hablar en una ceremonia.

El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires hizo estas promesas al presidir la semana pasada el acto de inauguración del ciclo lectivo 2008 del Instituto Superior de Formación y Capacitación del Personal Penitenciario bonaerense en la ciudad de La Plata.

La ocasión, como iniciación de un esfuerzo capacitador, fue inmejorable para dar, desde el ministerio de Justicia bonaerense, un empujón a la jerarquización de la profesión penitenciaria: en ese instituto unos mil agentes cursan tres carreras terciarias: Tecnicatura en Ejecución Penal, en Recursos Humanos y en Seguridad Institucional. Los egresados obtienen título oficial de la Dirección General de Escuelas de la provincia.

Foto: ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Blas Casal.

Congreso europeo sobre la cárcel: no a "torturas blancas" y a legislar a "golpe de noticias"

El 29 de febrero y 1 de marzo se realizó en Pisa el Congreso Internacional de Abogados Europeos Demócratas que al tratar la problemática “La cárcel en Europa: entre la reinserción y la exclusión” rechazó el uso de las “torturas blancas” en las prisiones, no dio aval a la penas de cadena perpetua para menores dictadas en el Reino Unido y Holanda y, demorado, tomó nota de la aparición de la figura del “garante” que, por ejemplo en Argentina, está vigente desde principios de los ´90 bajo la denominación de “Procuración Penitenciaria”.

El Congreso incursionó en tres cuestiones ponderadas como centrales: las condiciones de detención en Europa; los sujetos de exclusión –presos extranjeros y drogadictos por ejemplo-; las medidas alternativas a la prisión y, en un alerta que toca a no sólo a países europeos, sino también a los Centro y Sudamericanos, cuestionó a los gobiernos que “se dedican a legislar a golpe de noticias sensacionalistas bajo el sometimiento a la opinión pública la cual está, a su vez, a merced de los medios de comunicación”.

Carencias de seriedad
La postura inaugural la planteó el doctor Luigi Ferrajoli, profesor de Teoría General del Derecho de la Universidad de Roma, quien recorrió la actualidad de los sistemas penales estudiados y les adjudicó males comunes “difícilmente explicables en la Vieja Europa, portadora y abanderada de los derechos que las grandes civilizaciones de la historia declararon propias del hombre por ser inalienables y comunes a todos ellos”.

Por "difícilmente explicable" el Congreso denunció la gestión en Europa de “gobiernos que, carentes de la seriedad y rigor necesario para abordar una política integral de seguridad pública, se dedican a legislar a golpe de noticias sensacionalistas, bajo el sometimiento a la opinión pública la cual está, a su vez, a merced de los medios de comunicación”.

Sorprendentemente para otras partes del mundo, Ferrajoli coincidió a pleno con lo que sucede en los países de Centro y Sudamérica –y la Argentina es una muestra nítida de ese problema-, donde la legislación –también en lo penal- no está a la altura de las necesidades de una república y en muchos casos la ignora o pisotea.

En otros tramos de su disertación el estudioso señaló que en el Viejo Mundo disminuyeron los delitos graves en las últimos cuatro décadas con menos de la mitad de violaciones, homicidios y asesinatos para luego subrayar que, en contrapartida, a cada uno de estos crímenes hoy se les dedica “medio noticiero o un programa completo” de televisión.

“Eso provoca una desorbitada alarma social que reclama cada poco tiempo un endurecimiento de las leyes penales” advirtió con justeza y, podría decirse, con una dosis de dramatismo, el especialista.

Más temas
Los abogados reunidos en el congreso de la itálica ciudad de Pisa sesionaron con un trasfondo de crítica a los sistemas que, dijeron, “castigan más hechos que antes y más duramente”. En ese sentido se cuestionó “un excesivo uso de la pena de prisión para punir penalmente conductas que podrían saldarse con penas menos gravosas para el infractor y la sociedad en su conjunto” se señaló.

Puntualizaron seguidamente que el hacinamiento carcelario es una “inevitable consecuencia de lo anterior” y la masificación del encarcelamiento asocia “el fracaso de cualquier apuesta reinsertadora –social- en la ejecución de la pena privativa de libertad.

Observaron “una grosera” criminalización de los pobres en comparación con la represión que se hace de los delitos “de cuello blanco” y se postuló que la represión de delitos económicos no debe castigar a sus autores simplemente con prisión, con penas reducidas por defensas bien remuneradas, mientras se quedan con el dinero mal apropiado: “mejor sería castigarlos duramente en su patrimonio primero y valorar después la conveniencia de una pena de prisión” planteó el Congreso.

Se llamó la atención sobre la problemática de encarcelamiento de extranjeros y se puntualizó que “las leyes de inmigración más que para impedir la llegada de inmigrantes a Europa sirvieron para crear bolsones de ilegales y la obstinación en no facilitar la regularización de inmigrantes induce a que “se conviertan potenciales delincuentes: “no hay ciudadano que cumpla mejor la ley que un extranjero legalizado, sólo por el miedo a perder tal condición” alertaron los abogados.

Datos
Otras temáticas enfocaron, por ejemplo, al Reino Unido que “impresionó” con su sistema penal para menores que prevé la cadena perpetua. Holanda y el Reino Unido son los países que más duramente castigan a sus menores, aún cuando las estadísticas no mostrarían resultados mejores de tasa de criminalidad y reinserción que otros sistemas de menores más flexibles el italiano dice la corriente garantista.

También se informó que en la ciudad de Pisa hay una figura novedosa en el entorno penitenciario: el “Garante”, es decir el Procurador Penitenciario en Argentina, creado en la década del ´90 y que en los últimos diez años mantiene una crucial puja de identidad en su interior: no ha resuelto si dedicarse más a la situación de sus defendidos, los presos, que a hacer prensa de su gestión.

Volviendo a la nueva figura del “garante” en Europa, tiene apoyo en la ONU y en el Consejo de Europa si bien hasta hoy se desarrolló únicamente en la ciudad anfitriona del congreso, Pisa. Aquí también la instancia intenta preservar los derechos de los detenidos dependiendo del Ayuntamiento de la ciudad.

En particular, el Congreso escuchó a una abogada americana que asiste a presos de Guantánamo y aprobó una "Conclusión" en contra de esa prisión por el uso de las denominadas “torturas blancas” como el aislamiento prolongado – también se criticó a España cuya legislación permite una mayor duración de aislamiento-; el castigo de la prohibición de visitas y comunicaciones con familiares; los servicios médicos insuficientes y los traslados constantes -se comentó el caso de un interno que sufrió 24 traslados en 8 meses-.

El Congreso de Abogados Demócratas de Europa sesionó con el auspicio de la Unión de Tribunales Penales Italianos y la Universidad de Pisa y del Ministerio de Justicia italiano.

Una frase final que debe rescatarse de lo producido por el Congreso la dejó el profesor Ferrajoli al postular que “mientras la cárcel exista debemos intentar que sirva para algo: si no se puede conseguir de ella que tenga un efecto correctivo, al menos que no tenga un efecto corruptivo”.