Bachelet y por qué de nuevas cárceles: "Por un país más seguro, para ser más libres"

La presidente de Chile, Michelle Bachelet, aprovechó la firma de los decretos de construcción de 16 mil plazas carcelarias para reafirmar que desde el gobierno “luchamos por un país más seguro, porque así somos más libres, donde se respetan los derechos de todos", en un enfático mensaje de prioridad política de la seguridad “como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía” ponderó.

"La gran diferencia en una sociedad democrática como la nuestra es que no queremos que las cárceles sean una escuela del delito, producto de su hacinamiento y de su inseguridad", puntualizó la presidente al firmar el decreto “supremo”, bajo el que se construirá Complejo Penitenciario Santiago I incluido en el programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria gestionado por el Ministerio de Justicia.

De esa manera la máxima autoridad chilena insistió en la decisión oficial de proponer mayor seguridad a la ciudadanía y desplazar la tolerancia contra quienes violan la ley, como se da en países vecinos donde por designio político se descuida a las mayorías para proteger a grupos que la agreden avanzando sobre sus derechos por las buenas o por las malas.

Bachelet procuró dejar bien en claro esta diferencia en uno de los tramos centrales de su discurso donde sostuvo que este programa apunta a "una política donde la justicia está orientada y pensada en los ciudadanos, donde luchamos por un país más seguro, porque así las personas somos más libres, donde se nos respetan los derechos de todos".

Dentro del plan de seguridad que lanzaba en el segmento carcelario, la presidente de Chile no endulzó sus palabras para referirse a quienes optan por la delincuencia y les advirtió que el gobierno gastará en la construcción de nuevas prisiones para "contar con un mejor lugar, más seguro y adecuado para una reclusión efectiva de los infractores de la ley; para esto hay mejores medidas de seguridad, mayor infraestructura y uso de tecnología", manifestó.

Insistió con la misma línea de pensamiento que "es sin duda para nosotros absolutamente claro que la seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y también uno de los objetivos centrales de la acción de mi gobierno".

En la oportunidad, señaló que la activación del recinto carcelario que inauguraba se enmarca en “una política en marcha, a la que han contribuido instituciones públicas como privadas y de la que también forman parte la reforma procesal penal, el Plan Cuadrante de Carabineros –cuerpo carcelario-, la Estrategia de Seguridad Pública y el Programa de Concesiones de Cárceles.

La presidente explicó que la obra es de moderna infraestructura que emana de una renovada concepción de gestión estatal, la que ejemplificó con el programa de concesiones de cárceles.

Al respecto detalló que la iniciativa en su totalidad contempla 10 grandes recintos penales en todo el país. Con el programa se “hará que el sistema cuente con 16 mil nuevas plazas y más de 360 mil metros cuadrados adicionales de infraestructura, lo que equivale al doble de lo que se ha construido en la historia del sistema penitenciario chileno” destacó.

Del mismo modo, indicó que "este nuevo penal en Santiago va a permitir, en esta primera etapa, aliviar sustantivamente –la sobrepoblación penal- y luego, cuando tengamos Santiago II, terminar con el grave problema de hacinamiento de la Penitenciaría de Santiago" finalizó.

Insólito: gobierno británico pide a jueces recortar encarcelamientos

Con sus cárceles híperpobladas, el gobierno de Gran Bretaña sugirió a los jueces, por escrito, lo impensado: que recorten la cifra de delincuentes que envían a la cárcel para atenuar la emergencia del alojamiento penitenciario.

Fue el «Daily Mail», diario conservador una de cuyas líneas editoriales es la lucha contra la delincuencia, la que dejó perpleja a la sociedad inglesa con su portada “¡No encarcelen a más criminales!” al informar sobre la insólita solicitud de institucionalizar la “clemencia” judicial formulada por gobierno, como medida desesperada para que las prisiones no revienten después de sobrepasar la capacidad máxima de 80 mil presos en Inglaterra y Gales.

La oposición consideró “un escándalo” que oficialmente se pida a los jueces dictar sus sentencias condicionadas a los índices de sobreocupación de las prisiones, en lugar de ponderar la gravedad de los delitos.

Es tan grave el hacinamiento carcelario británico que el ministro del Interior, John Reid, un “duro” entre los funcionarios “duros” según se lo conoce, no tuvo más remedio que dar la cara, mejor dicho la firma, solicitando a los jueces en una carta que los procesados que consideren no peligrosos para la comunidad sean puestos en libertad para liberar cupos en las celdas ahora valorizadas por la emergencia.

“No debemos malgastar el dinero de los contribuyentes para mantener encerrados a los criminales menos serios", argumentó Reid cuando defendió su iniciativa al enfrentar las gruesas burlas de la oposición conservadora.

“Es un escándalo” enfatizó la oposición en repudio a la intención del gobierno de “aconsejar” a los jueces que, más allá de las acusaciones, consulten las cifras de hacinamiento penitenciario antes de decidir una privación de la libertad.

Por otro lado, el ministro del Interior analiza la posibilidad de conceder la libertad condicional a los condenados a menos de un año de cárcel para desocupar celdas, incluso corriendo el riesgo de que los liberados reincidan en el delito.

Otras alternativas desesperadas estudiadas por Reid para oxigenar los apretados espacios penitenciarios son la reapertura de cárceles desactivadas anteriormente; alojar presos en calabozos de comisarías, galpones militares e, incluso, activar barcos-prisión.

La polémica por el insólito pedido gubernamental a la Justicia brotó mientras se construyen nuevas cárceles que están perdiendo la carrera contra la dinámica de la delincuencia en Gran Bretaña.

Desde que escaló al poder, el laborismo inglés alardeó de su “mano dura” contra la delincuencia, la que ha tenido que ablandar por no haber construido las prisiones suficientes para que esa promesa política resulte viable.

El gobierno puso en marcha un programa de construcción de cárceles de 8 mil nuevas plazas, aunque éstas no podrán ser ocupadas hasta dentro de cuatro años. Hasta ese momento parece que las autoridades dependerán de estas y otras medidas extremas e insólitas que les permitan sobrellevar la problemática situación.