Cuestionan duramente sistema de cárceles privadas

El director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Elías Carranza, advirtió que “sería un grave error tratar de resolver la situación de horror que se vive en los centros carcelarios de Latinoamérica privatizándolas, ya que resulta un negocio que agrava el problema penitenciario”.

Por su parte el académico del ILANUD, Stephen Nathan, también embistió contra la gestión privada de las cárceles al sostener que “hay un patrón bien documentado de que el personal de esas cárceles está mal capacitado, tiene bajos salarios y trabaja con una alta rotación de los empleados” detalló.

Las posturas coincidentes en desalentar el sistema carcelario privado, que sigue creciendo en los Estados Unidos y países avanzados de Europa -Gran Bretaña, Holanda y otros-, se manifestaron con esta contundencia en el “Seminario sobre Sistemas Penitenciarios y Derechos Humanos” patrocinado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México.

Según estudios de la Universidad de California, hay “una baja inversión en la mano de obra y, si se comparan poblaciones sometidas a iguales regímenes de seguridad, las prisiones privadas tienden a ser más violentas que las públicas” opinó Nathan.

“En el sector privado existe sólo el interés de sus accionistas para hacer más dinero y para eso necesitan que haya más gente dentro del sistema de justicia criminal”, advirtió el investigador sin eufemismos.

“A nivel mundial, los resultados de privatizar los centros penitenciarios han sido negativos, pues el sector privado no ha cumplido sus promesas al hacerse cargo de esos sistemas” en los distintos segmentos que plantea, añadió por último Nathan.

La información del “Seminario sobre Sistemas Penitenciarios y Derechos Humanos”, difundida entre otros medios por Notimex-La Jornada On Line de México, no indicó si en el seminario se abordó en términos comparativos, y con qué grado de precisión, cuánto cuesta a los contribuyentes latinoamericanos la burocracia, la baja producción y la corrupción de sus sistemas carcelarios estatales y qué influencia tienen estos factores sobre la consistencia de los regímenes de detención de los presos.

Del director del ILANUD
En otro tramo de su alocución, Elías Carranza consideró que entregar a manos privadas el sistema penitenciario no sería lo indicado “porque se dejan de lado los costos o la eficiencia con que se pueden ejecutar las sanciones, con el consecuente riesgo de que ese trabajo se convierta en un negocio” alertó.

Desde el punto de vista “político criminal” activar una cárcel privada en un sistema penitenciario “que tiene varias unidades sobrepobladas, así como carencias materiales y de personal, crea una situación de privilegio para un pequeño grupo a la par que aumenta el deterioro del resto del sistema, añadió Carranza en la jornada académica penitenciaria.

La administración de los centros carcelarios es planteada por las empresas con una duración de veinte años o más e incluye el manejo de la guardia interna. Esta “es la parte central del negocio y la que produce mayores ganancias” enfatizó Carranza.

En el caso del país anfitrión del seminario, México, el especialista pronosticó que “a largo plazo la privatización puede resultar peor de lo que el sector público puede ser actualmente o a futuro”.

La industria de las prisiones privadas surgió en Estados Unidos en la década de los ochenta “pero no fueron diseñadas por expertos de justicia criminal con las mejores prácticas, sino por empresarios que ven oportunidad de negocios muy lucrativos”, concluyó el titular del ILANUD.

Irregularidades en cárceles privadas británicas
El uso británico de aumentar el número de prisiones administradas por empresas privadas fue denunciado por un reportaje encubierto, realizado por el diario “The Guardian” el mes pasado.

De acuerdo a dichos de un custodio de la cárcel de Rye Hill, en Warwickshire, dentro de los predios penales de ese establecimiento los presos disponen de teléfonos móviles, acceso a drogas de alta calidad y pueden intimidar a los guardias.

La cámara oculta muestra como la población penal accede a la telefonía celular, a pesar de las reglamentaciones en contrario. En los “últimos tiempos” las guardias de las cárceles privadas requisaron casi cincuenta aparatos, consignó el periódico.

Según John Bates, director de Comunicación Corporativa de la compañía Global Solutions Limited, que gestiona Rye Hill, las posibilidades de los presos de hacerse de teléfonos móviles es “un problema permanente” en esa instalación de supuesta alta seguridad.

El periodista “infiltrado” en la cárcel registró cómo uno de los reclusos le ofreció mil quinientas libras esterlinas -casi tres mil dólares- por introducir narcóticos al establecimiento penitenciario, dinero que se comprometió depositar en una cuenta bancaria de la empresa de internacional de correo Western Union. El preso aseguró haber realizado antes esas operaciones.

Según el informe del diario también los reos pueden amenazar a los custodios si éstos hacen cumplir la ley y les impiden hacer negocios dentro de la cárcel.
La investigación realizada junto a la cadena de radio y televisión BBC, se dio luego que un preso se suicidó en Rye Hill y la justicia cesanteó a los custodios del sector.

La denuncia periodística también aparece cuando se sabe que más de la mitad de las ocho mil plazas carcelarias que pretende construir el gobierno laborista del primer ministro Tony Blair, estará en manos privadas.

En contrario, el vocero para asuntos del Ministerio del Interior del opositor Partido Liberal-Demócrata, Nick Clegg, consideró que la indagación periodística levanta serias dudas sobre la conveniencia de emplear el sector privado para dirigir cárceles.

Un "chileno de corazón" también embiste

Bajo el seudónimo de "Chileno de corazón" un lector se dirigió a "Prisiones y Penas" para transmitir su conocimiento y lo que piensa sobre el sistema privado de prisiones. Tampoco fue favorable.

Aquí el texto de su carta y le agradecemos su contacto con esta página:

"Las cárceles concesionadas en Chile solo enfocan la atención en brindar una mejoría en la infraestructura, aliviar el hacinamiento. Efectivamente no se puede negar que en las celdas viven el número de reos para las que fue diseñada.

Sin embargo en el penal de Rancagua recién inaugurado existe un promedio de un suicidio por mes. Las empresas concesionarias no han cumplido con la parte de brindar trabajo a los internos; la intervención en las áreas de rehabilitación no se está cumpliendo con los compromisos previos y los profesionales subcontratados por la empresa no cuentan con la experticia penitenciaria pues por la magra remuneración no existe interés en los profesionales de trabajar en esta área.

Hoy se puede ver a los internos en las moles de concreto jugando fútbol todo el día y otros en los comedores haciendo trabajos artesanales para procurarse algún ingreso, otros jugando a las cartas.

Son cárceles seguras pues evita las fugas pero crea zombis y cadáveres como producto de la rehabilitación y cuesta cada reo el doble que los de las cárceles públicas.

Por último, los gobiernos democráticos no han modificado en nada la normativa jurídica que regula el sistema penitenciario, de carácter militar, donde el personal profesional y civil se encuentra subordinado al mando uniformado al que solo le interesa la seguridad.

Marcha atrás oficial: ahora inseguridad no es por la pobreza sino por el crecimiento

“Hay más vida económica y hay también más actos de delincuencia” sostuvo unas horas atrás el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, al referirse a la emergencia que se vive porque su gobierno y el de la Nación no pueden contener la inseguridad ni obstaculizar su crecimiento.

El mandatario admitió que "hay más actos de delincuencia" actualmente y vinculó esa realidad con el crecimiento económico que experimenta el país: "hoy la situación es distinta, hay más que robar" que durante la crisis de 2001 apuntó.

Patético en su mensaje al girarlo ciento ochenta grados, Solá insistió seguidamente que el "crecimiento revela problemas", por lo cual "hay más pasto para la delincuencia, más oferta para delinquir". "Hay más movimiento de mercadería, de plata" agregó, para atragantar un poco más a los especialistas en la problemática.

Es que en un minuto el gobernador se las arregló para dar vuelta la filosofía que guió su política de inseguridad al reconocer -cuatro años le llevó- que ser pobre no es sinónimo de marginal. Que la pobreza no es sinónimo de delincuencia, como sostuvo hasta ahora el mensaje oficial aunque con floreo verbal para suavizar la fuerza de las palabras.

Hasta la semana pasada el gobernador, solidario a full con los pensamientos nacionales como no puede ser de otra manera para funcionar con presupuesto, no se había cansado de sentenciar que el problema social, la pobreza, era el factor principal del aumento de los delitos. De asegurar que ser pobre era una especie de pasaporte a la delincuencia.

Nunca lo fue. La gran mayoría de la gente pobre, no es delincuente. La gran mayoría de los pobres no roba. Por el contrario hoy sufre a los delincuentes y patoteros porque no tienen quien los defienda de ellos. Como lo define abajo quien trata a diario con la delincuencia, el juez de Garantías de La Plata, César Melazo.

La suya, y la de la mayoría de los que conocen el barro aunque no sean especialistas, dan una fotografía actual sobre la baja incidencia de la pobreza de millones de argentinos en la inseguridad: sólo tiene un microsegmento -65 mil reclusos en todo el país-en las cárceles, donde la gran mayoría de los presos llegan desde las villas y barrios carecientes.

Sin embargo oficialmente se ha entretenido y todavía hay dirigentes que, sin ponerse colorados, seguirán entreteniendo mientras se pueda a la gente, para sembrar dudas sobre los pobres por la delincuencia.

Un agobiado Solá ha concedido que el mensaje oficial destinado a entretener a la gente con premisas falsas ya no alcanza para limitar el descontento social.

Después de años, el mensaje político de turno debe conceder que ser pobre no es un salvoconducto hacia la delincuencia. Ya no se encuentran argumentos para justificar la escalada de inseguridad que agobia a los centros más poblados del país.

Críticas
Ante la inesperada renovación del mensaje de Solá, sobre la que el gobierno nacional hizo silencio, el juez de Garantías de la capital bonaerense, César Melazo, contradijo al gobernador con un baldazo de realidad al precisar que "el delito va variando de acuerdo a dónde hay plata, pero el que es ladrón es ladrón".

El magistrado también aclaró que "siguen siendo muy superiores los hechos delictivos entre los pobres; hay más robos de bicicletas que asaltos a bancos o robos a countries" Y reiteró que "la calle está fácil para robar", a pesar de que "hace años se está tratando de poner fin a esto pero todavía no se dio con la tecla para acabar con la inseguridad", sentenció.

Por su parte el dirigente Ricardo López Murphy cuestionó la falta de un "argumento sólido" del gobernador bonaerense Felipe Solá frente al crecimiento del delito y reclamó la aplicación de medidas directas para enfrentar la delincuencia: "el tratamiento de la inseguridad, en principio, tiene que incluir que “el que las hace las paga'", manifestó el ex funcionario y titular de Recrear.

A su vez el candidato a la primera magistratura de la provincia de Buenos Aires, Francisco De Narváez aseguró que "las explicaciones -de Solá- son absurdas y ridículas" y consideró que actualmente "la policía bonaerense está desmadrada", hay "carencia de recursos" y "la gente se siente desprotegida" dijo.

Por su parte, el ingeniero Juan Carlos Blumberg, quien perdió a su hijo en un secuestro extorsivo y encaró a partir de eso una cruzada contra la inseguridad, sostuvo que "siempre escuchamos pavadas lamentables, son una estupidez” tanto del gobernador “como de la persona puesta por él al frente del Ministerio de "inseguridad” ironizó, en referencia al ministro de Seguridad provincial, León Arslanián.