jueves, junio 29, 2006

Las prisiones jaquean a Schwarzenegger


La sobrepoblación penal y consiguiente aumento de la violencia carcelaria, entre otros problemas, originaron un pico de cuestionamientos al gobernador de California, el actor Arnold Schwarzenegger, quien debió convocar a una sesión legislativa especial para mejorar el sistema de prisiones más grande del país fundamentalmente en base a la construcción de nuevos centros de detención.

La sesión extraordinaria profundizará en las causas de los problemas de hacinamiento originados en el crecimiento de la población carcelaria, pero también en los defectos de “un sistema de rehabilitación pobre, que ha conducido a que una mayoría de ex presidiarios regrese a prisión después de su liberación”, informó la agencia internacional de noticias Associated Press.

Schwarzenegger advirtió a la Asociación de Fiscales del Distrito de California en el condado de Orange que el sistema carcelario está "peligrosamente atestado" y que una prisión diseñada para 100 mil presidiarios tenía casi 172 mil la semana pasada, ejemplificó. "Nuestras prisiones están en crisis porque el estado de California no planeó para nuestro futuro", dijo el gobernador, que sentenció: “estamos en un máximo total ahora mismo y nos quedamos rápidamente sin espacio; nuestras prisiones están peligrosamente hacinadas" insistió.

Recordó que sólo una prisión se construyó la década pasada y alertó que, si no se toma pronto una acción, "los tribunales pueden tomar el sistema completo de prisión y pedir la liberación temprana de decenas de miles de prisioneros".

Pero algunas propuestas de solución formuladas por Schwarzenegger no son compartidas por la Legislatura. El gobernador quiere ganar espacios en la cárcel para varones y alojar a 4.500 presas en cárceles privadas, un plan rechazado hace semanas por motivos de presupuesto.

También propuso a principios de año, financiar nuevas prisiones como parte de un amplio paquete de bonos públicos, pero la cuestión carcelaria fue sacada del paquete de votación y sólo incluyó la emisión de deuda pública para construir caminos, diques, escuelas y vivienda económica.

Al solicitar la sesión extraordinaria el gobernador pidió a los legisladores reconsiderar sus propuestas antes del paréntesis legislativo estival hasta finales de agosto, ante los apremios que provoca el turbulento sistema carcelario de California, que ha sido plagado por la violencia, hacinamiento, altos gastos por el regreso de presos liberados y un sistema de asistencia médica tan pobre que se le considera responsable, en promedio, de la muerte de un presidiario por semana.

La convocatoria de Schwarzenegger surge una semana después que el maestro especial, John Hagar, designado por un juez federal, publicara un informe sumamente crítico de la administración. El informe señala que la política carcelaria confunde al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, lo que condujo a la renuncia de sus jefaturas. El antiguo secretario de Correcciones, Roderick Hickman, se fue en febrero, diciendo que estaba frustrado por una carencia de apoyo de la administración y su reemplazo, Jeanne Woodford, anunció súbitamente su retiro en abril.

Hagar sostiene además que Schwarzenegger evade reformas para evitar una lucha en un año de elecciones con la Asociación de Oficiales de la Correccional de Paz de California, una fuerza poderosa en la política de California.

A menos de que el sistema carcelario mejore Hagar dijo que el juez de distrito, Thelton Henderson, deberá intervenir con más supervisión federal. Henderson tomó este año el control del sistema de asistencia médica de las cárceles del estado y Schwarzenegger prometió trabajar con el juez para mejorar la asistencia médica, pero el tema no fue incluido en la llamada del gobernador a la sesión extraordinaria donde, en cambio, propondrá un programa de ayuda a recién liberados con oferta de trabajo, asesoría y búsqueda de alojamiento.-

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Fotografía página web oficial Arnold Schwarzenegger

lunes, junio 26, 2006

Más cárceles privadas para inmigrantes en Estados Unidos

Una nueva apuesta al sistema carcelario privado, básicamente fundamentado en la reducción de costos, fue decidida por la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE) y el Servicio del Alguacil de Estados Unidos (US.Marshalls Service), que ahora licitan la construcción de 7 mil plazas penitenciarias en Texas para alojar inmigrantes irregulares.

Según la revista norteamericana “Corrections Profesional”, el Servicio del Alguacil espera propuestas de compañías privadas para construir y operar un centro de detención de 2.800 alojamientos carcelarios en Laredo que, a un costo de 100 millones de dólares, se destinará a inmigrantes procesados por tribunales federales estadounidenses.

El centro de detención se convertirá en uno de los de gestión privada más grande del país y, a lo largo de la frontera en el sur de Texas, reafirmará la tendencia oficial a contratar plazas y servicios carcelarios como en otros siete establecimientos no estatales que dan servicio al ICE y al Alguacil, para detener a inmigrantes procesados en proceso previo a su casi segura deportación.

El sistema texano cuenta además con una cadena de cárceles municipales para inmigrantes irregulares, coordinadas por dependencias federales. A nivel nacional, el número de inmigrantes detenidos por el ICE supera los 23.000, mientras el Servicio del Alguacil concentra más de 63.000 internos.

El presupuesto federal del ICE está fijado en 452 millones de dólares e incluye la construcción de otras 6.700 plazas además de las mencionadas.

A pesar de los duros cuestionamientos que la modalidad cosecha por parte de organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos de los encarcelados, la gestión carcelaria privada se ha convertido en tema de análisis y posibilidad para las dirigencias de países avanzados, si esto puede medirse en términos de nuevos emprendimientos penitenciarias no estatales.

“Los inmigrantes –detenidos- son la fiebre de oro en el sur de Texas”, sostuvo “Grassroots Leadership”, una organización no lucrativa con sede en Austin, dedicada a monitorear la industria carcelaria privada, para ilustrar sobre el alcance de la situación.

Las cárceles privadas, hoy ajenas a las raíces de los sistemas penitenciarios latinoamericanos a excepción de Chile y de iniciativas larvadas en Brasil, atraen a los gobiernos de los países a través del menor costo de gestión, que además adhiere la previsibilidad del gasto ofrecida por los contratos.

Por eso esta oferta, que puede convertir a los regímenes de detención en una variable de ajuste, seduce a agencias como la ICE por donde pasan anualmente más de 200.000 detenidos en los tres tipos de establecimientos: ocho administrados por esa dependencia, siete por empresas privadas y 312 pequeñas prisiones municipales.

El costo promedio diario por detenido es de casi 90 dólares, de acuerdo a la ICE, muy por encima del costo por interno en las prisiones federales y estatales; pero la dependencia defiende su desempeño al asegurar que redujo el tiempo promedio de detención de 90 a 20 días con “la agilización del procedimiento de deportación”.

"La ICE no ha hecho un buen trabajo con las instalaciones que maneja directamente, ni con las que concesiona", dijo Judith Greene, especialista en prisiones.

Sin embargo las diversas críticas no sensibilizaron al Congreso norteamericano: sus dos cámaras legislativas propusieron expandir sustancialmente los centros de detención destinados a la inmigración. El Senado planteó una política en el tema que no deja lugar a dudas: construir veinte nuevas cárceles con 20.000 plazas para los irregulares.

Poco para lo que demanda el Departamento de Seguridad Interior estadounidense, el que depende la ICE: 35.000 alojamientos más para retener a todos los indocumentados en espera de la deportación.

Los detenidos, sin la calidad de ciudadanos, no tienen derecho automático a apoyo legal y la mayoría depende de la ayuda gratuita lo cual reduce sus posibilidades de ser escuchados en las apelaciones.-

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