Más cárceles privadas para inmigrantes en Estados Unidos

Una nueva apuesta al sistema carcelario privado, básicamente fundamentado en la reducción de costos, fue decidida por la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE) y el Servicio del Alguacil de Estados Unidos (US.Marshalls Service), que ahora licitan la construcción de 7 mil plazas penitenciarias en Texas para alojar inmigrantes irregulares.

Según la revista norteamericana “Corrections Profesional”, el Servicio del Alguacil espera propuestas de compañías privadas para construir y operar un centro de detención de 2.800 alojamientos carcelarios en Laredo que, a un costo de 100 millones de dólares, se destinará a inmigrantes procesados por tribunales federales estadounidenses.

El centro de detención se convertirá en uno de los de gestión privada más grande del país y, a lo largo de la frontera en el sur de Texas, reafirmará la tendencia oficial a contratar plazas y servicios carcelarios como en otros siete establecimientos no estatales que dan servicio al ICE y al Alguacil, para detener a inmigrantes procesados en proceso previo a su casi segura deportación.

El sistema texano cuenta además con una cadena de cárceles municipales para inmigrantes irregulares, coordinadas por dependencias federales. A nivel nacional, el número de inmigrantes detenidos por el ICE supera los 23.000, mientras el Servicio del Alguacil concentra más de 63.000 internos.

El presupuesto federal del ICE está fijado en 452 millones de dólares e incluye la construcción de otras 6.700 plazas además de las mencionadas.

A pesar de los duros cuestionamientos que la modalidad cosecha por parte de organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos de los encarcelados, la gestión carcelaria privada se ha convertido en tema de análisis y posibilidad para las dirigencias de países avanzados, si esto puede medirse en términos de nuevos emprendimientos penitenciarias no estatales.

“Los inmigrantes –detenidos- son la fiebre de oro en el sur de Texas”, sostuvo “Grassroots Leadership”, una organización no lucrativa con sede en Austin, dedicada a monitorear la industria carcelaria privada, para ilustrar sobre el alcance de la situación.

Las cárceles privadas, hoy ajenas a las raíces de los sistemas penitenciarios latinoamericanos a excepción de Chile y de iniciativas larvadas en Brasil, atraen a los gobiernos de los países a través del menor costo de gestión, que además adhiere la previsibilidad del gasto ofrecida por los contratos.

Por eso esta oferta, que puede convertir a los regímenes de detención en una variable de ajuste, seduce a agencias como la ICE por donde pasan anualmente más de 200.000 detenidos en los tres tipos de establecimientos: ocho administrados por esa dependencia, siete por empresas privadas y 312 pequeñas prisiones municipales.

El costo promedio diario por detenido es de casi 90 dólares, de acuerdo a la ICE, muy por encima del costo por interno en las prisiones federales y estatales; pero la dependencia defiende su desempeño al asegurar que redujo el tiempo promedio de detención de 90 a 20 días con “la agilización del procedimiento de deportación”.

"La ICE no ha hecho un buen trabajo con las instalaciones que maneja directamente, ni con las que concesiona", dijo Judith Greene, especialista en prisiones.

Sin embargo las diversas críticas no sensibilizaron al Congreso norteamericano: sus dos cámaras legislativas propusieron expandir sustancialmente los centros de detención destinados a la inmigración. El Senado planteó una política en el tema que no deja lugar a dudas: construir veinte nuevas cárceles con 20.000 plazas para los irregulares.

Poco para lo que demanda el Departamento de Seguridad Interior estadounidense, el que depende la ICE: 35.000 alojamientos más para retener a todos los indocumentados en espera de la deportación.

Los detenidos, sin la calidad de ciudadanos, no tienen derecho automático a apoyo legal y la mayoría depende de la ayuda gratuita lo cual reduce sus posibilidades de ser escuchados en las apelaciones.-

Información completa clik aquí