martes, mayo 23, 2006

El 73% de los reformatorios de España son privados

Los centros de privación de la libertad a delincuentes menores de 18 años están gestionados por asociaciones privadas en la mayor parte de las comunidades autónomas en España donde, sin embargo, nunca se avanzó a privatizar el sistema penitenciario de los adultos.

Por la extensión del sistema en España, la cifra impacta por lo menos a toda latinoamérica donde la figura de lo privado ni se piensa en los ámbitos carcelarios y de contención de menores.

Hasta hace seis años el paso a manos privadas de los institutos de menores, tampoco se había pensado pero en 2000 se aprobó la ley del Menor, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios salvo el PSOE que se abstuvo, y el Grupo Mixto, que votó en contra. La norma permitió por primera vez que se delegara en asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones privadas la gestión de los reformatorios.

La nueva ley elevó la edad penal a los 18 años. Cuando se empezó a aplicar, en 2001, todos los menores de edad que estaban en la cárcel pasaron a centros de internamiento. Las comunidades autónomas, que tienen las competencias en materia de menores, carecían entonces de las infraestructuras para asumir ese volumen de internos. En Madrid, en 2001 sólo había 45 plazas.

La urgencia por cumplir con la ley hizo que se empezaron a firmar convenios con asociaciones privadas para conducir los institutos. En estos momentos en España se encuentran internados alrededor de 2.750 menores en los 100 centros existentes.

Según la información publicada por el por el prestigioso matutino español "El País", en nota firmada por Mónica Belaza y Alvaro de Cozar, en Madrid, el 100% de los reformatorios creados desde 2001 está en manos de asociaciones. Ese año había tres, públicos, con 45 plazas. Ahora hay 18, con 422 plazas, todos nuevos de gestión privada. En Andalucía, asociaciones y fundaciones llevan el 94% de los reformatorios. Tan sólo los gobiernos de Cataluña, Extremadura y Ceuta se encargan directamente de todos sus centros. En Canarias y Baleares la responsable es una fundación pública.

¿Qué tipo de entidades se encargan de los reformatorios? La ley española exige que sean asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, explica el diario en el informe publicado el 19 de mayo.

La gestión de los institutos de menores incluye la limpieza, alimentación y la seguridad, que se subcontrata con empresas de este ramo. Cuando la asociación es una fundación de un grupo empresarial, estos servicios se pueden encargar a compañías de la corporación. La comunidad elige ahora por concurso a las empresas que van a prestar los servicios en los reformatorios. Como muestra de gestión de seguridad en los reformatorios puede citarse a la firma Prosintel, una de las encargadas de la delicada temática.

Quejas
El vocal del CGPJ Félix Pantoja relata que, cuando era Fiscal coordinador de Menores de Madrid, leyó un anuncio en los diarios donde se pedían educadores "para empresa en expansión". La Fiscalía a su cargo averiguó que se trataba de una asociación que gestionaba centros de menores. "Es un ejemplo de que esto se ha convertido en un negocio", señala.

Para los detractores la gestión privada de los reformatorios plantea otros problemas, como la cuestión principista de si el Estado puede delegar la privación de un derecho fundamental como la libertad.

La abogada de menores Patricia Fernández opina que si se hubieran privatizado las cárceles de adultos se habría generado un debate social que en este caso no se ha producido. "La gente ni siquiera lo sabe", puntualiza y critica los eufemismos que se utilizan al hablar de los institutos de menores como "centros de internamiento, de reforma, centros educativos": "son términos creados para definir lo que no son sino cárceles para niños y jóvenes, que deberían tener, cuando menos, las mismas garantías que las de adultos" sostuvo la letrada.

El Defensor del Pueblo, sin embargo, manifiesta que no hay grandes diferencias entre centros públicos y privados y que en ambas categorías los hay que funcionan bien y mal.

Tanto la Fundación Ginso, que gerencia varios centros en Andalucía y Madrid, como la Fundación Diagrama, que maneja 23 en toda España, renuncian a entrar en el debate. "Nosotros presentamos un proyecto de reeducación a las comunidades y éstas deciden si les interesa", explica un portavoz de Diagrama.

Canarias
Tras la entrada en vigor de la Ley del Menor, los centros de menores canarios pasaron a manos de la ONG Cicerón Siglo XXI, pero la organización fue desplazada en 2004 después de que el fiscal de menores requisara correas de contención psiquiátrica en tres de los reformatorios. En uno de ellos hubo incluso casos de violación.

Para atenuar la grave situación, la decisión del Gobierno autonómo fue asumir la gestión y quitarla de manos privadas. Ese cometido pasó, en octubre de 2004 a la Fundación Pública Ideo. El capital social lo aporta el Gobierno canario. Sus responsables son la titular de Asuntos Sociales, la de Protección al Menor y la Familia y el de Juventud. Éstos nombraron a un gerente, con responsabilidad en funciones básicas como mantenimiento, horarios, contratación de personal o proyecto educativo.

Durante 2005 y a pesar del cambio a la gestión estatal, el sistema siguió sin funcionar. La situación en los centros, con fugas, motines, incendios, consumo de drogas e incluso muertes, fue calificada como "insostenible", por el Diputado del Común canario (figura análoga al Defensor del Pueblo).

La sensible y complicada temática de las cárceles y reformatorios manejadas por empresas privadas otra vez escaló a los títulos de los diarios. Está vigente y parece que llegó para quedarse. Seguramente avanzará en la búsqueda de ampliar sus servicios. Para ir pensando.-

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