sábado, abril 29, 2006

Devoto a un año del hábeas corpus

En un informe que presentó sobre la situación de la desbordada cárcel de Villa Devoto, la Defensoría General de la Nación concluyó que si bien “ciertas medidas fueron cumplimentadas en término (...) lo hasta el momento solucionado, dista bastante de cumplir con el propósito del hábeas corpus” por el que hace un año se exigió al Ministerio de Justicia mejorar las condiciones de detención de los dos millares de presos que aloja el establecimiento.

El informe sobre la situación del penal de la Defensoría a un año de haber interpuesto el hábeas corpus, fue reproducido por el sitio web “Diario Judicial” con la firma de Martín Angulo el 26 de abril, y los fundamentos de la presentación desnudan lo que es el común denominador del sistema carcelario argentino: se emparcha pobremente y los gobiernos no invierten en el sistema. No se invierte incluso en un período sin antecedentes de crecimiento de las cifras de encarcelamiento, que recién en los últimos meses procura a nivelarse.

La cárcel de Devoto, Unidad 2 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), es una anacrónica cárcel asentada en plena capital federal de la República Argentina que aloja el mayor número de detenidos del sistema penitenciario federal, sólo superada por la sórdida cárcel provincial de Olmos con más de 3 mil presos. La U.2 es el tipo de cárcel adonde el personal no quisiera arriesgarse y el tipo de cárcel que el penitenciarismo bien entendido repudia.

Devoto, inaugurada en 1927, ha funcionado a través de décadas como la variable de ajuste para el alojamiento de detenidos del sistema federal por su arquitectura de alojamiento común: sólo es cuestión de achicar los espacios de circulación en los pabellones para agregar más cuchetas dobles. De este modo se ha visto crónicamente desbordada en relación a las posibilidades de su vetusta estructura y el paso del tiempo la lleva inexorablemente a una crisis de dimensión terminal.

Y no se la podrá acusar de no haber producido las alertas suficientes.

Hace un año
La Defensoría General presentó el 18 de abril de 2005 ante la Justicia un hábeas corpus que demandó al Ministerio de Justicia, entonces a cargo del intrascendente Horacio Rosatti, la mejora de las condiciones de detención de los detenidos en Devoto. Se solicitó reducir la sobrepoblación -entre otras cosas con la construcción de nuevas cárceles-; restaurar las gigantescas plantas 1, 2 y 3 del penal e incorporar más agentes penitenciarios al establecimiento para reducir los riesgos de conflictos.

Se pidió además en el hábeas corpus recuperar las instalaciones del pabellón que agrupa a internos con HIV integrados al programa de recuperación “Lusida”, dotar de baños para uso de discapacitados y mejorar el servicio de limpieza en algunos sectores del penal, detalla la infoermación de “Diario Judicial”.

Un año después, al presentar el informe acerca de los avances en el cumplimiento de lo demandado por el juzgado que tramitó el hábeas corpus, la Defensoría Oficial reconoce como “medidas que se cumplimentaron” la remodelación completa del pabellón para internos con HIV; la instalación de los sanitarios citados y un razonable manejo de la basura originada en el predio penal, antes cuestionada.

En contraste, dice que la población se ha reducido sólo un diez por ciento en un año, por lo que a la fecha del informe se alojaba a 2162 reclusos cuando la capacidad de Devoto es de 1694 plazas. Señala que no se ha cumplido con la incorporación de más agentes penitenciarios a la dotación de la U.2; que no se gestionado la licitación para refaccionar las plantas 1, 2 y 3 del penal y que no hay indicios concretos sobre avances en el programa -recortado- de construcción de tres nuevas cárceles federales anunciado durante la gestión ministerial de Gustavo Béliz.

Saldo: el Servicio Penitenciario Federal, a través de refuerzos presupuestarios menores, pudo hacer lo menor. Lo más importante de esto aunque ajeno al hábeas corpus: en estos días se completó la modernización de la cocina del penal que comenzaría a funcionar el martes.

Lo esencial, lo estructural, la solución y no el parche, para lo que se necesita inversión del gobierno, no ha superado la etapa de la expresión de deseos.

No se gestiona con convicción la construcción de nuevas cárceles, ni se amplían plazas en establecimientos existentes para descongestionar Devoto; ni se refaccionan las tres plantas que en conjunto alojan las tres cuartas partes de susdetenidos. Tampoco se dota de personal a la U.2 a pesar de los riesgos alertados por el día a día del establecimiento.

En síntesis, después de un año y a pesar de la requisitoria judicial la U.2 sigue siendo el tipo de cárcel adonde el personal no quisiera arriesgarse y el tipo de cárcel que el penitenciarismo bien entendido repudia.

El paisaje de la postergación y el olvido de las cárceles, y de quienes la habitan y trabajan en ella, permanece a través del tiempo y los gobiernos, de los que postergaron y de los que priorizaron los derechos humanos.

Con una excepción no lejana que los derechos humanos de los presos y penitenciarios federales agradecieron: fue en la denostada década del `90 cuando, guste o no guste, se inauguraron más de la mitad de las plazas carcelarias federales existentes en la época. Sin las cuales el actual sistema penitenciario federal no hubiera soportado la sobrepoblación ni la crisis estructural que lo abrumaba.

Mendoza: la CIDH reitera exigencias
Sobre otra jurisdicción, en la hermosa provincia de Mendoza, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a reclamar al Estado argentino “mantener vigentes las medidas provisionales en virtud de las cuales tiene la obligación de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad en la Penitenciaria Provincial de Mendoza y en la Unidad Gustavo André, de Lavalle”.

La resolución de la CIDH requirió al Estado que implemente -las medidas- en coordinación efectiva y transparente entre sus autoridades provinciales y federales” y que informe “en forma concreta y específicamente a la Corte Interamericana cada dos meses a partir de su último informe, sobre las providencias adoptadas para cumplir todo lo ordenado por el Tribunal”.

El pedido de “coordinación efectiva” entre la Nación y Mendoza para atender la situación obedece a la jurisdicción provincial de la sórdida penitenciaría que, con 17 muertos en 2004, impulsó a la CIDH a visitar el penal en una medida sorprendente para la Argentina.

Por los reclamos de la CIDH se formó una comisión integrada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la cancillería, el Estado mendocino, abogados de los presos y la Corte Suprema provincial que debe informar periódicamente sobre las condiciones de detención en el establecimiento.-

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