Desde las cárceles rebeladas desatan barbarie en San Pablo

Envuelta en sospechas de negociación entre el gobierno y líderes encarcelados del crimen organizado, se detuvo la ola de violencia que azotó por tres días a la ciudad más próspera de Brasil, San Pablo, y arrojó más de ciento cincuenta muertos dejados por 82 motines carcelarios, un incontable número de atentados en las calles y consecuencias de la posterior represión.

La prensa paulista coincidió en afirmar que la rendición de las prisiones amotinadas y el cese de los atentados contra policías, bancos y transportes, obedeció a una orden dada desde la cárcel por el cabecilla del grupo denominado “Primer Comando de la Capital” (PCC), Marcos Williams Herba Camacho, alias “Marcola”.

“Informamos a todos que las 'facultades' -como el PCC llama a las cárceles- que se encuentran en nuestras manos se irán normalizando a partir de las nueve de la mañana –del lunes 15-dijo “Marcola” por teléfono celular a sus “soldados”, según la agencia de noticias brasileña Estado. Tras esta orden los motines en las cárceles y los atentados en la ciudad, “cesaron” señaló el matutino “Folha de Sao Paulo”.

Las condiciones que los líderes del grupo habrían puesto para la tregua serían que los presos vinculados al PCC trasladados a un penal de máxima seguridad bajo un rígido régimen carcelario, obtuvieran flexibilizaciones en el régimen de encarcelamiento y que la Policía Militar no ingresara a los penales amotinados.

Otros beneficios exigidos por los presos son los de ser autorizados a “tomar sol” en los patios del penal, recibir visitas privadas y la instalación de televisores en número suficiente para que la totalidad de los detenidos puedan seguir el mundial de fútbol.

“Otra vez están negociando con Marcola. Es por eso que el Estado perdió el control de la situación; si el gobierno cede esta vez es mejor entregar a Marcola las llaves del Estado” dijeron agentes penitenciarios a la agencia Estado, quienes aseguraron que funcionarios de la Secretaría de Administración Penitenciaria visitaron el domingo a Marcola y mantuvieron con él una larga conversación.

El gobierno negó cualquier tipo de negociación con los delincuentes, pero no pudo explicar cómo se llegó al fin de la ola de violencia.

Un saldo de más de ciento cincuenta muertos dejaron las refriegas, de los que por lo menos 35 eran funcionarios penitenciarios y policiales.

Según la agencia alemana de noticias DPA el gobierno brasileño considera que el disparador de los motines y atentados fue la violenta respuesta del PCC por el traslado de 765 miembros del grupo, entre los que se encontraba Marcola, a una prisión de máxima seguridad, con el objetivo de aislarlos.

El organizado y disciplinado cártel “PCC”, que impone sus condiciones a las autoridades y sociedad paulista, se ha infiltrado entre la gente al suplir –a su modo mafioso- las carencias de la acción social del Estado, explican los medios brasileños.

“Estos cárteles mafiosos proveen a sus miembros de una red de asistencia que cubre las carencias del propio Estado en las barriadas marginales e incluso les da ciertas garantías económicas; no extraña así que la lealtad esté asegurada y a prueba de investigaciones policiales.
La rendición de los presos amotinados y el cese de los atentados devolvió la normalidad a San Pablo que por el pánico fue paralizada durante la rebelión con más de cuatro mil colectivos fuera de servicio, nueve terminales de transporte cerradas y embotellamientos de varios kilómetros en las vías de acceso a la ciudad. También interrumpieron sus actividades las escuelas, universidades, oficinas públicas y el comercio en general.

Las cárceles sin gobierno, donde el hacinamiento y la obsolescencia convocan a la corrupción, han dado una muestra de hasta dónde pueden someter a la sociedad libre. Para que quienes diseñan las políticas penitenciarias tomen debida nota.-