miércoles, junio 21, 2006

EEUU entre el régimen carcelario duro y los apremios flexibilizadores


Los Estados Unidos tienen un sistema de 5 mil cárceles públicas y privadas que anualmente alojan a 13 millones y medio de delincuentes e indocumentados y 2,2 millones de criminales peligrosos -debe repetirse 13,5 millones de delincuentes y 2,2 millones de criminales peligrosos-.

De estos criminales peligrosos sólo 30 mil están alojados en 20 prisiones de máxima seguridad en una docena de estados, mientras el sistema penitenciario norteamericano debe enfrentar la problemática que generan los más de 2 millones de presos de riesgo restantes distribuidos en unidades de detención sin regímenes de alta seguridad.

En las cárceles de alta seguridad, los presidiarios transcurren 23 horas al día aislados en sus celdas sin acceso a actividades educativas o recreativas y sólo tienen acceso a las comunicaciones telefónicas, televisión y esparcimiento vigilados en la hora restante de recreo.

El férreo régimen carcelario para los criminales peligrosos es una característica conocida del sistema de prisiones estadounidenses y en su favor habló para Gregorio Meraz, de la cadena “Televisa” de televisión, el titular del Departamento de Correcciones de Orange, Timothy Ryan, quien ponderó la necesidad de “tener una buena clasificación objetiva de internos para colocarlos en el lugar correcto, para que -los de menor peligrosidad- estén con gente que no los vaya a intimidar, que no vaya a tratar de abusar de ellos” como es de esperar de los más violentos.

Sin embargo, el coloso del norte reconoce que se enfrenta con la necesidad de casi 10 mil nuevas plazas de prisión para 2010 y quienes tienen que ver con las políticas carcelarias consideran que la mejor forma de afrontar ese desafío con los actuales recursos gubernamentales es “mejorar el sistema de libertad condicional y usar programas de prevención ya probados”.

Entre los encarcelados en penales norteamericanos el 46% de la población es afroamericana; otro 36% la integran blancos no hispanos, un 15% de hispanos y 350 mil detenidos con problemas mentales de acuerdo a “Princeton Survey Research Associates International”.

John Whitmire, senador demócrata por Houston, y Jerry Madden, diputado republicano por Plano, presidentes de los comités de justicia criminal de sus respectivas cámaras, coinciden en que los criminales más violentos deben estar encerrados y se preocupan porque la mayor parte de los prisioneros son liberados “y los recortes en los programas carcelarios significan que están regresando a sus comunidades sin haber sido tratados por sus problemas de drogas, no se les enseñó a leer y escribir o no se les entrenó para encontrar un trabajo” dijeron.

“El sistema de libertad condicional también está sobrecargado con personas que no son peligrosas y que no quieren volver a la cárcel y aquellos que necesitan ayuda no la reciben”, se quejaron. “Tenemos a tantas personas en libertad condicional, que realmente no reciben ninguna verdadera supervisión”, discurrió Whitmire.

Por esta situación el senador propone ser “inteligentes” en lo penitenciario mejorando el tratamiento, “lo que evitará costos futuros de encarcelamiento para el estado y evitará nuevas víctimas” sostuvo.

Así habló el legislador en un foro de la Fundación de Políticas Públicas de Texas, previendo el presupuesto que sería necesario para cubrir las 9 mil 600 plazas adicionales que, estiman, serán necesarias en 2010.

Las preocupaciones de Whitmire fueron reproducidas el 17 de junio por el diario “El Nuevo Heraldo” de Austin, Texas.

Mientras los ámbitos gubernamentales norteamericanos experimentan dudas sobre las características del porvenir del sistema carcelario el presidente de la Comisión contra el Abuso a Prisioneros, Alexander Busansky, alertó ante el Senado que “la forma cómo tratemos a los encarcelados tiene tremendas implicaciones para la seguridad pública”.

“Tenemos a miles de hombres y mujeres que no están recibiendo el tratamiento necesario para el VIH, la tuberculosis y la hepatitis y cuando son liberados pueden infectar a sus comunidades” advirtió seguidamente Busansky con ribetes de dramatismo.

Finalmente instó a los senadores a “preocuparnos del hacinamiento, del tratamiento a los internos y se trata de muchas cosas; no se puede hacer nada más una cosa, no es nada más un problema”, concluyó.

Con estas posiciones e influidos por las pautas sociales estadounidenses que ponderan los regímenes penitenciarios duros, el Senado vuelve a analizar los proyectos de reformas penales y modificación del presupuesto carcelario con opiniones de flexibilización que, en la superficie, no aparecen como políticamente viables.-

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