jueves, agosto 17, 2006

Infierno de amenazas persigue a penitenciarios en San Pablo, Brasil


"Quise morir de un disparo de la policía militar" que rodeaba la cárcel copada por los presos amotinados. “Quise morir porque vi más de 30 muertes a cuchilladas; se prolongan mucho" en sus estertores explica el guardia, veterano rehén, por caer en esa peligrosísima condición otras tres veces aunque de modo menos traumático, en manos de uno o de algunos detenidos y no en una rebelión masiva.

Era "una cuestión de orgullo morir por la acción de colegas y no de bandidos", aclaró el agente del sistema carcelario de San Pablo, Brasil. Dice que en las 25 horas vividas como rehén en el motín "me creí muerto" en tres momentos y en uno de ellos "tuve un desmayo o una ausencia, no ví nada por un tiempo".

Ahora el guardia, que no puede ser identificado por su propia seguridad, suma otro drama con su familia: amenazado de muerte por un grupo criminal, tuvo que dejar rápidamente su casa y el trabajo en una cárcel del interior del estado.

"Tienen media hora para salir", fue el aviso formulado por dos sujetos en motocicleta, con los rostros ocultos por los cascos. "Ningún policía puede quedar en el barrio" dijeron en el ultimátum, culminación de meses de amenazas telefónicas y callejeras.

La situación no daba lugar a dudas. Desde el 12 de mayo, el crimen organizado en el Primer Comando de la Capital (PCC) con cuartel general en las prisiones de San Pablo perpetró centenares de atentados contra policías, bancos, supermercados y edificios públicos, además de incendiar casi un centenar de autobuses en el estado de y amotinar casi la mitad de sus 144 unidades carcelarias.

Dieciséis agentes penitenciarios fueron asesinados en esa oleada de ataques entre mayo y comienzos de julio y las amenazas de muerte aterrorizan a las familias de los funcionarios que deben por su trabajo conviven con los delincuentes en las cárceles.

La esposa del guardia sobreviviente como rehén desmiente sus dichos de que salió de la dura experiencia sin problemas psicológicos: "pasó a dormir con el arma, se asusta con el ladrido de los perros, se altera al hablar, y tiene molestias de estómago", detalla la preocupada mujer.

Como es sabido el crimen organizado paulista tiene su cuartel general dentro de las prisiones estatales. Las rebeliones de este año -en represalia a medidas de traslado de jefes criminales a presidios de alta seguridad- son atribuidas al (PCC), el mayor de los grupos delictivos, a cuyos líderes se adjudica el haber desatado la oleada de atentados que azotan las prisiones y la ciudad misma desde mayo.

La amplia e impactante entrevista, realizada con una elevada cuota de profesionalidad por el periodista Mario Osava, fue dada por el personal carcelario paulista a Inter Press Service Agencia el 12 de agosto último.


Otra vida
La vida es insegura para los agentes penitenciarios. Un hotel y casas de colegas sirvieron de refugio para, por ejemplo, la familia y el guardia cuyos dichos se vuelcan al comienzo de esta información. Alquilaron un pequeño departamento en un barrio de clase media que consume casi todo el salario reducido por la licencia médica que debió gestionar para justificar su ausencia en el empleo.

La pareja duerme en el piso, ya que solo cuentan con un sólo colchón en el que se aprietan los cuatro hijos: "perdimos casi todo, solo logramos traer este pequeño televisor" y algunos muebles y ropas, se lamenta la mujer.

La seguridad de la familia depende del ocultamiento. Los hijos aprendieron a ocultar la profesión del padre, a no traer compañeros de clase a casa y cambiar de apariencia cortándose el pelo, por ejemplo. "No pueden tener verdaderos amigos" porque cambiaron de residencia ocho veces en los últimos años, lo que les asocia atrasos en la escolaridad, informa la madre.

Sencillamente la familia decidía la mudanza cuando su trabajo se hacía conocido por los vecinos. "No puedo ser transferido a presidios en ciudades pequeñas, donde todos se conocen", advierte el agente.

Ser rehén
Otro peligro es caer de rehén en las frecuentes rebeliones de los reclusos. Este año 950 agentes ya vivieron esa dramática situación, de la cual 370 salieron heridos, informa el titular del Sindicato de Funcionarios del Sistema Penitenciario del Estado de San Pablo, Joao Machado.

El sindicato representa a 22 mil penitenciarios, 3 mil escoltas y cerca de 5 mil agentes que realizan tareas de administración y asistencia médica, social o psicológica.

Los agentes ganan poco con una remuneración inicial de 1.650 reales (750 dólares), aunque hoy su principal reclamo es por mejores "condiciones de trabajo y seguridad, por encima de la cuestión salarial", señala Machado. "No vale la pena ganar mucho y ser torturado", explica.

Sus turnos son de 12 horas por 36 de franco y muchos complementan sus sueldos con una ocupación informal, en general como guardias de seguridad de empresas privadas, mientras otros estudian con la meta de dejar en unos años su riesgoso empleo.

Los agentes cuentan con estabilidad en el empleo. Se les exige educación secundaria, pero aumenta la participación de graduados universitarios, ante la dificultad de obtener mejores empleos. El 10% son mujeres, reglamentarias para las prisiones femeninas.

Desde 1994 la población penal de San Pablo casi se cuadruplicó, hoy es de más de 120 mil internos. Las cárceles de 44 iniciales alcanzaron el número de 144, mientras los agentes penitenciarios aumentaron sólo 48 por ciento. Doce años atrás, la proporción -ratio- era de un agente cada 2,2 presos, hoy es de uno cada 5,7.

Además se redujo la edad de los reclusos, la mayoría tienen ahora entre 18 y 22 años, y "los jóvenes son mas difíciles de controlar", sostuvo el sindicalista.

Otro caso
Otra víctima de un motín carcelario es una mujer penitenciaria que fue torturada en las cinco horas que permaneció como rehén de los presos con golpes de martillo y otros instrumentos de trabajo. Sufrió fracturas de nariz y rostro y dislocaciones en la columna vertebral y en el tobillo, además de amenazas de violación.

En aquellos momentos "reviví toda mi vida, convencida de que no saldría viva de allí", dice la mujer. La violencia dejó secuelas de pánico al salir de su casa y fue transferida a un establecimiento de otra ciudad, para librarla de volver a trabajar donde se la torturó. Después de 40 días de licencia médica y seis meses de asistencia psicológica, sigue sufriendo insomnio y pesadillas.

Su familia y el Grupo de Acogida constituyen sus apoyos actuales, revela. El Grupo, creado por la Coordinación de las Cárceles del Oeste de San Pablo, asiste a los agentes afectados por haber sido rehenes y a sus familias.

Terapia colectiva e individual, talleres variados, según las necesidades diagnosticadas para cada uno, visitas a la familia y actividades de reinserción social, recuperación de la autoestima y de la motivación para la vida, son formas de tratamiento del "estrés postraumático".

Quien fue rehén desarrolla sentimientos de "frustración, de abandono de un Estado que podría haber evitado la agresión sufrida, y deseos de venganza" contra los reclusos, destacan los especialistas. La primera reacción es el deseo de cambiar de empleo y de vida. Luego perduran la "pérdida de memoria, pesadillas, dificultades para dormir, sobresaltos, recuerdos constantes de lo ocurrido".

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domingo, agosto 13, 2006

"La cárcel no puede ser alternativa a las carencias sociales" dice penitenciario español


Joaquín Herrera es director del Centro Penitenciario de Tahiche -Lanzarote- en España desde diciembre del año pasado y al reflexionar sobre las posibilidades del proceso de reinserción de los delincuentes en la sociedad libre pide, además de la intervención penitenciaria bien entendida, la comprensión de la gente para ayudar en ese proceso y demanda la acción de los políticos para acercar soluciones de fondo al complicado tema.

“Dicen que la prisión no reinserta; pero nosotros no estamos solos en el mundo, somos un eslabón dentro de una sociedad y la reinserción debe de empezar en la calle. Cuando alguien va al médico es porque ya se encuentra mal; el que entra a la cárcel es porque ya está enfermo” subraya la autoridad penitenciaria hispana.

Y remarca luego: "la cárcel no puede ser la alternativa a las carencias sociales”.

Al ser consultado sobre dónde ve el comienzo de la solución de este problema, Herrera responde que “hay políticos. Políticos pensantes que cobran para tratar de resolver los problemas de la sociedad y esto es un problema de la sociedad. Claro que no lo saben hasta que no le afecta directamente a un primo o un sobrino” opina llanamente el director de cárcel.

Agrega: “ocurre que adentro lo vemos más porque lo tratamos diariamente. Y afuera, ustedes y yo sabemos que hay personas que sufren pero, ¿cuántos dedos movemos? Procuran que no les pidan dinero, que no se acerquen al coche porque se lo rompen y, si les van a pedir un trabajo pero tienen un determinado aspecto o no están preparados porque la sociedad no los ha preparado, pues no le dan ni trabajo. Y si es alguien que ha estado preso, la puerta se cierra. Es un problema que la sociedad no ha resuelto y quiere que las prisiones lo resuelvan” plantea Herrera.

Dice luego que “yo concretamente he ido a pedir ayuda a instituciones oficiales para decirles que esto es un problema social: “ustedes gobiernan en la sociedad y tenemos aquí internos que pertenecen a su municipio, colaboren con estos internos que cuando salgan van a ir a sus pueblos” anticipa el funcionario, para luego explicar el sentido de su propuesta: “si un trabajador social de San Bartolomé, por ejemplo, viene aquí y ve a los internos de San Bartolomé, conocerá sus problemas y, cuando salgan a la calle, continuarán ese seguimiento. Y si alguna de esas personas quiere aspirar a trabajar como jardinero para el ayuntamiento de San Bartolomé, habrá un trabajador social que podrá informar al Consistorio sobre su situación y reforzar la reinserción en ese ámbito” propone el entrevistado.

“Dirigir un centro penitenciario te permite ver los problemas que la sociedad no ha sabido resolver o no ha sabido afrontar, como es la droga, la enfermedad mental, las crisis de familia, el desarraigo, la soledad, el fanatismo, la marginación... lo he escrito todo y ese es un fallo de la sociedad, sentencia el jefe penitenciario.

Dice, dejando abierto espacio para la polémica, que se debe “mirar esto -la delincuencia- como una enfermedad de la sociedad, que debe poner los medios preventivos para que no ocurra” y asegura que se evitarían muchos ingresos de internos si los ayuntamientos, los cabildos -en Argentina las municipalidades- actuaran desde la prevención” para recortar la delincuencia.

La situación carcelaria española
Sobre la situación penitenciaria ibérica, Herrera recuerda que “hasta la propia directora general -de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo,-ha dicho que las cárceles están saturadas y eso no es un secreto para nadie”.

Añade que “la de Lanzarote no es menos; en 1980 el centro penitenciario de Arrecife tenía 10 personas internas y estaba preparado para 60, hoy hay 180 internos y sigue preparada para 60 -detalla el entrevistado, por supuesto para el asombro-. Estamos saturados porque ha habido un incremento cuantitativo. Pero esto no ha sucedido sólo en Lanzarote. Desde 1983, en nueve años, la población reclusa de España se incrementó el doble y de aproximadamente 15.000 internos se pasó a unos 30.000” precisa el funcionario para ilustrar acerca de las exigencias a las que se ven sometidas las cárceles en España.

Al circunscribirse al ámbito de la prisión que dirige Herrera detalla que “al finalizar las obras de ampliación del Centro Penitenciario de Tahiche con un costo de 17,5 millones de euros, se contará con cuatro módulos residenciales, uno de aislamiento, un departamento de ingresos, un módulo de enfermería, un módulo para mujeres, cuatro patios de recreo y deportivos, área deportiva de usos múltiples, salón cultural multiuso, un taller ocupacional por módulo, biblioteca, un centro educativo y un Centro de Inserción Social (CIS) para 50 internos de tercer grado.

Rescata que “el CIS hace mucha falta para que los internos en tercer grado -a poco de cumplir condena y por lo general con salida transitoria concedida- puedan tener un régimen abierto, ya que su sistema de internamiento y de vida es completamente diferente al resto de los internos. Estarán aparte, con sus profesionales específicos y separados del resto de la población reclusa”.

“Hoy estos internos están dentro de la prisión, pero fuera de los predios penales y no se relacionan con internos de segundo grado y el resto; dependiendo de cada caso, pueden dormir aquí y pasar el día fuera, o dormir en su casa y presentarse aquí cada quince días. Por lo general, trabajan fuera y duermen aquí” relata Herrera. Agrega que de 183 internos en Tahiche sólo 69 están condenados.

Al pretender explicar que la cárcel a su cargo tiene más de un 150% de sobrepoblación penal -183 presos para una capacidad máxima de 70- el director sale del paso señalando que “no me canso de decir y agradecer a todos los funcionarios del centro la paciencia que tienen para organizar una celda para tres personas y en la que, sin embargo, viven doce. De tres o de doce, la Justicia ordena un ingreso y nosotros tenemos que cumplirlo y buscar sitio donde sea. Había tres literas y, como en cada una se pueden añadir tres camas, ahora hay doce. El juez no mira si las celdas son de tres o doce. Pero también tengo que agradecer el comportamiento de los internos. Nosotros hacemos lo que podemos y ellos se comportan muy bien en general”.
“Es una prisión muy tranquila con los conflictos propios de un centro penitenciario, reyertas sobre todo” concluye Herrera.

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