Infierno de amenazas persigue a penitenciarios en San Pablo, Brasil

"Quise morir de un disparo de la policía militar" que rodeaba la cárcel copada por los presos amotinados. “Quise morir porque vi más de 30 muertes a cuchilladas; se prolongan mucho" en sus estertores explica el guardia, veterano rehén, por caer en esa peligrosísima condición otras tres veces aunque de modo menos traumático, en manos de uno o de algunos detenidos y no en una rebelión masiva.

Era "una cuestión de orgullo morir por la acción de colegas y no de bandidos", aclaró el agente del sistema carcelario de San Pablo, Brasil. Dice que en las 25 horas vividas como rehén en el motín "me creí muerto" en tres momentos y en uno de ellos "tuve un desmayo o una ausencia, no ví nada por un tiempo".

Ahora el guardia, que no puede ser identificado por su propia seguridad, suma otro drama con su familia: amenazado de muerte por un grupo criminal, tuvo que dejar rápidamente su casa y el trabajo en una cárcel del interior del estado.

"Tienen media hora para salir", fue el aviso formulado por dos sujetos en motocicleta, con los rostros ocultos por los cascos. "Ningún policía puede quedar en el barrio" dijeron en el ultimátum, culminación de meses de amenazas telefónicas y callejeras.

La situación no daba lugar a dudas. Desde el 12 de mayo, el crimen organizado en el Primer Comando de la Capital (PCC) con cuartel general en las prisiones de San Pablo perpetró centenares de atentados contra policías, bancos, supermercados y edificios públicos, además de incendiar casi un centenar de autobuses en el estado de y amotinar casi la mitad de sus 144 unidades carcelarias.

Dieciséis agentes penitenciarios fueron asesinados en esa oleada de ataques entre mayo y comienzos de julio y las amenazas de muerte aterrorizan a las familias de los funcionarios que deben por su trabajo conviven con los delincuentes en las cárceles.

La esposa del guardia sobreviviente como rehén desmiente sus dichos de que salió de la dura experiencia sin problemas psicológicos: "pasó a dormir con el arma, se asusta con el ladrido de los perros, se altera al hablar, y tiene molestias de estómago", detalla la preocupada mujer.

Como es sabido el crimen organizado paulista tiene su cuartel general dentro de las prisiones estatales. Las rebeliones de este año -en represalia a medidas de traslado de jefes criminales a presidios de alta seguridad- son atribuidas al (PCC), el mayor de los grupos delictivos, a cuyos líderes se adjudica el haber desatado la oleada de atentados que azotan las prisiones y la ciudad misma desde mayo.

La amplia e impactante entrevista, realizada con una elevada cuota de profesionalidad por el periodista Mario Osava, fue dada por el personal carcelario paulista a Inter Press Service Agencia el 12 de agosto último.


Otra vida
La vida es insegura para los agentes penitenciarios. Un hotel y casas de colegas sirvieron de refugio para, por ejemplo, la familia y el guardia cuyos dichos se vuelcan al comienzo de esta información. Alquilaron un pequeño departamento en un barrio de clase media que consume casi todo el salario reducido por la licencia médica que debió gestionar para justificar su ausencia en el empleo.

La pareja duerme en el piso, ya que solo cuentan con un sólo colchón en el que se aprietan los cuatro hijos: "perdimos casi todo, solo logramos traer este pequeño televisor" y algunos muebles y ropas, se lamenta la mujer.

La seguridad de la familia depende del ocultamiento. Los hijos aprendieron a ocultar la profesión del padre, a no traer compañeros de clase a casa y cambiar de apariencia cortándose el pelo, por ejemplo. "No pueden tener verdaderos amigos" porque cambiaron de residencia ocho veces en los últimos años, lo que les asocia atrasos en la escolaridad, informa la madre.

Sencillamente la familia decidía la mudanza cuando su trabajo se hacía conocido por los vecinos. "No puedo ser transferido a presidios en ciudades pequeñas, donde todos se conocen", advierte el agente.

Ser rehén
Otro peligro es caer de rehén en las frecuentes rebeliones de los reclusos. Este año 950 agentes ya vivieron esa dramática situación, de la cual 370 salieron heridos, informa el titular del Sindicato de Funcionarios del Sistema Penitenciario del Estado de San Pablo, Joao Machado.

El sindicato representa a 22 mil penitenciarios, 3 mil escoltas y cerca de 5 mil agentes que realizan tareas de administración y asistencia médica, social o psicológica.

Los agentes ganan poco con una remuneración inicial de 1.650 reales (750 dólares), aunque hoy su principal reclamo es por mejores "condiciones de trabajo y seguridad, por encima de la cuestión salarial", señala Machado. "No vale la pena ganar mucho y ser torturado", explica.

Sus turnos son de 12 horas por 36 de franco y muchos complementan sus sueldos con una ocupación informal, en general como guardias de seguridad de empresas privadas, mientras otros estudian con la meta de dejar en unos años su riesgoso empleo.

Los agentes cuentan con estabilidad en el empleo. Se les exige educación secundaria, pero aumenta la participación de graduados universitarios, ante la dificultad de obtener mejores empleos. El 10% son mujeres, reglamentarias para las prisiones femeninas.

Desde 1994 la población penal de San Pablo casi se cuadruplicó, hoy es de más de 120 mil internos. Las cárceles de 44 iniciales alcanzaron el número de 144, mientras los agentes penitenciarios aumentaron sólo 48 por ciento. Doce años atrás, la proporción -ratio- era de un agente cada 2,2 presos, hoy es de uno cada 5,7.

Además se redujo la edad de los reclusos, la mayoría tienen ahora entre 18 y 22 años, y "los jóvenes son mas difíciles de controlar", sostuvo el sindicalista.

Otro caso
Otra víctima de un motín carcelario es una mujer penitenciaria que fue torturada en las cinco horas que permaneció como rehén de los presos con golpes de martillo y otros instrumentos de trabajo. Sufrió fracturas de nariz y rostro y dislocaciones en la columna vertebral y en el tobillo, además de amenazas de violación.

En aquellos momentos "reviví toda mi vida, convencida de que no saldría viva de allí", dice la mujer. La violencia dejó secuelas de pánico al salir de su casa y fue transferida a un establecimiento de otra ciudad, para librarla de volver a trabajar donde se la torturó. Después de 40 días de licencia médica y seis meses de asistencia psicológica, sigue sufriendo insomnio y pesadillas.

Su familia y el Grupo de Acogida constituyen sus apoyos actuales, revela. El Grupo, creado por la Coordinación de las Cárceles del Oeste de San Pablo, asiste a los agentes afectados por haber sido rehenes y a sus familias.

Terapia colectiva e individual, talleres variados, según las necesidades diagnosticadas para cada uno, visitas a la familia y actividades de reinserción social, recuperación de la autoestima y de la motivación para la vida, son formas de tratamiento del "estrés postraumático".

Quien fue rehén desarrolla sentimientos de "frustración, de abandono de un Estado que podría haber evitado la agresión sufrida, y deseos de venganza" contra los reclusos, destacan los especialistas. La primera reacción es el deseo de cambiar de empleo y de vida. Luego perduran la "pérdida de memoria, pesadillas, dificultades para dormir, sobresaltos, recuerdos constantes de lo ocurrido".

Información completa clik aquí