Uruguay: reducción de penas a internos que trabajen?

El diario “El País” de Uruguay informó en los últimos días que la reglamentación del artículo de la Ley de Humanización del Sistema Carcelario de ese país podría permitir la reducción de la pena para los reclusos que trabajan o estudian.

El decreto reglamentario en elaboración fijaría que cada dos días de trabajo o estudio en las penitenciarías se reducirá uno de pena y que la prioridad para acceder al trabajo carcelario la tendrán los menores de 29 años que tengan buena conducta, que sean primarios y estén formados en un oficio.

La versión “levantó el ánimo de los detenidos” señalaron, con obviedad, autoridades carcelarias uruguayas no identificadas por el medio gráfico.

De promulgarse esta medida 1.000 de los 2.700 detenidos en el ex Comcar (Complejo Penitenciario) que estudian o trabajan, podrían aspirar a la quita en el cómputo de sus condenas. A su vez, en el penal de Libertad una cuarta parte de los reclusos trabaja y en la cárcel de La Tablada, lo hace aproximadamente un 30%. En la cárcel de mujeres, un 70% de las presas estudian, detalló “El País”.

La medida avanzaría sustancialmente en la flexibilización del régimen carcelario uruguayo y no puede disimular su finalidad de atenuar, como se pueda, el problema más sensible de su sistema penitenciario que es igual al de toda Sudamérica y el Caribe: la sobrepoblación y hacinamiento de las cárceles.

Precisamente por esto otros países de la región por lo menos tomarán nota de ésta decisión uruguaya a la que traducirán en una posibilidad futura de reducir, vía flexibilización del régimen de detención, sus respectivas sobrepoblaciones penales.

Al conocerse la posibilidad de que se reduzcan sustancialmente las penas de prisión desde el Uruguay brotaron las quejas contra la falta de acción contra la delincuencia y la flexibilización de las condiciones de detención.

El senador del Partido Blanco, Eber Da Rosa, de ese país opinó que el ministro del Interior, José Díaz, “ha impulsado una política en la que se le ha quitado respaldo a los mandos policiales".

"Ha habido mayor preocupación por el análisis de las causas sociales de la delincuencia y por tratar de evitar abusos de funcionarios policiales. Eso está bien, pero no se puede transmitir la idea de que se actúa con menos firmeza en el tema de la delincuencia. Porque mientras se desarrolla todo este proceso y se analizan esas causas, no se puede dejar vía libre para que la delincuencia aproveche la oportunidad y crezca", sostuvo el legislador.

En Argentina, hoy por hoy, la grave crisis de inseguridad ciudadana que azota al país convierte en inviable una medida parecida a la uruguaya aunque, de entrar en vigencia en ese país, seguramente los ocupantes de escritorios gubernamentales autóctonos pondrán en una agenda de futuro lejano la posibilidad.

Hace pocas semanas un estudio realizado en el Ministerio de Justicia para rebajar condenas debió ser calificado de proyecto “no gubernamental” por las autoridades para aplacar las quejas que desató en la ciudadanía su contenido flexibilizador. El estudio fue luego congelado.


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