Enviados de la ONU visitarán cárceles sin aviso

Argentina, Albania, Bolivia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, España, Georgia, Honduras, Liberia, Maldivas, Malí, Malta, Mauricio, México, Paraguay, Polonia, el Reino Unido, Suecia y Uruguay, son los primeros veinte países que adhirieron al Protocolo Facultativo de la Convención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura, con la finalidad de desplazar los malos tratos autorizando las visitas periódicas y sorpresivas a sus cárceles de enviados del organismo supranacional.

El 22 de junio último marcó la entrada en vigor del Protocolo que protegerá los derechos de los presos juntamente con la legislación local existente en el tema, en medio de una aguda crisis de inseguridad ciudadana en la Argentina que alimenta la encendida polémica instalada en la población y los medios de comunicación sobre lo que se considera un exceso de beneficios legales y de régimen penitenciario para los encarcelados.

Con estos cuestionamientos como trasfondo, la entrada en vigencia del Protocolo Facultativo de la ONU que autoriza a sus enviados a visitar sorpresivamente las cárceles buscará un “examen directo de las condiciones de reclusión y de trato que reciben los privados de libertad, permitiendo a los expertos formular recomendaciones para realizar mejoras y vigilar su aplicación” afirmaron sus impulsores.

Se explicó que las visitas serán realizadas por los denominados "mecanismos nacionales independientes" y los estados que ratifiquen el Protocolo Facultativo deberán no sólo aceptar sino además “cooperar” para permitir sus visitas sin previo aviso a cualquier lugar de detención y aplicar sus recomendaciones, anticipa la medida.

Al entrar en vigencia el Protocolo los estados partes se han comprometido “a crear o designar un nuevo órgano de expertos de carácter internacional”, con el que se integraría el “Subcomité para la Prevención de la Tortura”, informó en su boletín de julio la Organización Amnesty Internacional que destaca en sus páginas los alcances del nuevo tratado.

Anterior e independiente al Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura las prisiones en la Argentina -con certeza en los ámbitos federal y de la provincia de Buenos Aires que concentran más de la tercera parte de los encarcelados en el país- son visitados sorpresivamente por los jueces integrantes de la Corte Suprema, las cámaras criminales y correccionales, magistrados federales, de ejecución penal, primera instancia y la procuración penitenciaria, además de funcionarios de los ministerios de Justicia correspondientes.

Las visitas de seguimiento judicial y del gobierno programadas y sin aviso, de las que “Prisiones y Penas” fue testigo ocasional en algunas oportunidades en jurisdicción federal, no sorprenden a los funcionarios penitenciarios cada vez más acostumbrados a ellas.

Sin embargo, y por encima de estos controles, la flexibilización del régimen carcelario que, por ejemplo, en los últimos días autorizó a los detenidos bonaerenses a discutir con los jueces si les corresponde o no la medida precautoria de prisión preventiva, o la que dio espacio a que en un ámbito oficial se elaborara un proyecto de sustancial disminución de las penas privativas de libertad, eriza a la ciudadanía del país que reclama mayores penas agobiada por la delincuencia ilimitadamente violenta.

Y los enviados por la ONU se encontrarán con este escenario de colisión que plantea desde hace mucho la realidad ciudadana de todos los días.-