Pena capital: la vida en la "fila de la muerte"

Sector de alojamiento de la "fila de la muerte" en la Prisión Central de Carolina del Norte,

con las celdas atrás y el patio común al frente. A la derecha, la caseta de guardia

blindada. Foto: página del Departamento Correccional del estado norteamericano.

La lucha contra el reloj de la muerte es larga y angustiosa para los condenados a ejecución en los distritos de los Estados Unidos que la sostienen como condena capital. Para sus familiares y allegados también.

Por supuesto que frente a este cuadro están las víctimas de los sentenciados –si sobreviven- y sus familiares y allegados, para muchos de los cuales la espera también es larga y cargada de incertidumbres. Aunque, se sobreentiende, por razones opuestas.

Serán varios años los que transcurrirán entre la sentencia y su cumplimiento o en el mejor de los casos la conmutación; muchas veces décadas. El sistema judicial-punitivo norteamericano prevé distintas y sucesivas instancias de apelación contra la máxima condena, individuales y colegiadas, que alargan los tiempos.

Entre otras cosas por lo anterior y contrariamente a lo que puede imaginar el hombre y la mujer medianamente informado, por lo menos en los Estados Unidos la pena de muerte es holgadamente la más costosa para el sistema y el contribuyente. Incluso más que mantener a un condenado a prisión perpetua.

Carolina del Norte es uno de los estados norteamericanos con pena de muerte, a la que ya fueron sometidos más de 1.000 criminales desde 1910 cuando se legisló y promulgó en ese distrito. Hoy el método es el de inyección letal.

¿Cómo transcurren condenados, allegados y personal carcelario el paso de un sentenciado por los llamados “fila de la muerte” y “reloj de la muerte”? El estado de Carolina del Norte lo informa sin interponer demasiados resguardos al interesado. Si éste es un investigador o estudioso incluso podrá acceder a estos sectores, sin duda los de más extrema sensibilidad de un ámbito carcelario.

“Prisiones y Penas” va a incursionar en este tema fuerte porque, precisamente, tiene que ver con lo más extremo de las prisiones y las penas. Lo hará a partir de una óptica neutra, exclusivamente descriptiva, esperando que la información sirva a muchos de los que se interesan por esta temática hipersensible desde lo filosófico; penal, penitenciario, legislativo, investigador, de derechos humanos o, simplemente, ciudadano. Espera también, lo que no es fácil en esta temática, alejar la truculencia.

“Fila de muerte”
En Carolina del Norte el sistema de ejecuciones está centralizado en la localidad de Raleigh, donde la Unidad III de la Prisión Central de ese estado aloja a los internos masculinos condenados a “la fila de muerte”, mientras que el Instituto Correccional recibe a las mujeres de igual condición.

El módulo está distribuido en ocho pabellones de dos plantas con doce celdas cada una, provistas de camastro adherido a la pared, sanitario, mesa y guardarropa.

Todas las celdas abren a un “patio de día” con mesas y sillas fijadas al piso parecido, aunque más pequeño en dimensión, a los que existen en los módulos de los Complejos de Ezeiza y Marcos Paz del Servicio Penitenciario Federal argentino. Estos patios cuentan con un aparato de televisión en uno de sus extremos, mientras que por el otro vértice se accede a las duchas.

Dos oficiales correccionales ubicados en la cabina de control elevada sobre del suelo del patio de día vigilan durante las veinticuatro horas a los internos. El trato de los guardias a los condenados a muerte puede calificarse de profesional, distante, aunque no agresivo.

El régimen del particular módulo permite a los internos elegir entre permanecer en sus celdas o en el patio de día entre las 7 de la mañana y las 11 de la noche, cuando obligatoriamente son encerrados en los celulares.

Se les exige mantener sus celdas y patio común higienizados y se les permite no menos de una hora diaria para ejercicio dentro del módulo de alojamiento, además de tiempo para el aseo personal. Dos veces por semana los guardias escoltan a los detenidos de la fila de la muerte, en grupos de doce, a las áreas de ejercicio al aire libre donde pueden jugar al básquetbol o caminar por el predio alambrado.

Contrariamente a lo que podría esperarse, en Carolina del Norte los condenados a muerte pueden acceder a trabajo con salario en la cantina, lavadero, peluquería y limpieza dentro de sus áreas de alojamiento.

Se les autoriza una visita semanal de dos personas como máximo, las que se desarrollan en locutorios sin contacto físico. Los internos pueden participar de misa cristiana cada domingo y los islámicos de un oficio religioso cada viernes. Una clase de estudio de la Biblia es dirigida por el capellán de la prisión durante una hora y media los martes.

Si un interno de la fila de la muerte manifiesta mala conducta puede ser enviado a celda de aislamiento separada del sector de alojamiento común, donde recibe los alimentos y de la que sólo puede salir para la hora de ejercicio diario y aseo.

El régimen de detención y los alojamientos son casi idénticos para las mujeres.
La espera de los condenados, cargada de incertidumbres y angustia, es psicológicamente extenuante, interminable.

Entre tres y siete días antes
El condenado permanecerá en la “fila de la muerte” hasta entre tres y siete días antes del fijado para la ejecución, lo que en Carolina del Norte sorprendentemente es decidido por la autoridad carcelaria, tras la orden formulado por el juez de sentencia.

En algún momento de ese período será trasladado con todas sus pertenencias a un alojamiento en el sector más seguro de la prisión y contiguo a los sectores de ejecución: es conocido vulgarmente en la cárcel como “el reloj de la muerte” porque es allí donde el condenado transcurre las últimas horas. En ese momento habrá agotado todos los recursos judiciales y pedidos de clemencia capaces de anular o postergar la pena máxima. A partir de allí sólo podrá esperar un milagro, como una orden del gobernador de suspensión o postergación de la ejecución.

A partir de allí, la hora señalada está por llegar.

Aunque será motivo de otra nota de esta página. Que necesita de más tiempo de elaboración por lo ya mencionado: la necesidad de alejar la truculencia de un tema ultrasensible por lo extremo, pero vigente, y aún hoy sin indicios de desaparición en muchos lugares del mundo de las prisiones y las penas.

¿Útil? ¿Inútil? ¿Anacrónica? ¿Impiadosa? ¿Bárbara? ¿Regresiva? ¿Ejemplarizadora? ¿Incivilizada? ¿Retributiva? ¿Inhumana? ¿Una defensa social? Cada uno de los lectores podrá volcarse a adherir sobre cualquiera de estos términos y muchos más; mientras tanto la pena de muerte se alza por sobre todas las palabras.

El 73% de los reformatorios de España son privados

Los centros de privación de la libertad a delincuentes menores de 18 años están gestionados por asociaciones privadas en la mayor parte de las comunidades autónomas en España donde, sin embargo, nunca se avanzó a privatizar el sistema penitenciario de los adultos.

Por la extensión del sistema en España, la cifra impacta por lo menos a toda latinoamérica donde la figura de lo privado ni se piensa en los ámbitos carcelarios y de contención de menores.

Hasta hace seis años el paso a manos privadas de los institutos de menores, tampoco se había pensado pero en 2000 se aprobó la ley del Menor, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios salvo el PSOE que se abstuvo, y el Grupo Mixto, que votó en contra. La norma permitió por primera vez que se delegara en asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones privadas la gestión de los reformatorios.

La nueva ley elevó la edad penal a los 18 años. Cuando se empezó a aplicar, en 2001, todos los menores de edad que estaban en la cárcel pasaron a centros de internamiento. Las comunidades autónomas, que tienen las competencias en materia de menores, carecían entonces de las infraestructuras para asumir ese volumen de internos. En Madrid, en 2001 sólo había 45 plazas.

La urgencia por cumplir con la ley hizo que se empezaron a firmar convenios con asociaciones privadas para conducir los institutos. En estos momentos en España se encuentran internados alrededor de 2.750 menores en los 100 centros existentes.

Según la información publicada por el por el prestigioso matutino español "El País", en nota firmada por Mónica Belaza y Alvaro de Cozar, en Madrid, el 100% de los reformatorios creados desde 2001 está en manos de asociaciones. Ese año había tres, públicos, con 45 plazas. Ahora hay 18, con 422 plazas, todos nuevos de gestión privada. En Andalucía, asociaciones y fundaciones llevan el 94% de los reformatorios. Tan sólo los gobiernos de Cataluña, Extremadura y Ceuta se encargan directamente de todos sus centros. En Canarias y Baleares la responsable es una fundación pública.

¿Qué tipo de entidades se encargan de los reformatorios? La ley española exige que sean asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, explica el diario en el informe publicado el 19 de mayo.

La gestión de los institutos de menores incluye la limpieza, alimentación y la seguridad, que se subcontrata con empresas de este ramo. Cuando la asociación es una fundación de un grupo empresarial, estos servicios se pueden encargar a compañías de la corporación. La comunidad elige ahora por concurso a las empresas que van a prestar los servicios en los reformatorios. Como muestra de gestión de seguridad en los reformatorios puede citarse a la firma Prosintel, una de las encargadas de la delicada temática.

Quejas
El vocal del CGPJ Félix Pantoja relata que, cuando era Fiscal coordinador de Menores de Madrid, leyó un anuncio en los diarios donde se pedían educadores "para empresa en expansión". La Fiscalía a su cargo averiguó que se trataba de una asociación que gestionaba centros de menores. "Es un ejemplo de que esto se ha convertido en un negocio", señala.

Para los detractores la gestión privada de los reformatorios plantea otros problemas, como la cuestión principista de si el Estado puede delegar la privación de un derecho fundamental como la libertad.

La abogada de menores Patricia Fernández opina que si se hubieran privatizado las cárceles de adultos se habría generado un debate social que en este caso no se ha producido. "La gente ni siquiera lo sabe", puntualiza y critica los eufemismos que se utilizan al hablar de los institutos de menores como "centros de internamiento, de reforma, centros educativos": "son términos creados para definir lo que no son sino cárceles para niños y jóvenes, que deberían tener, cuando menos, las mismas garantías que las de adultos" sostuvo la letrada.

El Defensor del Pueblo, sin embargo, manifiesta que no hay grandes diferencias entre centros públicos y privados y que en ambas categorías los hay que funcionan bien y mal.

Tanto la Fundación Ginso, que gerencia varios centros en Andalucía y Madrid, como la Fundación Diagrama, que maneja 23 en toda España, renuncian a entrar en el debate. "Nosotros presentamos un proyecto de reeducación a las comunidades y éstas deciden si les interesa", explica un portavoz de Diagrama.

Canarias
Tras la entrada en vigor de la Ley del Menor, los centros de menores canarios pasaron a manos de la ONG Cicerón Siglo XXI, pero la organización fue desplazada en 2004 después de que el fiscal de menores requisara correas de contención psiquiátrica en tres de los reformatorios. En uno de ellos hubo incluso casos de violación.

Para atenuar la grave situación, la decisión del Gobierno autonómo fue asumir la gestión y quitarla de manos privadas. Ese cometido pasó, en octubre de 2004 a la Fundación Pública Ideo. El capital social lo aporta el Gobierno canario. Sus responsables son la titular de Asuntos Sociales, la de Protección al Menor y la Familia y el de Juventud. Éstos nombraron a un gerente, con responsabilidad en funciones básicas como mantenimiento, horarios, contratación de personal o proyecto educativo.

Durante 2005 y a pesar del cambio a la gestión estatal, el sistema siguió sin funcionar. La situación en los centros, con fugas, motines, incendios, consumo de drogas e incluso muertes, fue calificada como "insostenible", por el Diputado del Común canario (figura análoga al Defensor del Pueblo).

La sensible y complicada temática de las cárceles y reformatorios manejadas por empresas privadas otra vez escaló a los títulos de los diarios. Está vigente y parece que llegó para quedarse. Seguramente avanzará en la búsqueda de ampliar sus servicios. Para ir pensando.-