Viaje a "Supermax", la cárcel para reclusos de alta peligrosidad en EEUU

El francés Zacarías Mussaoui, condenado a prisión perpetua por complicidad en los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas en EEUU, fue trasladado el sábado último a "Supermax", una prisión federal de máxima seguridad en el Estado de Colorado, y los detalles de cómo será su alojamiento de por vida muestran la rigidez del régimen penitenciario norteamericano para los sentenciados calificados de alta peligrosidad.

Mussaoui pasará el resto de su vida en la cárcel de máxima seguridad Administrative Maximum en Florence, Colorado, apodada “Supermax” por sus características de “super-máxima-seguridad” según los parámetros estadounidenses de vigilancia y custodia de presos.

El condenado llegó antes del amanecer del sábado a la prisión en un secreto operativo de traslado. Los reclusos de la “Supermax” residen en celdas individuales de dos por tres y medio metros, equipadas con camastro de cemento, una silla, mesa, inodoro y ducha. Los reclusos sólo están autorizados a una hora de ejercicio físico fuera de su celda por día y durante ese tiempo deben estar encadenados y aislados.

La prisión-fortaleza queda en un desierto a 145 kilómetros de Denver y aloja actualmente a unos cuatrocientos criminales considerados como más peligrosos en Estados Unidos. La sórdida nómina incluye al británico Richard Reid, que intentó explotar un avión con explosivos escondidos en sus zapatos, a Terry Nichols, conspirador del atentado de Oklahoma, y a Abdel-Rahman y Ramzi Ahmed Yousef, que planearon un atentado contra el World Trade Center en 1993.

Mussaoui "comenzó a cumplir su sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de liberación", informó escuetamente un comunicado del servicio correccional estatal. Fue todo lo que se dijo oficialmente en relación al que será el último viaje del condenado de 37 años.El reo fue sacado de un centro de detención en Alexandria (Virginia) a última hora del viernes y llevado a Colorado en un pequeño avión para trasporte de detenidos conocido como "Con Air".

Mussaoui se declaró culpable el 22 de abril de 2004 de complicidad con los autores de los atentados de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York. La cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, era la pena mínima obligatoria para el delito por el cual se lo condenó. Sólo el juicio destinado a fijar la condena duró tres meses, tras los cuales el jurado rechazó el 3 de mayo la pena de muerte. Al día siguiente, Mussaoui fue formalmente condenado a reclusión de por vida.

La información sobre el reservado camino que debió recorrer Mussaoui para llegar a la prisión en la que pasará el resto de su vida, fue proporcionada por la agencia internacional de noticias AFP, datada en la capital estadounidense, Washington.

Desde las cárceles rebeladas desatan barbarie en San Pablo

Envuelta en sospechas de negociación entre el gobierno y líderes encarcelados del crimen organizado, se detuvo la ola de violencia que azotó por tres días a la ciudad más próspera de Brasil, San Pablo, y arrojó más de ciento cincuenta muertos dejados por 82 motines carcelarios, un incontable número de atentados en las calles y consecuencias de la posterior represión.

La prensa paulista coincidió en afirmar que la rendición de las prisiones amotinadas y el cese de los atentados contra policías, bancos y transportes, obedeció a una orden dada desde la cárcel por el cabecilla del grupo denominado “Primer Comando de la Capital” (PCC), Marcos Williams Herba Camacho, alias “Marcola”.

“Informamos a todos que las 'facultades' -como el PCC llama a las cárceles- que se encuentran en nuestras manos se irán normalizando a partir de las nueve de la mañana –del lunes 15-dijo “Marcola” por teléfono celular a sus “soldados”, según la agencia de noticias brasileña Estado. Tras esta orden los motines en las cárceles y los atentados en la ciudad, “cesaron” señaló el matutino “Folha de Sao Paulo”.

Las condiciones que los líderes del grupo habrían puesto para la tregua serían que los presos vinculados al PCC trasladados a un penal de máxima seguridad bajo un rígido régimen carcelario, obtuvieran flexibilizaciones en el régimen de encarcelamiento y que la Policía Militar no ingresara a los penales amotinados.

Otros beneficios exigidos por los presos son los de ser autorizados a “tomar sol” en los patios del penal, recibir visitas privadas y la instalación de televisores en número suficiente para que la totalidad de los detenidos puedan seguir el mundial de fútbol.

“Otra vez están negociando con Marcola. Es por eso que el Estado perdió el control de la situación; si el gobierno cede esta vez es mejor entregar a Marcola las llaves del Estado” dijeron agentes penitenciarios a la agencia Estado, quienes aseguraron que funcionarios de la Secretaría de Administración Penitenciaria visitaron el domingo a Marcola y mantuvieron con él una larga conversación.

El gobierno negó cualquier tipo de negociación con los delincuentes, pero no pudo explicar cómo se llegó al fin de la ola de violencia.

Un saldo de más de ciento cincuenta muertos dejaron las refriegas, de los que por lo menos 35 eran funcionarios penitenciarios y policiales.

Según la agencia alemana de noticias DPA el gobierno brasileño considera que el disparador de los motines y atentados fue la violenta respuesta del PCC por el traslado de 765 miembros del grupo, entre los que se encontraba Marcola, a una prisión de máxima seguridad, con el objetivo de aislarlos.

El organizado y disciplinado cártel “PCC”, que impone sus condiciones a las autoridades y sociedad paulista, se ha infiltrado entre la gente al suplir –a su modo mafioso- las carencias de la acción social del Estado, explican los medios brasileños.

“Estos cárteles mafiosos proveen a sus miembros de una red de asistencia que cubre las carencias del propio Estado en las barriadas marginales e incluso les da ciertas garantías económicas; no extraña así que la lealtad esté asegurada y a prueba de investigaciones policiales.
La rendición de los presos amotinados y el cese de los atentados devolvió la normalidad a San Pablo que por el pánico fue paralizada durante la rebelión con más de cuatro mil colectivos fuera de servicio, nueve terminales de transporte cerradas y embotellamientos de varios kilómetros en las vías de acceso a la ciudad. También interrumpieron sus actividades las escuelas, universidades, oficinas públicas y el comercio en general.

Las cárceles sin gobierno, donde el hacinamiento y la obsolescencia convocan a la corrupción, han dado una muestra de hasta dónde pueden someter a la sociedad libre. Para que quienes diseñan las políticas penitenciarias tomen debida nota.-

Guerra por las plazas carcelarias en Buenos Aires

La crítica situación penitenciaria de la provincia de Buenos Aires por falta de plazas de alojamiento escaló la semana pasada a una guerra entre la justicia y el sistema carcelario provincial cuando se hicieron públicos los problemas que genera la situación.

Mientras la Justicia inhabilitó 2.840 plazas por deficiencias estructurales y ordenó el traslado de los presos a otros alojamientos, el Servicio Penitenciario bonaerense (SPB) cumplió el mandato judicial pero, en un gesto revelador de lo delicado de la situación, salió a los medios a explicar los trastornos que provocan esas determinaciones a las cárceles superadas en sus estructuras por la sobrepoblación penal.

La Justicia cumple con su función de velar por el no agravamiento de las condiciones de detención de los detenidos y el SPB cumple con la de alojar como puede dentro de una estructura desbordada. Quien no cumple al postergar la construcción de nuevas plazas hasta el extremo de hacer enfrentar instituciones, el Ejecutivo provincial, se mantiene en equilibrio, reafirmando un escenario complejo pero que era y es totalmente previsible: la falta de lugares de alojamiento conduce inexorablemente a las emergencias y crisis.

Luego que el diario “Hoy” de La Plata reveló el jueves que la Justicia bonaerense clausuró 2.840 plazas carcelarias y obligó al traslado de los presos que alojaban, el titular del SPB, Fernando Díaz, calificó como “ideal” la medida judicial orientada a no agravar las condiciones de detención de la población penal, pero las resoluciones “no son buenas para el sistema en su conjunto, porque no podemos bajar la población en algunas unidades para sobrecargar otras”, explicó.

Díaz aclaró inmediatamente que “esto no implica que desoigamos la orden de la Justicia; cuando viene una resolución de este tipo automáticamente recurrimos la medida” mientras se gestionan los traslados precisó al matutino platense.

“Tomada en forma individual, la medida –que exige los traslados de detenidos- es adecuada, pero en el sistema integral no está bien”, puntualizó el jefe del SPB al explicar los trastornos para el alojamiento del total de la población penal que provocan los movimientos masivos de presos de manera imprevista, en una estructura crítica y crónicamente desbordada.

Por su parte el director de Población Carcelaria provincial, Juan Scatolini, respaldó los fallos judiciales y sobre sus consecuencias propuso que los presos sean trasladados a unidades penales en construcción donde, aseguró, están dadas las condiciones para destinar detenidos.

“La apertura de la Unidad 41 de Campana, de Urdampilleta con 700 plazas, y algún anexo como la 51 de Magdalena están lenta pero paulatinamente resolviendo el pro-blema de la sobrepoblación” penal, sostuvo Scatolini.

No es lo mismo que sostiene el Servicio Penitenciario de Buenos Aires.

Por eso la guerra por las plazas carcelarias en la provincia.-

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