Bolivia: tremebunda protesta de presos

Después de un primer día de huelga de hambre el martes, los presos de distintas cárceles del país extremaron sus protestas autoinflingiéndose graves heridas, para ser escuchados en sus demandas de revisión de del cómputo de penas y agilización de las causas judiciales.

Por lo menos cinco reclusos del penal de San Sebastián se cosieron los labios, mientras otros tres se enterraron hasta la altura de la cabeza en la cárcel de El Abra y varios otros se cortaron el tórax, informó el diario “La Opinión” de Bolivia en su sitio web www.laopinion.com.bo

A su vez en el penal de San Sebastián tres internas se crucificaron en el sector de mujeres y en el de varones también hubo crucifixiones, una de ellas cabeza abajo. Se supo además que reclusas de la cárcel de mujeres se metieron en tanques de agua fría la noche del lunes, amaneciendo en estado de shock el martes según señalaron algunas versiones.

Los presos de todos los establecimientos de detención anunciaron que si sus reclamos no son escuchados, en las próximas horas pasarán a infligirse mayores daños físicos como extracción de sangre y cortes más profundos en el cuerpo.

Enviados del gobierno a las cárceles para dialogar ayer con representantes de los reclusos prometieron tratar sus reclamos parlamentariamente en la sesión del día 26, hasta cuando pidieron un “cuatro intermedio” en la escalada de reclamos de los presos.

Sin embargo los detenidos se negaron a la tregua o “cuarto intermedio” como lo denominó el gobierno y volvieron a exigir soluciones inmediatas.

Presos del penal de La Paz se habían enterrado hasta el cuello y en Cochabamba varios reos se cosieron los labios y se crucificaron, según mostraron imágenes de televisión de la capital boliviana.

En La Paz, cinco reos están recostados sobre fosas cavadas en la tierra y sus compañeros advertían que si en las próximas horas sus demandas no son atendidas procederán a enterrarlos, mientras algunos de los voluntarios miraban sonrientes a las cámaras.

Familiares de los reos se sumaron a la movilización de los privados de libertad. En horas de la mañana de este martes, más de un centenar de hijos esposas y madres protagonizaron un mitin de protesta e instalaron carpas de plástico para permanecer frente al principal penal de La Paz, mientras la protesta de sus allegados presos se mantenga.

Los reclamos
Centralmente los presos de toda Bolivia reclaman la revisión de la Ley de Ejecución Penal, la figura de Redención Extraordinaria y modificaciones a la Ley 1008 por parte de la Cámara de Diputados.

Con la presión de las cárceles ya revolucionadas el viceministro de Justicia, Renato Pardo, explicó que el Poder Ejecutivo no tiene jurisdicción en las demandas de los presos por tratarse de cambios en los artículos de una ley que es responsabilidad del Poder Legislativo.

En respuesta a estos dichos los internos amenazaron con escalar en la modalidad de la protesta y anunciaron masivas y estremecedoras crucifixiones y coseduras de labios si no reciben respuestas satisfactorias del gobierno del país.

Exigen, entre otras reivindicaciones, que una ley anterior de conmutación de penas a la mitad de la inicial se aplique incluso a las causas por delitos más graves, como los de asesinato, violación y narcotráfico. También reclaman que se flexibilice la ley antidroga que establece penas y procedimientos más severos que para el caso de otros ilícitos.

Además, demandan que se cumpla el nuevo Código de Procedimiento Penal que agiliza el trámite de las causas, pues alrededor del 77% de ellos se encuentra detenido sin sentencia, según informes oficiales.

El gobierno señaló que se solidariza con la causa de los reos, pero que sus demandas deben ser atendidas en el Congreso y el Poder Judicial. El Legislativo tenía previsto reunirse en breve para analizar el pliego petitorio de los huelguistas.

Los 8 mil internos en huelga de hambre exigen la modificación de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y la inclusión de la figura de Redención Extraordinaria, ya que muchos de ellos fueron sentenciados hasta el 25 de marzo de 2001 con el antiguo Código de Procedimiento Penal, donde se negaba la asistencia de un abogado según explicaron. Asimismo exigen la modificación de la ley 1.008 toda vez que en ningún país vecino la condena supera los 15 años de pena por el delito de narcotráfico.

Finalmente denuncian condiciones infrahumanas de detención preventiva, puesto que los internos que no pueden pagar las fianzas deben compartir una celda con otros 8 o 9 detenidos.

“En vista de la gravedad” de la situación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) “hace un llamado al estado de Bolivia con el fin de que extreme todas las medidas a su alcance para garantizar la vida e integridad personal de las personas privadas de la libertad desde el respeto a los derechos humanos y los estándares internacionales en la materia” señaló un comunicado de esta entidad.

Investigación: 2006 con récord de motines carcelarios en Argentina

Una investigación realizada por el Centro de Estudios Nueva Mayoría halló que en sólo nueve meses de eset año se produjeron 25 protestas carcelarias, lo que casi duplica la cifra registrada en 2005 -13 en total- y se convertiría en récord de la década, superando al año 2000, si se sobrepasaran 33 revueltas de detenidos.

Entre el 1º de enero de 1986 y el 5 de octubre de 2006 se han registrado 433 protestas de distinta modalidad en las cárceles sin sumar las que se dan en comisarías, lo que arroja un promedio de 1,7 por mes. Del total de revueltas, 272 (62,8%) han sido motines; 98 (22,6%), huelgas de hambre; y 63 (14,5%), disturbios, precisa la investigación que fue difundida por el medio informativo “Urgente 24” en su sitio www.urgente24.com.ar

Desde lo geográfico, la provincia con mayor número de desórdenes penitenciarios es Buenos Aires con 37%, seguida por Capital Federal con 15%, Santa Fe con 9% y Córdoba con 8%. En las cárceles de Magdalena, Buenos Aires, de Coronda, Santa Fe, y de San Martín, Córdoba, se registraron durante 2005 los amotinamientos más violentos con un saldo numeroso de pérdida de vidas.

El estudio del Centro de Estudios Nueva Mayoría marca que a partir de 2000 -cuando hubo un pico de 33 protestas- se produjo una sensible disminución de las demandas de los presos: en 2001 descendieron a 14, en 2002 fueron 9 y en 2004 fueron sólo 7.

La última revuelta penitenciaria, que tuvo como escenario a la provincia de Buenos Aires, alcanzó a más de 14 mil reclusos con la modalidad de “huelga de hambre” durante 13 días en 28 penales. El gobierno provincial elevó plegarias al cielo para que la protesta no escalara a la violencia y fue escuchado.

Con políticas penales y carcelarias de espasmo, de idas y venidas que obedecen a las emergencias que plantean los reclamos de la sociedad por mayor seguridad por un lado, y a la inmanejable sobrepoblación penal alojada en los establecimientos de detención por el otro, los diputados de la comisión de Justicia de la Legislatura bonaerense debieron demorar el tratamiento del proyecto votado rápidamente por el Senado provincial para extender la “probation” –cumplimiento de la pena en libertad con trabajo social- a delitos de hasta 6 años de condena.

Enfriamiento
Antes de tratar este proyecto los diputados "consultarán" con el gobierno provincial sus alcances y seguramente "introducirán modificaciones" al texto que recibió una apurada media sanción del Senado. Así lo apuntó el diputado Raúl Pérez (Frente para la Victoria), para contener el malestar popular que desató la acelerada aprobación del proyecto por los senadores. El legislador aclaró que el texto que sancionaron el jueves los senadores "no se discutió con la cámara de Diputados, por lo que no conocemos el detalle de su contenido" presentado por la senadora Mónica Litza".

Los legisladores oficialistas enfriaron el trámite parlamentario del proyecto cuando el ministro de Justicia provincial, Eduardo Di Rocco, consideró públicamente al proyecto como de "dudosa constitucionalidad". Además de esto desde el Ministerio de Justicia, se preocuparon por aclarar que "no se trata de un proyecto del Ejecutivo" y que de hecho el gobierno de Felipe Solá "no está para nada de acuerdo con esta extensión de la probation" se aseguró.

El proyecto votado a la carrera por el Senado bonaerense quiso responder a la crisis judicial provocada por la acumulación de causas y el retardo de la Justicia, que dio el motivo a la huelga de hambre que se diseminó como reguero por los penales provinciales. “Se busca extender la probation con el objetivo de aliviar el trabajo de los juzgados” se explicó en fuentes parlamentarias.

Luego de las declaraciones de Di Rocco los legisladores recurrieron a la cautela: "vamos a escuchar al ministro de Justicia antes de emitir opinión" señaló el diputado Pérez, quien precisó que la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia se realizará mañana.

"No todos los juzgados tienen los mismos atrasos. La Corte debe tener instrumentos para ejercer con más rigurosidad el poder de control de la productividad judicial y darle instrumentos para tener mejores mecanismos de control", agregó finalmente Pérez.

El proyecto de ley amplía la posibilidad de optar por la probation no sólo a los hurtos y robo simple ya incluidos en este beneficio, sino también a otras figuras delictivas.

La probation, incorporada al Código Penal en el artículo 76 bis, permite al imputado de un delito, solicitar la suspensión del juicio, siempre que se haga cargo de la reparación del daño que cometió en la medida de lo posible. Este beneficio, además de acortar los plazos judiciales, extingue la acción si el imputado no comete un nuevo delito y, por lo tanto, elude una condena que es antecedente a los efectos de la reincidencia.