Investigación: 2006 con récord de motines carcelarios en Argentina

Una investigación realizada por el Centro de Estudios Nueva Mayoría halló que en sólo nueve meses de eset año se produjeron 25 protestas carcelarias, lo que casi duplica la cifra registrada en 2005 -13 en total- y se convertiría en récord de la década, superando al año 2000, si se sobrepasaran 33 revueltas de detenidos.

Entre el 1º de enero de 1986 y el 5 de octubre de 2006 se han registrado 433 protestas de distinta modalidad en las cárceles sin sumar las que se dan en comisarías, lo que arroja un promedio de 1,7 por mes. Del total de revueltas, 272 (62,8%) han sido motines; 98 (22,6%), huelgas de hambre; y 63 (14,5%), disturbios, precisa la investigación que fue difundida por el medio informativo “Urgente 24” en su sitio www.urgente24.com.ar

Desde lo geográfico, la provincia con mayor número de desórdenes penitenciarios es Buenos Aires con 37%, seguida por Capital Federal con 15%, Santa Fe con 9% y Córdoba con 8%. En las cárceles de Magdalena, Buenos Aires, de Coronda, Santa Fe, y de San Martín, Córdoba, se registraron durante 2005 los amotinamientos más violentos con un saldo numeroso de pérdida de vidas.

El estudio del Centro de Estudios Nueva Mayoría marca que a partir de 2000 -cuando hubo un pico de 33 protestas- se produjo una sensible disminución de las demandas de los presos: en 2001 descendieron a 14, en 2002 fueron 9 y en 2004 fueron sólo 7.

La última revuelta penitenciaria, que tuvo como escenario a la provincia de Buenos Aires, alcanzó a más de 14 mil reclusos con la modalidad de “huelga de hambre” durante 13 días en 28 penales. El gobierno provincial elevó plegarias al cielo para que la protesta no escalara a la violencia y fue escuchado.

Con políticas penales y carcelarias de espasmo, de idas y venidas que obedecen a las emergencias que plantean los reclamos de la sociedad por mayor seguridad por un lado, y a la inmanejable sobrepoblación penal alojada en los establecimientos de detención por el otro, los diputados de la comisión de Justicia de la Legislatura bonaerense debieron demorar el tratamiento del proyecto votado rápidamente por el Senado provincial para extender la “probation” –cumplimiento de la pena en libertad con trabajo social- a delitos de hasta 6 años de condena.

Enfriamiento
Antes de tratar este proyecto los diputados "consultarán" con el gobierno provincial sus alcances y seguramente "introducirán modificaciones" al texto que recibió una apurada media sanción del Senado. Así lo apuntó el diputado Raúl Pérez (Frente para la Victoria), para contener el malestar popular que desató la acelerada aprobación del proyecto por los senadores. El legislador aclaró que el texto que sancionaron el jueves los senadores "no se discutió con la cámara de Diputados, por lo que no conocemos el detalle de su contenido" presentado por la senadora Mónica Litza".

Los legisladores oficialistas enfriaron el trámite parlamentario del proyecto cuando el ministro de Justicia provincial, Eduardo Di Rocco, consideró públicamente al proyecto como de "dudosa constitucionalidad". Además de esto desde el Ministerio de Justicia, se preocuparon por aclarar que "no se trata de un proyecto del Ejecutivo" y que de hecho el gobierno de Felipe Solá "no está para nada de acuerdo con esta extensión de la probation" se aseguró.

El proyecto votado a la carrera por el Senado bonaerense quiso responder a la crisis judicial provocada por la acumulación de causas y el retardo de la Justicia, que dio el motivo a la huelga de hambre que se diseminó como reguero por los penales provinciales. “Se busca extender la probation con el objetivo de aliviar el trabajo de los juzgados” se explicó en fuentes parlamentarias.

Luego de las declaraciones de Di Rocco los legisladores recurrieron a la cautela: "vamos a escuchar al ministro de Justicia antes de emitir opinión" señaló el diputado Pérez, quien precisó que la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia se realizará mañana.

"No todos los juzgados tienen los mismos atrasos. La Corte debe tener instrumentos para ejercer con más rigurosidad el poder de control de la productividad judicial y darle instrumentos para tener mejores mecanismos de control", agregó finalmente Pérez.

El proyecto de ley amplía la posibilidad de optar por la probation no sólo a los hurtos y robo simple ya incluidos en este beneficio, sino también a otras figuras delictivas.

La probation, incorporada al Código Penal en el artículo 76 bis, permite al imputado de un delito, solicitar la suspensión del juicio, siempre que se haga cargo de la reparación del daño que cometió en la medida de lo posible. Este beneficio, además de acortar los plazos judiciales, extingue la acción si el imputado no comete un nuevo delito y, por lo tanto, elude una condena que es antecedente a los efectos de la reincidencia.