Argentina: la cárcel y la prevención del delito

El gobierno nacional ha disimulado su molestia con la marcha contra la inseguridad que encabezó días pasados, Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo Axel fue asesinado por la banda que lo secuestró hace dos años. La ha disimulado porque no llegó a trascender a la ciudadanía el fastidio y la preocupación con el que los despachos de la Casa Rosada se resignaron a absorber este antiguo reclamo de la gente. Hubo bastante más fastidio y preocupación gubernamental que el reflejado por los titulares de diarios y noticieros salvo alguna que otra honrosa excepción, en esta época de clavijas periodísticas apretadas oficiosamente como hace mucho no se vivía.

El fastidio político debe comprenderse. La preocupación del gobierno no.

Porque es desde sus entrañas que se insiste en que el problema de la inseguridad no se soluciona sólo con represión, sino que para lograr ese objetivo lo que debe privilegiarse es la prevención.

En contrario al mensaje oficial, nada se ha hecho en el terreno de lo que debe considerarse prevención del delito de acuerdo al postulado gubernamental. No se apuntala a la familia; no hay mejor educación; la precariedad laboral es formidable; las condiciones de indigencia han empeorado y, por citar una cuestión estrictamente relacionada con las prisiones y las penas, tampoco se ha hecho tratando de inducir a la sociedad a participar de la prevención del delito observando con mejores ojos a quien cumplió una pena de cárcel y necesita con urgencia desempeñar una ocupación para procurarse el sustento más alejado de la tentación del delito como medio -más fácil- de vida.

Con semejante panorama es contradictorio observar cómo la inversión en el sistema carcelario se ha postergado. Hoy oficialmente recién se habla de dar continuidad al “Plan Director de la Política Penitenciaria Nacional” elaborado a mediados de la década del `90 y a través del cual se construyeron más de cuatro mil plazas carcelarias en esos años, cuando en marzo de 2004 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno el entonces ministro Gustavo Béliz se anunció el “Plan de Construcciones Penitenciarias Federales” hoy todavía virgen.

Y es contradictorio y llama la atención aceptar esta realidad de postergación del sistema carcelario porque hoy por hoy el único programa legislado, reglamentado y vigente de prevención del delito que desde hace décadas se mantiene activo y actualizado surge de la cotidianeidad carcelaria: es el "Tratamiento Penitenciario” destinado a los condenados con la meta de su reinserción social pretendiendo concientizarlos de aceptar la letra de la ley y las costumbres de la convivencia.

¿Su eficacia? Mayor de lo que las estadísticas argentinas pueden medir. Todos los días sale de la cárcel un hombre o una mujer dispuesto a no reincidir. Aunque no sea noticia. El que lo logre o no lo logre después de la cárcel ya es más una cuestión de contención familiar y social, que penitenciaria. Y esto es puramente prevención del delito.

Por esto sorprende, la postergación de la inversión carcelaria en la Argentina de hoy, es decir la postergación de la infraestructura donde debe reinar como readaptador social es el “Tratamiento Penitenciario”, cuando a lo que apuesta el gobierno es a la prevención del delito para enfrentar la inseguridad.