Argentina: protesta carcelaria contenida con un espasmo

En coincidencia con la máxima expresión de la huelga de hambre carcelaria en el distrito, la Corte Suprema bonaerense dictó ayer la resolución que alcanzó para conformar a los presos descontentos. Unos cuantos detenidos ultrapeligrosos con largas condenas abandonarán las cárceles dentro de poco tiempo. Pero después de 14 días la huelga amainó. Oportunos los jueces supremos provinciales, no es cierto?

En dirección contraria, unos cuantos meses antes, el Congreso Nacional agravaba las penas cuando Juan Carlos Blumberg, a quien secuestraron y mataron a su hijo Axel, comenzó a ser seguido por la ciudadanía en su reclamo por falta de seguridad.

Con estos espasmos políticos, que sin rubores las dirigencias promueven en sentidos opuestos para disipar las emergencias, se sobrelleva el país. El Estado no cumple ninguna de las responsabilidades indelegables que debe asumir: no hay buena educación pública; no hay buena salud pública; no hay buena Justicia y no hay seguridad pública. No obstante la enormidad que cuesta a los contribuyentes mantener esas estructuras ineficaces. Es así, a pesar de las distracciones pretendidas oportunamente por los mensajes oficiales.

La seguridad y la cuestión carcelaria
Ciertamente, la decisión de la Corte que reduce condenas a los presos más peligrosos no puede ser jurídicamente cuestionada. Debe cuestionarse el rol legislativo que no brinda a la sociedad leyes que mantengan a derecho a ese tipo de reclusos detrás de las rejas. Y debe cuestionarse fuertemente también que la Corte bonaerense haya producido dictamen sobre la cuestión de cómputo de la prisión preventiva en condenas de reclusión, azuzada políticamente por la protesta carcelaria con amenaza de convertirse en incendio “tumbero”.

Pero el que se haya apagado esta vez los reclamos al borde del incendio no borra -en realidad promete futuras llamaradas- la calamitosa situación del sistema penal bonaerense en el que el 70% de los presos no tiene condena, ni la poco más recatada situación del sistema federal, con más de la mitad de los encarcelados también sin condena. Sobre todo cuando la sobrepoblación penal y la falta de medios de las unidades carcelarias es el común denominador de la geografía penitenciaria del país.

Para quien no conoce la cárcel la diferencia entre un detenido procesado y uno condenado no sólo implica que el último ha recibido la pena, sino también que el procesado sigue siendo técnicamente inocente para la justicia hasta tanto se dicte sentencia en su causa. También por esta condición, el no condenado está inhabilitado para ser incorporado al tratamiento de readaptación penitenciario, salvo por su expresa voluntad.

Pero lo relatado es humanamente lo menos importante si lo que debe priorizarse es la convivencia y el comportamiento del procesado en prisión. Porque para quien no tiene condena, su vivencia tras las rejas pasa a ser la incertidumbre: son, dentro de la cárcel, los que no saben si les espera mucho o poco tiempo en prisión. Entre éstos, muchos, son los que no saben si les espera mucho o poco tiempo para reencontrarse con el seno familiar, con la carga que esto significa.

Como puede entenderse, más que en cualquier otro lugar y situación es en la cárcel donde se tienen las 24 horas de cada día para pensar cómo será el futuro.

Para este tipo de encarcelados, los sin condena, la incertidumbre es la que holgadamente reina entre las sensaciones. Como ya se dijo, son el 70% de los 25 mil presos bonaerenses y el 55% de los 10 mil federales, a los que deben sumarse una buena mayoría de los 30 mil reclusos restantes en otras jurisdicciones del país.

Es decir que, a pesar de que una protesta amainó entre ayer y hoy, las poblaciones penales de la Argentina agitan sobre todo sensaciones de incertidumbre. Mala consejera para la convivencia en prisión; con los guardianes y con los otros presos. En unos meses deberán esperarse nuevas protestas a pesar de lo que casi a diario se negocia con los detenidos para mantener la calma “tumbera”.

Esto, que es sobradamente conocido por quien ha transitado las cárceles, no tiene solución a la vista ni tampoco tiene plazos.

La Justicia -de cualquier provincia del país- no tiene estructura, personal, ni presupuesto para cumplir con su tarea sin retardo y las cárceles no tienen estructura ni presupuesto para reducir el hacinamiento y otras condiciones precarias de detención.

Es decir que, más allá de los diarios discursos oficiales sobre defensa de los derechos humanos, esos derechos no se dan cuando depende del Estado permitir ejercerlos, en este caso a los presos.

También que, por todas las carencias, tampoco desde el costado penitenciario puede esperarse una mejora de la seguridad ciudadana.

Naturalmente no puede ser de otra manera si tampoco se da a la gente, sobre todo a los que menos tienen, buena educación pública; buena salud pública; justicia y seguridad.