Argentina: debate explosivo sobre malos tratos en las cárceles

Un informe de la Procuración Penitenciaria nacional afirmó que el 63,4% de mil presos federales entrevistados dijo haber sufrido agresiones físicas las que, extrañamente, no fueron denunciadas a la Justicia por la entidad. El informe del organismo encargado de proteger los derechos de las personas privadas de su libertad, desató un debate virulento que crece sumando voces de apoyo y rechazo a lo difundido por la Procuración.

Lamentablemente en la Argentina, la problemática del trato o maltrato a los presos está contaminada -y así devaluada- por la ideología, lo que impide encaminar una solución razonada a la situación. Todo se agota en el cruce de acusaciones al que muchas veces se llega por escalar a una entrevista con foto en los medios.

Arribar a las certezas en cuestiones penitenciarias es, en esta época, no tan difícil. Demanda una decisión política oficial de marcar el camino y dotarlo del guarda-rail necesario para que no haya escapes a las banquinas por lo riesgoso, mítico y muchas veces morboso que asocia la cárcel.

Para esto alcanza con cumplir el Protocolo de la Convención contra la Tortura. Permitir a profesionales oficiales e independientes, no políticos, ingresar sorpresivamente a los predios penales para emitir relatos sobre lo que han visto. Como premisa, estos profesionales deben conocer la muy específica y dura realidad de la cárcel, para que sus informes resulten fructíferos.
No hay en el país institución penitenciaria, que pueda negarse a abrir sus puertas a profesionales del tema porque, de funcionar aceptablemente los pabellones de detención, hasta la beneficiaría. Pero debe subrayarse que para cumplir esta labor los convocados deben ser profesionales que conozcan las vivencias e intereses a ambos lados de las rejas: las de los presos y las de los guardianes.

Mientras tanto el debate ideologizado -y mediatizado- sobre la cuestión carcelaria permanece sin resolver los problemas de la cárcel: es decir los problemas de los presos y los de los guardianes.

La explosión
El informe de la Procuración afirmó que el 63,4% de mil presos federales entrevistados dijo haber sufrido agresiones físicas y provocó una dura réplica basada en información propia de la Comisión de Cárceles, dependiente de la Defensoría General de la Nación, la que sentenció que el estudio “no se ajusta a la realidad”.

Se subrayó en esa respuesta que “llama la atención el elevado porcentaje de detenidos que -según la Procuración- habrían sufrido agresiones físicas, lo que de resultar cierto hablaría de una práctica sistemática de tortura (...); un cuadro que no se ajusta a la realidad y no sería posible sin el conocimiento de los jueces, fiscales y defensores” puntualiza la Comisión recurriendo a un argumento que involucra al control judicial. Destacó además los cinco meses de gestión al frente del SPF de Alejandro Marambio, primer civil en ese cargo desde el gobierno de Raúl Alfonsín, y la Comisión le atribuyó además “profundas reformas” reconocidas “por la Cámara en lo Criminal y Correccional”.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECyP) sumó su aval a Marambio por haber producido, señala, “cambios positivos” al sistema. El informe de la Procuración ciertamente no menciona a Marambio y su informe estaba en plena confección cuando fue designado pero para el procurador, Francisco Mugnolo, su gestión “no significó un nuevo enfoque”.

Por su parte Marambio, ratificado ayer al frente del Servicio Penitenciario Federal(SPF), no anduvo con medias tintas y sostuvo que el estudio de la Procuración Penitenciaria “es mentira”, negando que más del 60% de los presos sufra agresiones físicas. “No digo que no haya hechos de violencia en la cárcel, pero con un dato mentiroso de una encuesta anónima se modifica la realidad y se hace imposible investigar seriamente enfatizó.

Marambio cuestiona a la Procuración por hacer un informe genérico. “Si uno dice que entró fulano de la requisa y golpeó a mengano, entonces se puede hacer algo. Al generalizar no se puede hacer nada. Sólo se logra abroquelar al SPF contra cualquier organismo que quiera controlar”, sostiene. También acusa a Mugnolo, con quien trabajó varios años, de no visitar las cárceles. “No merece el respaldo que tiene” dijo, tajante, el director nacional del SPF.

Pero la polémica se amplió: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora informó que “respalda el informe de la Procuración que investiga las torturas que se cometen en las cárceles federales”, mientras la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos calificó “las afirmaciones de la Comisión de Cárceles” como “un intento de justificación de las acciones y omisiones de jueces, fiscales y defensores oficiales”. “La realidad de las cárceles –acusó la Fundación- es consecuencia directa de la tolerancia y/o complicidad” de estos funcionarios de la justicia con “los malos tratos a los presos” afirmó.

Al director del Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS), Gastón Chillier, los datos le parecieron “inquietantes” y el (INECyP) sostuvo que “sin desconocer el maltrato (...) las cifras mencionadas por tratarse de datos anónimos deben ser corroboradas con otras fuentes de información”. Cita como ejemplo los jueces de ejecución y defensores oficiales que visitan las unidades “y no aceptarían la comisión de este tipo de delito sin denunciarlos”.

El equilibrio inestable

En síntesis, lo anticipado, mensajes ideológicos a través de organismos ideologizados, que no quieren dejar espacio a los profesionales, para resolver los problemas de la prisión: es decir los problemas de presos y guardianes que milagrosamente se sostienen, desde que la cárcel es cárcel, en un equilibrio inestable para funcionar.

Ni más ni menos, esto ha sido siempre la cárcel donde más de la mitad de sus habitantes, los presos, repudian estar allí: un equilibrio inestable.