Uruguay: reducción de penas a internos que trabajen?

El diario “El País” de Uruguay informó en los últimos días que la reglamentación del artículo de la Ley de Humanización del Sistema Carcelario de ese país podría permitir la reducción de la pena para los reclusos que trabajan o estudian.

El decreto reglamentario en elaboración fijaría que cada dos días de trabajo o estudio en las penitenciarías se reducirá uno de pena y que la prioridad para acceder al trabajo carcelario la tendrán los menores de 29 años que tengan buena conducta, que sean primarios y estén formados en un oficio.

La versión “levantó el ánimo de los detenidos” señalaron, con obviedad, autoridades carcelarias uruguayas no identificadas por el medio gráfico.

De promulgarse esta medida 1.000 de los 2.700 detenidos en el ex Comcar (Complejo Penitenciario) que estudian o trabajan, podrían aspirar a la quita en el cómputo de sus condenas. A su vez, en el penal de Libertad una cuarta parte de los reclusos trabaja y en la cárcel de La Tablada, lo hace aproximadamente un 30%. En la cárcel de mujeres, un 70% de las presas estudian, detalló “El País”.

La medida avanzaría sustancialmente en la flexibilización del régimen carcelario uruguayo y no puede disimular su finalidad de atenuar, como se pueda, el problema más sensible de su sistema penitenciario que es igual al de toda Sudamérica y el Caribe: la sobrepoblación y hacinamiento de las cárceles.

Precisamente por esto otros países de la región por lo menos tomarán nota de ésta decisión uruguaya a la que traducirán en una posibilidad futura de reducir, vía flexibilización del régimen de detención, sus respectivas sobrepoblaciones penales.

Al conocerse la posibilidad de que se reduzcan sustancialmente las penas de prisión desde el Uruguay brotaron las quejas contra la falta de acción contra la delincuencia y la flexibilización de las condiciones de detención.

El senador del Partido Blanco, Eber Da Rosa, de ese país opinó que el ministro del Interior, José Díaz, “ha impulsado una política en la que se le ha quitado respaldo a los mandos policiales".

"Ha habido mayor preocupación por el análisis de las causas sociales de la delincuencia y por tratar de evitar abusos de funcionarios policiales. Eso está bien, pero no se puede transmitir la idea de que se actúa con menos firmeza en el tema de la delincuencia. Porque mientras se desarrolla todo este proceso y se analizan esas causas, no se puede dejar vía libre para que la delincuencia aproveche la oportunidad y crezca", sostuvo el legislador.

En Argentina, hoy por hoy, la grave crisis de inseguridad ciudadana que azota al país convierte en inviable una medida parecida a la uruguaya aunque, de entrar en vigencia en ese país, seguramente los ocupantes de escritorios gubernamentales autóctonos pondrán en una agenda de futuro lejano la posibilidad.

Hace pocas semanas un estudio realizado en el Ministerio de Justicia para rebajar condenas debió ser calificado de proyecto “no gubernamental” por las autoridades para aplacar las quejas que desató en la ciudadanía su contenido flexibilizador. El estudio fue luego congelado.


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Escándalo por sobornos en Miami envía jefe de prisiones... a prisión

El ex jefe de prisiones de Miami, James Crosby, se declaró culpable de aceptar sobornos de hasta 130,000 dólares pagados por un proveedor de comidas para las cárceles y, aunque enfrenta un máximo de 10 años de prisión y 250,000 dólares en multas, espera rebajar el monto de resarcimiento a 130,000 dólares y bajar la condena a sólo un año en la cárcel por aportar "cooperación sustancial" para desentrañar la trama completa de la corrupción.

El acuerdo de Crosby con la fiscalía, en el que se implica a sí mismo y a un ex jefe de la prisión del norte de la Florida, Allen Clark, se conoció antes que autoridades federales y estatales anunciaran el procesamiento de otros siete oficiales del tercer mayor sistema penitenciario del país.

Se han presentado cargos contra veintiún ex agentes del Departamento Correccional por distribución de esteroides, latrocinio, mal empleo del trabajo de los prisioneros, contratos cuestionables y violencia asociada con borracheras.

Según el acuerdo de culpabilidad de Crosby, él y Clark se aliaron con un empresario para lograr que la red penitenciaria de Keefe contratara a un proveedor de meriendas para las prisiones.

Aunque éste no aparece nombrado en los documentos judiciales, se realizaron allanamientos en la firma American Institutional Services (AIS), cuyo titular habría colaborado en campañas políticas de aspirantes a la gobernación del estado se detalló.

Según la información difundida por el diario y portal de internet de “El Nuevo Herald” de Miami, a cambio de lograr el contrato para AIS, Clark y Crosby planearon repartirse casi el cuarenta por ciento del millón y medio de dólares de las ganancias que se obtendrían.

El acuerdo judicial firmado por Crosby para reducir su condena dice que los pagos eran recibidos en efectivo por Clark, que le pasó parte del dinero entre noviembre del 2004 y agosto del 2005, cuando Clark renunció.

Pero Clark siguió cobrando hasta febrero, cuando el gobernador Jeb Bush despidió a Crosby, de acuerdo con los documentos de la corte. Clark y Crosby enfrentan un máximo de 10 años de prisión y 250,000 dólares en multas, pero esperan aportar "cooperación sustancial" para rebajar la multa a 130,000 dólares y pasar sólo un año en la cárcel.

"El señor Crosby quisiera disculparse con el gobernador, su familia y con los empleados del Departamento Correcional por lo que hizo", dijo su abogado, Steven Andrews: "ahora está actuando correctamente y entiende que debe pagar por sus delitos" remató el letrado.

Bush lamentó "la violación de la confianza pública y los abusos", cometidos por estos jefes de agencia. Crosby es el primer alto funcionario encarcelado por delitos federales graves bajo la administración de Bush. Clark, que firmó un acuerdo judicial semejante al de Crosby, no pudo ser localizado.

"Estos cargos son inquietantes, porque llegan a la jefatura del Departamento Correccional", dijo Paul Pérez, fiscal estatal de la Florida. Otros que enfrentan cargos por el escándalo son siete agentes correccionales y los fiscales federales dicen que podrían producirse más arrestos.

El sustituto de Crosby, Jim McDonough, se refirió con desprecio a la "podredumbre" que contaminó la agencia de cuya limpieza de la cual debe encargarse como prioridad desde la asunción de su cargo.

La investigación del escándalo en el sistema de prisiones de Miami fue realizado por Marc Caputo y Phil Long para el diario “The Miami Herald” de ese estado norteamericano.