martes, noviembre 24, 2009

La pena de muerte: industria en crisis en Estados Unidos


Un informe del Centro de Información Sobre la Pena de Muerte (DPIC en inglés) confirma, sin informar nada nuevo, que la pena de muerte lleva a la ruina a varios de los estados de Norteamérica en los que la pena capital está vigente.

Es que según las organizaciones que siguen de manera crítica estos procesos aseguran que el costo mínimo para ejecutar a una persona es de 3 millones de dólares. Y sostienen que, en cambio, si la máxima pena fuera de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, su costo sólo llegaría a 11,5 millones de dólares, pero durante todo un año.

Son los datos más elocuentes, aún si estuvieran un poco exagerados, y teniendo en cuenta la cada vez mayor resistencia popular a mantener la pena máxima, para incorporar al análisis que ocupa cada vez más espacio en la mente de los estudiosos y se recalienta en las proyecciones presupuestarias de los gobernantes: abolir los corredores de la muerte por razones económicas.

California destinó 137 millones de dólares para sostener las superestructuras políticas, judiciales y carcelarias que llevan a la pena capital. En la otra costa estadounidense, el estado de Florida ocupa 24 millones de dólares de su presupuesto en cada una de las ejecuciones, aún después de haber reducido 10% su presupuesto judicial.

Por su parte, Nueva Jersey gastó 250 millones de dólares en nueve años antes de decidir la eliminación de la pena muerte, después de estimar que llegar a una ejecución costaba 10 millones promedio más en los casos penales de mayor gravedad.

Asociado a esto, la abolición del corredor de la muerte se aprobó en Connecticut, mientras se avanza hacia lo mismo en los parlamentos de Montana y Colorado. Arizona, en cambio, estudia privatizar todas sus cárceles, incluyendo el tenebroso corredor. Otros once estados, incluido Texas, el distrito que encabeza largamente las cifras de ejecuciones, ya han comenzado a analizar el futuro de la pena capital.

Como es sabido, estas enormes erogaciones no se van en las cámaras de ejecución, sino en el frondoso e intrincado camino judicial que demanda el atar a un condenado a la camilla de inyección letal. Los cálculos de las organizaciones especializadas indican que desde 1976 hasta el presente la pena máxima costó 2 mil millones de dólares al sistema legal y penitenciario de los Estados Unidos.

Es que no se puede ejecutar a nadie sin que se cumplan con todos los recursos de apelación, revisión del caso y eventualmente clemencia, lo que demanda la conformación de una estructura de abogados, carceleros y médicos, entre otros convocados, a las que deberá atenderse y sostener económicamente durante los diez años promedio que transcurren entre la condena y la ejecución.

Y aún con esto, sin eliminar totalmente el riesgo de llevar a la muerte a algún inocente.

En contrapartida, según Anna Grau para el diario ABC de California, “hay quien aguarda la pena capital con horror y hay quien le ve el lado bueno o incluso picaresco. Son las contradicciones de esta carísima industria. Hay quien ha cometido tantos crímenes que cuando le pillen no cabe duda que pasará el resto de su vida en la cárcel. Y a veces, esa vida puede ser mejor si se está condenado a muerte.

Es por ejemplo el caso de Billy Joe J…, líder de una banda de defensores de la supremacía blanca condenado a muerte el mes pasado en California. Recibió la noticia con indisimulado júbilo. El corredor de la muerte en California tiene 685 habitantes, de los cuales a duras penas se ejecuta a 13 cada año. Muchos de ellos fallecen por causas naturales mucho antes de que les «toque».

Y entre tanto, disfrutan de algunas ventajas: ocupan celdas individuales más grandes que las celdas para dos de los presos ordinarios, tienen televisor y CD para ellos solos, más acceso al teléfono y mejor régimen de visitas”. Mientras, la factura –de gastos- sigue subiendo.

Esta semana, el estado de Virginia ejecutó por inyección letal a John Allen Muhammad, el “francotirador de Washington” por la matanza de Fort Hood.

La ley consideró probado que este hombre sembró el terror disparando con mirilla telescópica a gente que iba a la gasolinera, al supermercado o al instituto. Durante tres semanas, murieron diez personas en Washington en 2002. John M… fue detenido rápidamente y en 2004 lo condenaron a muerte. Lo ejecutaron hace dos semanas.

Se negó a pronunciar sus últimas palabras y a que la prensa fuera informada del menú de su última cena, en la que el reo puede pedir lo que se le antoje, siempre que se pueda preparar en la misma cárcel o, según el estado, se pueda traer preparado de fuera por un coste no superior a cuarenta dólares. La pena capital se cumplió en presencia de familiares de las víctimas.

Y el otro cuestionamiento: no son pocos los que enfocan que mientras el Estado gasta fortunas en ejecuciones, muchas viudas, hijos y otros dependientes de las víctimas quedan en la indefensión o indigencia. ¿Y si se invirtiera menos en castigar y más en compensar a las víctimas? preguntan estos cuestionadores.
Foto: fachada de la prisión de Huntsville, sede de un corredor de la muerte en Texas.

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