60 detenidos en Batán, procesan pescado por primera vez en una cárcel

En la Unidad 15 Batán, dependiente del Servicio Penitenciario bonaerense (SPB) comenzó a funcionar una planta de procesamiento de 200 metros cuadrados, donde 60 presos elaboran medallones precocidos y congelados de pescado que son comercializados por las vías comunes en la sociedad libre.

Dependiendo de la cifra de producción, los internos trabajadores perciben un salario entre 800 a 1.200 pesos argentinos según se informó oficialmente.

La empresa Infood SA es la que decidió montar la fábrica en la cárcel de Batán, aprovechando su vecindad con la ciudad de Mar del Plata -de intensa actividad pesquera- y en el emprendimiento los detenidos trabajan ocho horas diarias y fueron capacitados por la empresa para el procesamiento de alimentos en general, sanidad animal y fileteado, como asimismo en normas de higiene y seguridad en el trabajo.

El gerente de Infood, Alejandro Ludvik, destacó que desde el 23 de noviembre pasado, la empresa se instaló en la cárcel para filetear pescados. “Pero la disposición de los internos fue tan buena que decidimos ampliar la actividad laboral, así que además de la clasificación de pescados, el eviscerado, el fileteado, descamado y descabezado, ahora incorporamos las tareas de envasado de los productos prefritados y congelados”, detalló el empresario.

Agregó que al trabajar en la planta de manufactura de pescado “los internos ayudan a sus familiares y están muy motivados para trabajar; uno de los muchachos nos contó que gracias a esta experiencia evitó que abandonaran la escuela sus dos hijos adolescentes a punto de dejar los estudios para salir a trabajar” relató Ludvik.

Además anunció la ampliación de los beneficios a los familiares de los internos que trabajan en la fábrica de pescado que, en un hecho probablemente sin antecedentes, reciben cobertura social gracias a la Fundación Infood.

Por su parte el titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Díaz, al señalar la importancia del emprendimiento subrayó que “la planta procesadora de pescados tiene la habilitación del SENASA y produce con calidad de exportación. Tiene capacidad para elaborar 100 toneladas mensuales de empanado y prefritado”, comentó Díaz.

Mario Vargas, director de la Unidad de Batán, ilustró sobre otro de los beneficios que proporciona el trabajo de los internos en la fábrica: “han recuperado un vínculo más firme con sus familiares, ya que colaboran con dinero para el traslado de sus seres queridos”, especificó.

“Cuatro internos que trabajaron en la planta y ya cumplieron la condena han conseguido emplearse como fileteros de pescados en empresas de Mar del Plata” indicó finalmente Rosario Ceballos, director de Trabajo del SERPENBA. Muy importante esto último; como que representa cabalmente la función social penitenciaria de readaptación social del condenado.

También premoldeados para viviendas
El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB también firmó un acuerdo con la ONG “Un techo para mi país”, para que privados de libertad fabriquen en la cárcel paneles premoldeados para la construcción de viviendas.

La rúbrica del convenio se realizó semanas atrás en la jefatura del SPB con las firmas del director del SPB, Fernando Díaz, y el Director Social de la ONG antes mencionada, Hugo Cortes Salgado.
La viviendas de material prefabricado a construir con el trabajo de los internos, consisten principalmente en paneles desmontables que luego son armados directamente sobre el terreno.
En la factura de los elementos de cada casa trabajan entre seis y nueve personas y la construcción no demanda conocimientos previos, ni herramientas especiales se puntualizó.

El SPB provee la mano de obra de los detenidos y la ONG brinda el material para la fabricación y la capacitación de los trabajadores.

Debido al espacio que demanda este emprendimiento los lugares de trabajo se disponen en las unidades con mayor capacidad de talleres y, en un principio, los establecimientos escogidos para desarrollar esta actividad son la Unidad 1 de Olmos y la Unidad 9 de La Plata.

La ONG “Un techo para mi país” habla por sí sola del alcance de su gestión al haber construído más de 25 mil viviendas en El Salvador, Chile, México, Guatemala, Perú, Colombia y Uruguay, mientras en Argentina trabaja en las provincias de Córdoba y Buenos Aires.

IIIº Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal

La reunión de jueces de Ejecución Penal –en la Argentina encargados de fiscalizar el cumplimiento y las condiciones del régimen de detención de los condenados- planteó informar a las víctimas sobre la evolución del tratamiento penitenciario de sus victimarios y acerca de cada vez que se otorgue un beneficio a éstos, “especialmente el otorgamiento de regímenes de egreso anticipado” puntualizaron los magistrados.

Reafirmaron además entre las conclusiones del encuentro que “no debe estar sujeto al contralor” de los jueces de ejecución penal la supervisión de la suspensión del juicio a prueba, dado que se trata de condiciones impuestas a personas que no cuentan con sentencia de culpabilidad, precisaron.

Sobre la “reincidencia” de delincuentes, cuya declaración provoca desinteligencias entre los actores judiciales involucrados, los magistrados aprobaron dirigirse al Procurador General de la Nación y a los Procuradores Generales de los Ministerios Públicos Fiscales provinciales “a fin de que emitan instrucciones para que se plantee oportuna y expresamente, sin soslayarla, la cuestión vinculada a la reincidencia y, en su caso, se respete el criterio asumido por el tribunal al respecto, evitando revisarlo en la etapa de ejecución penal”.

Finalmente los jueces de Ejecución penal “repudiaron” la decisión de la legislatura de la provincia de Tucumán de destituir a la doctora Alicia Freidenberg de sus funciones judiciales.

Los jueces deliberaron en el marco del IIIº Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal, que se desarrolló semanas atrás en la sede de la Universidad del Salvador, de la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires.

Sus conclusiones son para tomar en cuenta: a pesar de lo anónimo de su trabajo, la especialización a la que su actividad exige los convierte no sólo en una una garantía más que tienen los detenidos acerca de las condiciones y regímenes de detención a la que están sometidos, sino también un conocimiento del ámbito carcelario que favorece la equidistancia entre los intereses de los presos, los del cumplimiento de la ley y los de la institución penitenciaria.

Las conclusiones del IIIº Encuentro Nacional de
jueces de Ejecución Penal de la Argentina fueron:
1) Reincidencia: se aprobó dirigirse al Procurador General de la Nación y a los Procuradores Generales de los Ministerios Públicos Fiscales provinciales a fin de que emitan instrucciones para que se plantee oportuna y expresamente, sin soslayarla, la cuestión vinculada a la reincidencia y, en su caso, se respete el criterio asumido por el tribunal al respecto, evitando revisarlo en la etapa de ejecución penal.

2) Requerir los mecanismos necesarios para incrementar las plazas laborales de los establecimientos carcelarios, así como adecuar su infraestructura garantizándo así trabajo a todos los internos. Recomendar que se adopten las medidas para que la retribución de los internos se ajuste a lo previsto por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, en especial, en lo que respecta al salario mínimo vital y móvil y los beneficios de la seguridad social y del salario familiar, en los casos en que correspondiere.

3) Se debe admitir la intervención de la víctima, no como parte del proceso de ejecución, sino con una finalidad informativa, especialmente al momento del otorgamiento de regímenes de egreso anticipado al condenado.

4) No debe estar sujeto al contralor de los jueces de ejecución penal la supervisión de la suspensión del juicio a prueba, dado que se trata de condiciones impuestas a personas respecto de las cuales no se ha emitido veredicto de culpabilidad.

5) Gradualidad en la incorporación de los internos a las salidas transitorias y semilibertad. Luego de un intercambio de ideas se decidió diferir el tratamiento hasta el próximo encuentro, a fin de dar oportunidad a la presentación de ponencias debidamente fundadas.

6) Exigir de los organismos del Estado el cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo inherentes a la salud de los internos y en atención a la trascendencia criminológica y social de las adicciones recomendar la creación de departamentos dedicados exclusivamente al tratamiento de las adicciones en cada establecimiento penal.