"El deber ser" de las cárceles según sociólogo penitenciario

Luis Crespo Zorita es un sociólogo con funciones en el Centro Penitenciario Madrid I (Alcalá Mujeres) en España y tuvo la predisposición -y también la valentía- de remitir al director del instituto de detención una misiva en la que postula su idea sobre el “deber ser” de las cárceles.

El texto fue reproducido por el diario “El País” de la capital española y a su vez difundido el 1º de julio por la página del Colegio de Abogados de Pamplona http://www.derechopenitenciario.com/ Y no obtuvo esa repercusión por nada. Vale la pena transmitir a los lectores de “Prisiones y Penas” la carta, para definir misiones y objetivos, reflexionar sobre las carencias, comparar diferencias y semejanzas de las problemáticas y de los discursos de los distintos factores intervinientes en las delicadas cuestiones de la pena privativa de la libertad.

Vale la pena, en fin, para enriquecerse profesionalmente. Así que, aquí va, sin anestesia, lo expresado por el penitenciario español Luis Crespo Zorita:

“La directora general de Instituciones Penitenciarias -de España-, convocó una rueda de prensa para anunciarnos que tenemos más presos que ningún otro Estado miembro de la Unión Europea, que hemos sobrepasado los límites funcionales para el sistema y que las nuevas cárceles tardarán en llegar. No es la primera vez que hace estos gestos en apariencia valientes y pone a la sociedad española frente a las deficiencias estructurales del sistema penitenciario que ella dirige.

Pero nos gustaría escuchar también propuestas concretas, alguna iniciativa política inmediata, por ejemplo, sacar el servicio público penitenciario del Ministerio de Interior y devolverlo a Justicia, donde debió permanecer. La organización de los servicios y las funciones de los puestos de trabajo están reguladas todavía por el Reglamento de 1981.

Por otro lado, el mandato constitucional que es muy claro, nos encomienda a los penitenciarios, procurar la reeducación y la reinserción social de los penados y evitar, en la medida de lo posible, el deterioro físico y psíquico de los presos preventivos. Pero carecemos de los recursos personales y técnicos imprescindibles.

La institución permanece cerrada sobre sí misma, alejada de la investigación universitaria, sospechando de todo lo que llega del exterior, sin formación ni reciclaje de los trabajadores. La coordinación interadministrativa, que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos se comprometan con sus ciudadanos presos, resulta imprescindible durante el internamiento y cuando alcanzan la libertad; pero hemos avanzado muy poco al respecto.

Sólo una gestión política más efectiva y menos efectista que la habida hasta ahora, evitará que la cárcel se convierta en un almacén de delincuentes, donde el hacinamiento provocaría como única respuesta administrativa la construcción de más cárceles, alejadas, eso sí, de los núcleos urbanos para que sean menos costosas y permitan invisibilizar a sus ocupantes. Se anunciaron 15 nuevas hasta el año 2012.

Un objetivo menos mediático, pero institucionalmente más ambicioso, sería quitarle truculencia a nuestro trabajo, normalizar la vida en prisión, mejorar el empleo productivo, la formación ocupacional, la sanidad y la atención social de los internos y, desde la cárcel, ofrecerles la mejor preparación posible para la vida en libertad”.-

De igualdades y desigualdades

El gobierno de Buenos Aires, distrito que concentra casi la mitad de los 65 mil encarcelados en la Argentina, promulgó días atrás la ley provincial que concede a los detenidos una “audiencia” cada ocho meses, para discutir con el juez de Garantías la continuidad de su prisión preventiva o si pueden acceder a alguna medida alternativa a la detención que les permita ser excarcelados.

La nueva norma, rápidamente tramitada a pedido de la gobernación bonaerense para sumar un paliativo más a la desesperante situación de hacinamiento carcelario, establece que la audiencia podrá convocarse con el fin de "resolver el dictado –continuidad- de la prisión preventiva, su morigeración, la imposición de alternativas a ésta, la internación provisional del imputado o la caducidad o cese de cualquiera de ellas". "La audiencia será oral y pública –pedida por el detenido o el juez- y serán oídos el fiscal, el particular damnificado si lo hubiere, la defensa y el imputado si se hallare presente, en ese orden", precisa la ley promulgada.

Por otro lado la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación convocó a expertos españoles para que aporten sus experiencias para instrumentar cambios en el sistema penitenciario del país “que permitan fortalecer los derechos de las personas detenidas y procesadas” precisa la información oficial.

En paralelo, días antes del comienzo del Campeonato Mundial de Fútbol los ministerios de Justicia de la Nación y la provincia de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria argentina, coincidieron en anuanciar que se amplió a todos los presos bajo su jurisdicción las imágenes del torneo, con la compra de televisores y la captación de señales de cable por parte del Estado. Se argumentó que brindar una completa televisación del mundial a los reclusos, supuestamente respetaría el espíritu de la ley carcelaria cuando propicia que las actividades de la cárcel “deben ser lo más semejante a la sociedad libre”, rescataron las autoridades.

La sociedad se enteró de estas medidas oficiales de resguardo de los encarcelados en medio de otra renovada oleada de inseguridad ciudadana traducida en secuestros extorsivos, asaltos seguidos de muerte, privaciones ilegales de la libertad, violaciones y robos violentos entre los que se destacó la destrucción de la mano -con pérdida de cuatro dedos- de un colectivero sometido por una banda de tres delincuentes. Es lo que se conoció por denuncia o por los medios de comunicación y, naturalmente, no se sabe lo que la gente optó por no denunciar.

Con este escenario, de las entrañas de la misma gente brota el interrogante natural: ¿Cuántos integrantes de la comunidad libre están habilitados por las leyes para discutir cara a cara con los jueces medidas tomadas en causas civiles, comerciales o correccionales que los tienen como demandados o demandantes?

¿A cuántos especialistas convocan las autoridades para que sumen su experiencia con la finalidad de fortalecer los derechos de la sociedad en libertad?

¿Por qué, por ejemplo, los conductores de colectivos, trenes, subtes y aviones; las enfermeras y médicos de turno; los marineros, albañiles; los cocineros; los trabajadores rurales; los soldados, gendarmes, policías y penitenciarios de guardia y los que tienen la desdicha de vivir bajo los puentes, en las calles y en otros rincones de la indigencia silenciada, no tienen quien desde el gobierno se preocupe por concentrarlos frente a pantallas de televisores para que accedan al mundial en Alemania sin excepciones?

Se ve forzado, entonces, establecer la pretendida igualdad que las medidas dicen alentar. Las visiones oficiales aparecen parciales.

Porque si con estas medidas todos los presos federales y bonaerenses obtienen nuevos beneficios, lejos están muchos miembros de la sociedad libre, no imputados de actuar contra la sociedad de la que forman parte delinquiendo, de mejorar sustancialmente su calidad de vida.

Como es costumbre en tantos aspectos -la educación sobre todo-, se opta por lo que es el mal crónico del país y lo de hace más de seis décadas: premiar lo que no tiene mérito, postergando, olvidando, a quien se esfuerza en el anonimato de lo cotidiano.

¿Habrá semejanzas de esta filosofía de acción institucional en el mundo? Para la reflexión.-