Devoto a un año del hábeas corpus

En un informe que presentó sobre la situación de la desbordada cárcel de Villa Devoto, la Defensoría General de la Nación concluyó que si bien “ciertas medidas fueron cumplimentadas en término (...) lo hasta el momento solucionado, dista bastante de cumplir con el propósito del hábeas corpus” por el que hace un año se exigió al Ministerio de Justicia mejorar las condiciones de detención de los dos millares de presos que aloja el establecimiento.

El informe sobre la situación del penal de la Defensoría a un año de haber interpuesto el hábeas corpus, fue reproducido por el sitio web “Diario Judicial” con la firma de Martín Angulo el 26 de abril, y los fundamentos de la presentación desnudan lo que es el común denominador del sistema carcelario argentino: se emparcha pobremente y los gobiernos no invierten en el sistema. No se invierte incluso en un período sin antecedentes de crecimiento de las cifras de encarcelamiento, que recién en los últimos meses procura a nivelarse.

La cárcel de Devoto, Unidad 2 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), es una anacrónica cárcel asentada en plena capital federal de la República Argentina que aloja el mayor número de detenidos del sistema penitenciario federal, sólo superada por la sórdida cárcel provincial de Olmos con más de 3 mil presos. La U.2 es el tipo de cárcel adonde el personal no quisiera arriesgarse y el tipo de cárcel que el penitenciarismo bien entendido repudia.

Devoto, inaugurada en 1927, ha funcionado a través de décadas como la variable de ajuste para el alojamiento de detenidos del sistema federal por su arquitectura de alojamiento común: sólo es cuestión de achicar los espacios de circulación en los pabellones para agregar más cuchetas dobles. De este modo se ha visto crónicamente desbordada en relación a las posibilidades de su vetusta estructura y el paso del tiempo la lleva inexorablemente a una crisis de dimensión terminal.

Y no se la podrá acusar de no haber producido las alertas suficientes.

Hace un año
La Defensoría General presentó el 18 de abril de 2005 ante la Justicia un hábeas corpus que demandó al Ministerio de Justicia, entonces a cargo del intrascendente Horacio Rosatti, la mejora de las condiciones de detención de los detenidos en Devoto. Se solicitó reducir la sobrepoblación -entre otras cosas con la construcción de nuevas cárceles-; restaurar las gigantescas plantas 1, 2 y 3 del penal e incorporar más agentes penitenciarios al establecimiento para reducir los riesgos de conflictos.

Se pidió además en el hábeas corpus recuperar las instalaciones del pabellón que agrupa a internos con HIV integrados al programa de recuperación “Lusida”, dotar de baños para uso de discapacitados y mejorar el servicio de limpieza en algunos sectores del penal, detalla la infoermación de “Diario Judicial”.

Un año después, al presentar el informe acerca de los avances en el cumplimiento de lo demandado por el juzgado que tramitó el hábeas corpus, la Defensoría Oficial reconoce como “medidas que se cumplimentaron” la remodelación completa del pabellón para internos con HIV; la instalación de los sanitarios citados y un razonable manejo de la basura originada en el predio penal, antes cuestionada.

En contraste, dice que la población se ha reducido sólo un diez por ciento en un año, por lo que a la fecha del informe se alojaba a 2162 reclusos cuando la capacidad de Devoto es de 1694 plazas. Señala que no se ha cumplido con la incorporación de más agentes penitenciarios a la dotación de la U.2; que no se gestionado la licitación para refaccionar las plantas 1, 2 y 3 del penal y que no hay indicios concretos sobre avances en el programa -recortado- de construcción de tres nuevas cárceles federales anunciado durante la gestión ministerial de Gustavo Béliz.

Saldo: el Servicio Penitenciario Federal, a través de refuerzos presupuestarios menores, pudo hacer lo menor. Lo más importante de esto aunque ajeno al hábeas corpus: en estos días se completó la modernización de la cocina del penal que comenzaría a funcionar el martes.

Lo esencial, lo estructural, la solución y no el parche, para lo que se necesita inversión del gobierno, no ha superado la etapa de la expresión de deseos.

No se gestiona con convicción la construcción de nuevas cárceles, ni se amplían plazas en establecimientos existentes para descongestionar Devoto; ni se refaccionan las tres plantas que en conjunto alojan las tres cuartas partes de susdetenidos. Tampoco se dota de personal a la U.2 a pesar de los riesgos alertados por el día a día del establecimiento.

En síntesis, después de un año y a pesar de la requisitoria judicial la U.2 sigue siendo el tipo de cárcel adonde el personal no quisiera arriesgarse y el tipo de cárcel que el penitenciarismo bien entendido repudia.

El paisaje de la postergación y el olvido de las cárceles, y de quienes la habitan y trabajan en ella, permanece a través del tiempo y los gobiernos, de los que postergaron y de los que priorizaron los derechos humanos.

Con una excepción no lejana que los derechos humanos de los presos y penitenciarios federales agradecieron: fue en la denostada década del `90 cuando, guste o no guste, se inauguraron más de la mitad de las plazas carcelarias federales existentes en la época. Sin las cuales el actual sistema penitenciario federal no hubiera soportado la sobrepoblación ni la crisis estructural que lo abrumaba.

Mendoza: la CIDH reitera exigencias
Sobre otra jurisdicción, en la hermosa provincia de Mendoza, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a reclamar al Estado argentino “mantener vigentes las medidas provisionales en virtud de las cuales tiene la obligación de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad en la Penitenciaria Provincial de Mendoza y en la Unidad Gustavo André, de Lavalle”.

La resolución de la CIDH requirió al Estado que implemente -las medidas- en coordinación efectiva y transparente entre sus autoridades provinciales y federales” y que informe “en forma concreta y específicamente a la Corte Interamericana cada dos meses a partir de su último informe, sobre las providencias adoptadas para cumplir todo lo ordenado por el Tribunal”.

El pedido de “coordinación efectiva” entre la Nación y Mendoza para atender la situación obedece a la jurisdicción provincial de la sórdida penitenciaría que, con 17 muertos en 2004, impulsó a la CIDH a visitar el penal en una medida sorprendente para la Argentina.

Por los reclamos de la CIDH se formó una comisión integrada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la cancillería, el Estado mendocino, abogados de los presos y la Corte Suprema provincial que debe informar periódicamente sobre las condiciones de detención en el establecimiento.-

Gobierno de Bolivia admite que cárceles son "una cloaca"; denuncian que alojan menores de seis años

El director general de Régimen Penitenciario de Bolivia, Ramiro Llanos, admitió públicamente que "las cárceles eran y son un basurero, una cloaca y corralitos” para lo que el gobierno “no tiene solución”, al tiempo que el Defensor del Pueblo agregó dramatismo al tema al denunciar que dos de cada diez encarcelados son niños de hasta seis años, seguramente indigentes sin hogar.

Con esta patética envoltura de olvido de las cárceles, generalizada en Latinoamérica, una violenta pelea entre presos en el más grande de los penales bolivianos, Palmasola, dejó como saldo a cinco muertos con armas cortopunzantes –facas-.

El Defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, denunció el 12 de abril que “dos de cada diez personas recluidas en las cárceles del país son niños y niñas y lamentó que “no existan políticas para solucionar este drama”. En la presentación Albarracín precisó que 1.436 niños y niñas de entre 0 y 6 años, el 18% de total de 7 mil encarcelados, viven en los 54 centros penitenciarios y nueve comisarías” bolivianas.

Las informaciones no precisan el motivo por los que menores de hasta seis años, sin capacidad para delinquir, son alojados en los establecimientos de detención por lo que debe presumirse que se trata de niños abandonados. Lo mismo debería hacerse con su número: los 1.436 citados deben involucrar a menores de todas las edades. Igualmente, el internamiento de una sola de estas criaturas en una cárcel calificada como “cloaca” por las propias autoridades, conmueve por la insensibilidad del sistema.

Según la agencia de noticias local Bolpress, que reprodujo el portal español “Terra”, Albarracín detalló que sólo en La Paz 310 niños conviven con 1.739 internos mientras en el penal de San Pedro viven 200 de los que 105 asisten a las guarderías; en el Centro de Orientación Femenina Obrajes son 95 y 80 van a las guarderías; y en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores hay 15 y asisten 10 a las guarderías “sin módulo correspondiente para bebés ni sala de primeros auxilios y no suficientemente adecuadas para el desarrollo de las actividades de aprendizaje”.

La estremecedora realidad carcelaria en el país del altiplano, desconocida hasta ahora en su auténtica dimensión, se vio recargada la semana pasada cuando en el penal de Palmasola un violento enfrentamiento concluyó con un saldo trágico de cinco muertos –cuatro procesados- en Palmasola, en una disputa entre presos por tomar el control de un sector del penal. Referentes de los bandos enfrentados cruzaron mutuas acusaciones tras la matanza.

El director general Llanos, dijo que el hacinamiento y la falta de un presupuesto son causas de la muerte de los cinco reclusos de Palmasola y sorprendentemente afirmó que “el gobierno –del recientemente elegido presidente Evo Morales- se siente incapaz de solucionar los problemas de infraestructura, seguridad y rehabilitación social”.

Reconoció luego que “los privados de libertad tienen una olla común”, porque “el presupuesto diario de 3,50 bolivianos es insuficiente, pero el Estado no tiene posibilidad de incrementarlo”, para luego caer en el desgastado recurso político latinoamericano de echar las culpas de las calamidades a los gobiernos anteriores.

Con semejante cuadro a todo lo que podrán aspirar los presos bolivianos es que una acción del voluntariado ”fomente la capacitación en el marco de la terapia ocupacional creando micro empresas y ferias artesanales de reclusos”, con lo que se lograrían “óptimos niveles de venta de los productos para solucionar los problemas de carácter económico que tienen los internos de las cárceles” sostuvo, sin ruborizarse, el funcionario carcelario.

Por su parte un informe de la agencia de noticias de Bolivia ABI que reprodujo el diario “El Nuevo Día” de ese país el 14 de abril precisó que “después de realizar una radiografía el gobierno concluyó que el sistema carcelario está en crisis porque los centros penitenciarios no son más que basureros, en el que los encarcelados viven en condiciones infrahumanas”.

A nivel nacional hay 7.310 privados de libertad, de los cuales el 75% no tiene sentencia” puntualizó el diario. “En todas las cárceles comparten los ambientes adultos y jóvenes, sanos y enfermos, imputados y condenados, los peligrosos y no peligrosos, en una promiscuidad y hacinamiento total” agrega el medio periodístico.-

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